GESTIÓN PÚBLICA

Mingob elabora nuevo proyecto para organizar las notarías públicas

El Ministerio de Gobierno presentará ante la Asamblea Nacional un proyecto sobre la reorganización de las notarías públicas del país.

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Desde la izquierda, los diputados Pedro Miguel González, Quibián Panay (presidente), Luis Barría, Mabia Muñoz (suplente del diputado José Muñoz) y Marilyn Vallarino. Desde la izquierda, los diputados Pedro Miguel González, Quibián Panay (presidente), Luis Barría, Mabia Muñoz (suplente del diputado José Muñoz) y Marilyn Vallarino.
Desde la izquierda, los diputados Pedro Miguel González, Quibián Panay (presidente), Luis Barría, Mabia Muñoz (suplente del diputado José Muñoz) y Marilyn Vallarino. Archivo

El proyecto de ley 119, que organiza las notarías públicas del país y que fue presentado por el Ejecutivo hace dos años ante el pleno de la Asamblea Nacional, todavía permanece engavetado en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales del legislativo.

Por tal razón, el Ministerio de Gobierno (Mingob), a cargo de la ministra María Luisa Romero, informó a este medio que presentará ante el pleno legislativo una nueva propuesta sobre las notarías públicas.

CAMBIOS

“Actualmente estamos buscando consenso y haciendo la mayor cantidad de consultas para tener un proyecto de ley donde se garantice la tutela de la fe pública y se proteja la economía nacional. Una vez aprobado el proyecto de ley en Consejo de Gabinete, será nuevamente llevado a la Asamblea para su discusión”, indicó Romero.

Agregó que la organización de las notarías es una “deuda” que tiene el ministerio. “Para el ministerio este no es un tema olvidado y seguimos haciendo lo que como entidad nos corresponde para generar esta transformación en el servicio notarial y a favor de la transparencia en nuestro país”, acotó.

Pese a que en septiembre de 2016 la comisión hizo una primera reunión para discutir la propuesta que en octubre de 2014 llegó de la mano del entonces ministro de Gobierno, Milton Henríquez, no se logró consensuar el tema. Esa vez se habló de la creación de una subcomisión para evaluar el proyecto, que se presentó a raíz de los escándalos de corrupción que alcanzaron a varias notarías durante la administración del gobierno pasado.

No obstante, poco se sabe del avance del tema. En ese sentido, se consultó al presidente de la comisión, el diputado perredista Quibián Panay, pero se informó que se encuentra fuera del país.

Quien sí respondió fue su colega perredista Pedro Miguel González, expresidente de esa instancia y actual miembro de la comisión.

González indicó que “siempre ha surgido algún tema más importante, por lo que lo hemos ido postergando, pero tampoco el Ministerio de Gobierno (Mingob) le ha metido mayor impulso. Incluso, nos reunimos con la asociación de notarios en el país y expertos internacionales, tratando de promover el proyecto, pero ha faltado más voluntad por parte del Mingob”.

Aseguró que desconocen si el Mingob , proponente de la iniciativa, “aún está interesado en impulsar el documento”.

PIDEN REUNIÓN

A juicio del diputado, lo mejor sería que el Mingob y los miembros de la Comisión de Gobierno mantengan una reunión para conocer la opinión de ambas partes sobre el proyecto.

“Yo creo que vale la pena que nos reunamos con el Ministerio de Gobierno para que expliquen cuáles serían los nuevos cambios y por qué habría que hacer un nuevo proyecto y no modificar el que ellos ya presentaron”, dijo.

De presentarse una nueva iniciativa, la Comisión de Gobierno podría archivar el proyecto de ley ya presentado o bien podría debatir el nuevo, sin embargo, la última palabra la tendrán los diputados.

Respecto a esto, González acotó que “no es una condición que nosotros archivemos el proyecto antes de que ellos presenten el otro. Bien pueden presentarlo y nosotros decidir”.

Durante y después de la administración de gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), se conoció de las anomalías que se realizaron en varias notarías de las 23 existentes en el país, que incluso motivó que se les abrieran procesos en el Ministerio Público. Estas instancias han sido blanco de críticas por diferentes sectores del país, quienes consideran que son un “botín político” en todas las administraciones de gobierno.

SALARIO FIJO

El proyecto de ley 119 busca propiciar una mejor tutela de la fe pública y establece, entre otras cosas, rigurosos parámetros de fiscalización y unificación de los servicios notariales, para que estos sean exactamente iguales en el país.

Por ejemplo, obliga a las notarías a pagar al Tesoro Nacional 30% sobre sus ingresos brutos, mientras que el restante 70% correspondería a los notarios. Señala que será el Mingob el que fijará los honorarios o tarifas que cobren los notarios.

En la actualidad, los notarios que son nombrados por el Ejecutivo no devengan un salario fijo y los pagos de sus gastos son cubiertos por los ingresos que la oficina notarial genere.

Igualmente, se pretende que el Estado cuente con la Dirección Nacional de Notarías, entidad que estará adscrita al Mingob, cuya misión será la fiscalización de la función notarial, de acuerdo con las facultades y competencias establecidas en el proyecto de ley y normas reglamentarias.

Le corresponderá a esta Dirección diseñar el manual de procedimiento para la elaboración de los documentos notariales.

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