JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS

Moncada Luna pone a prueba al Legislativo

Movimientos ciudadanos presentarán en el palacio Justo Arosemena una denuncia contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, que compró exclusivas propiedades por $1.7 millón luego de ser nombrado en la Corte.
Moncada Luna podría ser separado por la comisión de Credenciales del Legislativo apenas se acepte la denuncia presentada. LA PRENSA/Archivo. Moncada Luna podría ser separado por la comisión de Credenciales del Legislativo apenas se acepte la denuncia presentada. LA PRENSA/Archivo.
Moncada Luna podría ser separado por la comisión de Credenciales del Legislativo apenas se acepte la denuncia presentada. LA PRENSA/Archivo.

La ciudadanía panameña pondrá a prueba a partir de hoy la promesa en época de campaña de los actuales diputados, que aseguraron que de ser elegidos “adecentarían” la Asamblea Nacional.

El Colegio Nacional de Abogados (CNA), apoyado por la Alianza Ciudadana Pro Justicia y otros grupos de la sociedad civil, presentará hoy en el Palacio Legislativo una denuncia contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna.

Lo acusan de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales luego de que este medio revelara la compra de dos apartamentos por $1.7 millón tras ser designado en la CSJ en 2010 por el expresidente Ricardo Martinelli.

En la denuncia, los representantes de la sociedad le exigen a los diputados la separación del cargo del magistrado, un impedimento de salida del país, la publicación de su declaración de renta de los cinco años antes de ser magistrado, y que se investigue a la empresa inmobiliaria que vendió los apartamentos y recibió el dinero en efectivo con el que hizo la compra.

“La acción explica que la sociedad está molesta y que considera que sus autoridades tienen una responsabilidad importante”, afirmó Rubén Elías Rodríguez, vocero de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y expresidente del CNA. “A la sociedad le urge justicia. Es un imperativo categórico que tenemos como sociedad de lograr que los mecanismos legales funcionen”. Hacer lo contrario, es decir no asumir el papel fiscalizador, dice Rodríguez, no sería conveniente, especialmente para un país “que quiere mantener la paz social, su crecimiento económico y dar una imagen de que aquí se respeta la ley”, añadió.

“Este debe ser el inicio de una ruta para que en este país se llame a responder a una cantidad de personajes que se han burlado de la sociedad y que esta está ávida de que reciban el tratamiento que corresponde”, sostuvo Rodríguez.

UN CARRO Y UN RELOJ

Como parte de los elementos que constituyen la llamada “prueba sumaria” en esta denuncia se utilizará la declaración jurada de Ana Bouche, quien durante años fue la mano derecha de Moncada Luna en sus trámites personales y profesionales.

En su testimonio, Bouche desmiente lo dicho por el magistrado en una entrevista al diario Panamá América, en la que aseguró que a través de algunos litigios, venta de propiedades, préstamos de banco y aportes de su “tío” Felipe Virzi, pudo adquirir los dos apartamentos en Coco del Mar.

“Para esa fecha (contrato de préstamo con Virzi) yo laboraba con el magistrado Alejandro Moncada Luna y en ningún momento tuve conocimiento de ese contrato”, dijo.

Bouche agregó que Moncada Luna también le comentó que la adquisición de esas propiedades eran, primero, producto de un préstamo del Banco Nacional, y después afirmó que fue gracias a una herencia familiar. Sin embargo, destacó Bouche, durante su labor con Moncada Luna nunca vio documentos sobre este dinero.

Bouche reveló que ella fue quien elaboró la declaración jurada de bienes patrimoniales que Moncada Luna presentó en 2010 a la Notaría Segunda de Circuito -y que ahora no aparece- y que en la misma solo se incluyó un carro Toyota Prado de 2005 y un reloj de oro marca Rolex Presidente como las únicas propiedades del ya magistrado de la Corte.

Es decir, no incluyó las supuestas propiedades que vendió para comprar en Coco del Mar, de acuerdo a su versión al Panamá América, diario cuyo principal accionista es el expresidente Ricardo Martinelli.

Sin embargo, estas no fueron las únicas compras de propiedades que realizó Moncada Luna luego que Martinelli lo honrara con un puesto en la CSJ.

El magistrado de la Corte Harry Díaz aseguró que además de los edificios en la capital, Moncada Luna compró una casa de playa en la exclusiva zona de Buenaventura, en el Pacífico panameño. Allí, Martinelli y su familia también poseen una lujosa propiedad.

“Si Moncada Luna se presenta al pleno el jueves, quiero preguntarle cómo le prestaron todo ese dinero y cómo compró la casa millonaria de Ricky [Ricardo] Calvo en Buenaventura”, dijo Díaz, quien se manifestó confundido ante las compras millonarias de su colega con un salario de magistrado.

OTRA DENUNCIA

Durante el gobierno de Martinelli, el abogado Honorio Quesada presentó varias denuncias e iniciativas en la Asamblea Nacional que atacaban a los críticos del gobierno o favorecían la gestión del cambio.

Ayer Quesada regresó al Legislativo. Esta vez, para interponer una denuncia contra Moncada Luna.

La denuncia fue por corrupción como servidor público, falta a la ética y apología del delito. La presentó ante la Secretaría General, cargo que ocupa el perredista Franz Wever, quien le prometió darle su debido trámite ante la comisión de Credenciales.

“Presentamos esta denuncia para que el magistrado Moncada Luna sea llamado por la Asamblea Nacional a un enjuiciamiento público y sea destituido del cargo, ya que los hechos y acontecimientos que estamos viviendo todos los ciudadanos de este país evidencian que dentro de la Corte Suprema de Justicia hay una profunda corrupción”, dijo Quesada.

