bienes patrimoniales del estado

Modificarán ley de cuentas

Se elevaría a 15 años el plazo para la prescripción de la acción de cuentas. También se establece que los fallos solo serán recurribles por inconstitucionales.

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Un proyecto de ley para agilizar la recuperación de los bienes patrimoniales del Estado que se encuentran en manos de particulares, algunos de los cuales han ejercido puestos importantes de dirección en diferentes Gobiernos, será presentado a la consideración del Órgano Ejecutivo por parte de la Fiscalía General de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.

El fiscal de Cuentas Guido Rodríguez explicó que la iniciativa, que modifica la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008, prevé incrementar a 15 años los plazos de prescripción de la acción de cuentas. El plazo actual es de 10 años.

Explicó que entre los artículos que se han incluido al borrador del proyecto está el que faculta directamente a la Fiscalía para multar a las personas naturales, jurídicas o instituciones que no colaboren debidamente cuando se les solicita información en una investigación.

Para esta falta, con la propuesta se impondrían sanciones pecuniarias de hasta cinco mil dólares, de acuerdo con el monto de la lesión patrimonial, contra quienes incumplan injustificadamente con este deber.

De igual manera, con la iniciativa se plantea crear un juzgado ejecutor dentro del Tribunal de Cuentas, debido a que actualmente cuando un proceso termina en condena pasa a la Dirección General de Ingresos (DGI) para que el juzgado ejecutor de esta entidad haga el proceso final de recuperación del bien o del dinero.

No obstante, según Rodríguez, la DGI no se da abasto ni siquiera con la función que le corresponde en el tema tributario.

Detalló, además, que aunque la ley actual establece que la jurisdicción de cuentas es de única instancia, en esa misma norma se introdujo un artículo que dice que los fallos del Tribunal de Cuentas pueden ser recurridos ante las Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Esta disposición cambiaría con un nuevo artículo para que las resoluciones del Tribunal de Cuentas solo puedan ser recurribles por inconstitucionalidad, tal como ocurre con la jurisdicción electoral.

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