INVESTIGACIÓN

Mochilas escolares

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Las supuestas anomalías en los contratos para la compra de mochilas constituyeron uno de los primeros escándalos ligados al pasado gobierno. Las supuestas anomalías en los contratos para la compra de mochilas constituyeron uno de los primeros escándalos ligados al pasado gobierno.
Las supuestas anomalías en los contratos para la compra de mochilas constituyeron uno de los primeros escándalos ligados al pasado gobierno. Archivo

Ha transcurrido un año desde que fue suspendida la audiencia preliminar del caso que investiga el Ministerio Público por presuntas irregularidades en la compra y distribución de mochilas escolares a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) para el Ministerio de Educación (Meduca).

Sin embargo, el Juzgado Decimoquinto Penal no ha fijado una nueva fecha de audiencia. ¿La razón?: el Segundo Tribunal Superior debe resolver un recurso interpuesto por una de las partes —el exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén—, informó ayer a este medio el Órgano Judicial.

El monitoreo de denuncias por supuestos hechos de corrupción que elaboran la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, precisa que han pasado 35 meses desde que se inició esta investigación a partir de una querella interpuesta por la Asociación de Profesores de Panamá ante el Ministerio Público.

EL PERJUICIO

Según una auditoría de la Contraloría General de la República, la compra de las mochilas –en el pasado gobierno– causó un posible perjuicio económico al Estado de $14.2 millones.

La auditoría, cuyos resultados fueron divulgados en junio de 2015, reflejó, por ejemplo, un incremento del gasto en concepto de compra y distribución de mochilas en todo el país entre el año 2010 y el primer cuatrimestre de 2014.

También determinó que en ese periodo los contratistas distribuyeron las mochilas en lugares distintos a los pactados en el contrato suscrito con el Meduca.

En la vista fiscal del caso, elaborada por la Fiscalía Segunda Anticorrupción –y enviada al Órgano Judicial el 11 de marzo de 2016– se detalla que la ministra de Educación en el pasado gobierno, Lucy Molinar, firmó un contrato de $3.8 millones con Hialing Corporation, S.A., cuyo representante legal era Pablo Ruiz Obregón.

Además, Molinar suscribió otro contrato de $3.9 millones con AMP Supplies, S.A., empresa en la que figuraba Janeth Araúz de Caballero como representante legal, y cuya propietaria del 100% de las acciones era la comerciante Poulett Morales.

La extitular del Meduca también firmó un contrato de $3.7 millones con Unitel Trader, S.A., compañía en la que René Guardia Camargo figuraba como representante legal.

Según las pesquisas del Ministerio Público, el dueño de esa empresa era el comerciante Carlos Caneto Araúz, quien fue indagado por este caso en agosto de 2015 y recibió una fianza de excarcelación de $100 mil en diciembre de ese mismo año.

Araúz estuvo detenido desde febrero hasta mayo de 2015, fecha en que recibió una medida cautelar de arresto domiciliario, aunque por la investigación que efectuó el Ministerio Público por supuestas anomalías en la compra de bolsas de comida también a través del PAN.

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Mochilas escolares

Guardia Jaén, director del PAN entre agosto de 2012 y y junio de 2014, firmó contratos para la compra de mochilas escolares con INC Consultoría, S.A., por $3.5 millones, cuyo representante era Eliécer Tuñón y el dueño era Araúz.

Pactó además contratos por $3 millones 700 mil 180 con Vafepa, S.A., en la que Daniel Ruiz Obregón, hermano de Pablo Ruiz Obregón, figuraba como representante legal; y con la Comercializadora Galbedusa, S.A., por $3.9 millones, representada por Franklin Araúz, y cuya dueña era Poulett Morales.

Efectuó otra transacción con AMP Supplies, S.A., de Morales, por $2.1 millones.

EL DESTAPE

La trama de presunta corrupción detrás de los contratos fue revelada en abril de 2015 por Guardia Jaén.

Por ejemplo, salpicó a Adolfo Chichi De Obarrio, que en el pasado gobierno fungió como secretario privado de Ricardo Martinelli y a quien señaló como la persona que le daba las instrucciones sobre las empresas a las que tenía que dar contratos.

Detalló, además, que comisionó a su asistente en el PAN, Abraham Williams, para que cumpliera al pie de la letra las instrucciones de la Presidencia.

Reveló que de las nueve empresas que participaban en las licitaciones, “escogía solo tres, con las cuales todo estaba arreglado”.

BIENES CAUTELADOS

En agosto de 2015, el Tribunal de Cuentas decretó el secuestro de los bienes muebles e inmuebles propiedad de tres exfuncionarios y seis personas jurídicas hasta por $14.2 millones, por su supuesta vinculación con las anomalías detectadas.

La medida alcanzó a Molinar, a Guardia Jaén y a Berta Roldán, ex directora administrativa del Meduca.

Asimismo, a Ruiz Obregón, Morales y Araúz.

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