Exresidentes de la urbanización Prados del Este también interpondrían una denuncia contra el integrante de la Corte al no declararse impedido al resolver una demanda de indemnización contra el Banco Nacional de Panamá (BNP).

El fallo de Prados del Este data del 19 de diciembre de 2013, cuando Moncada Luna absolvió de responsabilidades al BNP, mientras que el contrato de compra-venta del apartamento en el Ocean Sky se firmó el 3 de marzo de 2011 y se canceló el 6 de agosto de 2014 con préstamos del BNP. A juicio del abogado Candelario Santana, hay una clara violación a la ética judicial ya que Moncada Luna resolvió la demanda con una relación comercial con el banco.

SEPARACIÓN ES POSIBLE

La solicitud de la denuncia para separar a Moncada Luna de su puesto podría ser atendida casi que de inmediato por el Legislativo.

“En cualquier estado del proceso serán aplicables las medidas cautelares de acuerdo con las siguientes reglas: Cuando existan motivos graves y fundados para inferir que el imputado puede destruir o afectar medios de prueba”, señala el numeral 2 del artículo 227 del Código Procesal Penal.

Es decir, si la comisión de Credenciales del Legislativo acepta la denuncia, podrían aplicarle medidas cautelares al magistrado, las que incluyen su separación del cargo, su impedimento de salida del país, entre otras acciones.

Si la comisión determina que existen pruebas para abrir un juicio, el mismo se abre a través de la aprobación de la mayoría absoluta (mitad más uno) de los diputados que componen el hemiciclo.

Allí el pleno nombrará un fiscal que sustentará la acusación por un máximo de una hora. En igual término lo harán el querellante y el defensor.

La decisión, según lo expresa de forma tácita el artículo 475 del Código Procesal Penal, “será secreta y requerirá las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional para dictar sentencia condenatoria. Si no se logra este número de votos, el imputado será declarado no culpable”.

OPINIÓN PARLAMENTARIA

La diputada independiente Ana Matilde Gómez resaltó que es la primera vez en la historia que la Asamblea Nacional usará el sistema acusatorio como modelo garantista para el juzgamiento de uno de los funcionarios del engranaje de la administración pública que tiene fuero constitucional.

“El reto histórico para esta Asamblea es que tiene la obligación de demostrar la eficacia, eficiencia y necesidad de la existencia de ella misma. La Asamblea debate la esencia de su propia naturaleza frente al modelo político panameño (...) Si no puede actuar como fiscalizadora de los otros entes del Estado –su razón de ser– estará diciéndole a la sociedad panameña que no es necesario que exista como organismo de control formal frente al posible abuso o exceso de poder”, dijo Gómez, quien pertenece a la comisión de Credenciales.

El panameñista Luis Barría, presidente de la comisión de Credenciales, no respondió a las llamadas y mensajes de este medio.

Mientras que la bancada de Cambio Democrático (CD), partido que le dio el voto favorable a Moncada Luna para llegar a la Corte, se reunió ayer, pero evitaron comentar si trataron el asunto. Aseguran que probablemente hoy emitirán comentarios oficiales sobre el particular.

En días pasados, el jefe de bancada de CD, Fernando Carrillo, había dicho que hoy tratarían el caso.

Héctor Valdés Carrasquilla, miembro de ese colectivo, precisó que aunque se ha pedido que se separe a Moncada Luna los diputados tienen que ser respetuosos de los procedimientos. Dijo que una vez las denuncias lleguen a la comisión de Credenciales se hará una evaluación de la misma.

Mario Miller, también de CD, indicó que todo el mundo tiene el mismo derecho de expresar lo que quiera y lo que la Constitución y la ley le permita, “pero nosotros no podemos hacer ningún tipo de juicios”.

En tanto, Javier Ortega, del Partido Revolucionario Democrático, señaló que él es “un cumplidor de la ley” y cuando lleguen las denuncias actuarán conforme a las normas nacionales. “Hay gente que se pregunta, ¿por qué la Asamblea no toma ya una decisión? Las cosas son cuando son, no cuando se quiere”, sostuvo.

Mientras que Zulay Rodríguez, también del PRD, y quien forma parte de la comisión de Credenciales, tampoco emitió opinión y se limitó a decir que la Asamblea debe investigar.

“No puedo emitir criterios porque como soy parte de la comisión de Credenciales me pueden inhabilitar”, dijo.

(Con información de Luis Burón-Barahona, Gustavo Aparicio, y Juan Manuel Díaz).

Videos de la Corte serán restringidos

La Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia declaró ayer que los videos de personas que ingresen y salgan de instalaciones del Órgano Judicial son información de acceso restringido.

El Acuerdo 820 del 7 de julio de 2014, fue publicado ayer en Gaceta Oficial. La medida implica, entre otras cosas, que no será pública la identidad de quienes visiten jueces y magistrados.

El acuerdo publicado también incluye la restricción de acceso a la información de los archivos escritos en posesión de la Dirección de Seguridad del Órgano Judicial.

El documento en cuestión está firmado por los magistrados José Ayú Prado, Harley Mitchell y Luis Ramón Fábrega.

Los últimos dos magistrados “razonaron sus votos”, argumentando que a su juicio la Dirección de Seguridad del Órgano Judicial deberá entregar esta información en caso de que se realice una investigación. Una medida para también restringir información pública fue implementada en febrero de este año por el Ministerio de Seguridad.

ÁNGEL LÓPEZ GUÍA

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