Desacato a orden de ofrecer información de tuberculosis y brucelosis bovina

Ministro Osorio desatiende fallo de la Corte Suprema de Justicia

A pesar de un hábeas data y de apelar a la Ley de Transparencia, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario se niega a entregar información pública que atañe a la salud de todos.

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“Por ser un asunto de salud pública” la información es de interés para todos. Así de contundente es un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que concedió un hábeas data a La Prensa tras una petición de información que desatendió Óscar Osorio, jefe del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

El fallo, del 28 de mayo pasado, le dio cinco días hábiles al titular del Mida para responder a este medio de comunicación. Desde el 9 de junio, la secretaría general de la CSJ fijó un edicto de notificación por un período de cinco días a fin de que Osorio entregara la información a La Prensa.

No obstante, la respuesta fue la misma: el funcionario desoyó el hábeas data.

Se trata de una petición de documentos presentada el 12 de julio de 2013, respecto a los brotes de brucelosis y tuberculosis bovina, enfermedades del ganado pero transmisibles a los humanos.

La solicitud se fundamentó en la Ley 6 de enero de 2002, que dicta las normas para la transparencia en la gestión pública y establece la acción de hábeas data.

Dicha ley facilita el libre acceso a la información pública y otorga a los funcionarios 30 días para responder la petición de cualquier ciudadano, por lo que Osorio debió responder en agosto de 2013. Si la información es compleja la entidad puede hacer uso de 30 días más.

SANCIONABLE GESTIÓN

“El comportamiento del titular del Mida es totalmente censurable, desde cualquier punto de vista”, señaló Angélica Maytín, presidenta Ejecutiva de Transparencia Internacional (TI).

Con este precedente tal vez falte endurecer las sanciones (pecuniarias) por incumplir la Ley de Transparencia, opinó. En el pasado, apenas salía un fallo de este tipo, el funcionario entregaba la documentación.

Osorio debería pagar la multa, que es el doble de su salario -de $7 mil mensuales-, por incumplir con la entrega en el plazo establecido por la CSJ, destacó Maytín.

En tanto, Carlos Gasnell, vicepresidente Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, resaltó que las respuestas deben ser oportunas.

Es decir, que si la institución tiene 30 días calendario para responder, “el Órgano Judicial debería tener un tiempo razonable para determinar si la información es de carácter público”.

De lo contrario, la información podría perder su valor al momento en que se ordena su entrega, como en el caso del fallo de la CSJ con La Prensa.

“Hasta tres meses podría ser un plazo razonable. Un año es demasiado y no tiene justificación”, planteó.

Ambos reiteraron lo valiosa que es la transparencia en una democracia.

Gasnell exhortó a la ciudadanía a presentar de “manera constante solicitudes de acceso a la información, recordándole a las autoridades las consecuencias de su incumplimiento”.

El abogado hizo un llamado a perder el miedo e impetrar hábeas datas ante el Órgano Judicial, ofrecer notas exigiendo respuestas y usar las redes sociales para denunciar los incumplimientos.

“Es la única forma de que los funcionarios tomen conciencia de que este es un derecho ciudadano contenido en la Constitución con el que tienen que cumplir; necesitamos que entiendan que la presentación de solicitudes de acceso a la información es algo normal en una democracia”.

Maytín, por su parte, pidió al presidente electo, Juan Carlos Varela, que designe a alguien “independiente y conocedor del tema” en la dirección de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

Un director independiente sería un aliado de los periodistas y de la ciudadanía, que desea ejercer su derecho de solicitar información “sin cortapisas”.

Solo así no sería “decorativa”, la Antai, que ahora “solo sirve para dar la apariencia ante los organismos internacionales de que Panamá ha avanzado en esta materia, cuando los hechos prueban lo contrario”, reclamó la presidenta ejecutiva de TI.

Paradójicamente, el Mida fue catalogado entre las entidades que cumplen a cabalidad con la Ley de Transparencia, en 2011, según un informe del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, como se le denominaba antes a la Antai.

Por la renuencia constante del gobierno a entregar información pública contra algunos medios, como La Prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa manifestó su preocupación en su última Asamblea General.

En una ocasión, incluso, el presidente, Ricardo Martinelli, admitió que dio la instrucción de negar información a La Prensa: “les he dicho que no contesten”.

¿QUÉ SE ESCONDE?

La Prensa le solicitó al Mida los informes que motivaron el sacrificio de reses en Coclé por tuberculosis bovina, así como documentos que evidenciarían el destino de la carne de este sacrificio.

Se pidió, además, los resultados ante y post mórtem de los bovinos sacrificados; informes que dieran constancias del cumplimiento de las normas de sacrificio por tuberculosis; los controles ejercidos y las certificaciones de las fincas de Antón (en Coclé) sobre las enfermedades de brucelosis y tuberculosis bovina.

También se solicitaron los controles y certificaciones de la finca donde se detectó el hato tuberculoso en los que se asegurara que la leche y carne vendidas de esos animales estuviera libre de enfermedades.

Para abordar el tema del desacato al hábeas data, La Prensa llamó a Osorio, al menos, en tres ocasiones, pero no respondió ni una vez. Se le dejaron mensajes de voz que tampoco atendió.

La petición de información surgió producto de una investigación periodística y publicaciones consecutivas durante más de seis meses en 2013 que probaron el relajamiento de los controles sanitarios para evitar la reaparición de estas dos enfermedades que habían sido erradicadas del país.

El Mida pasó de la negación total a la admisión de la existencia de unos 200 casos de brucelosis y al menos 18 de tuberculosis bovina, ambas contagiosas al humano.

Documentos del Ministerio de Salud (Minsa) evidenciaron que siete trabajadores de una finca ganadera, entre ellos infantes, se contagiaron de brucelosis bovina.

El silencio del Mida también traspasó las fronteras. Panamá, como miembro de la Organización Mundial de Salud Animal, debe reportar la aparición de enfermedades de forma inmediata, según los principios de transparencia del organismo, pero el Mida tiene sus razones para evitar la inmediatez con la que sí se actúan otros países.

Contrario a la realidad, Panamá reportó que tiene “resuelto” el brote de tuberculosis, aunque no se ha informado ni la mitad de los casos de tuberculosis y brucelosis bovina detectados.

Lo mismo sucede con los ganaderos que reclamaron al Mida mayor transparencia porque el riesgo sanitario afecta su actividad económica.

“Queremos ver cómo está la situación en el país; nosotros requerimos más información...”, dijo José Solís, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos.

En tanto, de los humanos contagiados nada se sabe. El Minsa emuló la actitud del Mida: las peticiones de información son ignoradas sistemáticamente.

 

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