Donaciones, subsidios y Contratos de la asamblea nacional

Mora en auditoría de donaciones de la Asamblea Nacional

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Los fondos de la Asamblea Nacional (donaciones y contratos por servicios profesionales) se gestionaron entre julio de 2014 y marzo de 2017, durante las presidencias de Adolfo Valderrama y Rubén De León. Los fondos de la Asamblea Nacional (donaciones y contratos por servicios profesionales) se gestionaron entre julio de 2014 y marzo de 2017, durante las presidencias de Adolfo Valderrama y Rubén De León.
Los fondos de la Asamblea Nacional (donaciones y contratos por servicios profesionales) se gestionaron entre julio de 2014 y marzo de 2017, durante las presidencias de Adolfo Valderrama y Rubén De León. Archivo

Después de ocho meses de que la Contraloría iniciara las auditorías en la Asamblea Nacional (AN) para investigar la gestión de millonarias donaciones y contratos por servicios profesionales, aún no se revelan los avances o las conclusiones de estas.

Miembros de la sociedad civil le exigen al contralor Federico Humbert celeridad en este proceso de auditoría para que el Ministerio Público pueda actuar.

EXIGEN CELERIDAD EN AUDITORÍAS

“La Contraloría debe actuar con celeridad”, “ya es tiempo de rendir cuentas”, “todo el tiempo la Contraloría dice que no tiene suficientes personas para hacer las auditorías”.

Son parte de los cuestionamientos de algunos sectores de la sociedad civil, que siguen sin conocer el resultado de las auditorías que inició la Contraloría General de la República hace poco más de ocho meses, con el fin de investigar las donaciones, subsidios y contratos de servicios profesionales expedidos por la Asamblea Nacional.

Precisamente ayer, activistas de la agrupación Juntos Decidimos se desplazaron hasta la sede de la Contraloría y le dejaron una nota al contralor Federico Humbert, en la que le exigen que se pronuncie “de manera amplia sobre las auditorías”.

“Han transcurrido más de ocho meses desde que se instaló el grupo de auditores de la Contraloría General de la República en la Asamblea Nacional y el país sigue sin conocer avances o conclusiones”, advierten.

“Los panameños no nos hemos olvidado de este escándalo de corrupción. El hecho de que la Contraloría General de la República no informe a los ciudadanos oportunamente contribuye a la creciente falta de confianza en las instituciones públicas y los hace ver como cómplices”, indica el grupo en su nota dirigida a Humbert.

LA GÉNESIS

El escándalo que dejó al descubierto presuntas irregularidades en la gestión de donaciones y contratos por servicios profesionales, se originó a partir de una investigación publicada por este diario en la semana del 6 al 11 de marzo pasado.

Según la noticia, la Asamblea gestionó donaciones por, al menos, $14 millones entre julio de 2014 y el 3 de marzo de 2017, dinero que en buena parte no habría llegado a sus beneficiarios. Además, otros $68 millones en contratos y servicios profesionales por trabajos que, en su mayoría, no se habrían realizado. Estos fondos se repartieron entre julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 durante las presidencias de Adolfo Valderrama, del oficialista Partido Panameñista, y Rubén De León, del Partido Revolucionario Democrático.

ACTUAR CON CELERIDAD

Otro que se unió a las voces que reclaman el resultado de las investigaciones es Rubén Castillo, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, quien considera que la Contraloría “debe actuar con celeridad en este caso”, porque están en juego denuncias importantes.

“Las autoridades a veces se equivocan. Mientras más transparencia exista será mejor. Estamos hablando de fondos públicos y estos informes [las auditorías] deben ser divulgados, ya que si al final se determina que hubo una lesión al Estado, pues el Estado somos todos. Debemos saber cuáles fueron los hallazgos”, sentenció.

A juicio de Castillo, si no hay información, se abren espacios para la especulación, lo que le hace daño al Estado de derecho.

Para Carlos Lee, miembro de la organización Alianza Ciudadana Pro Justicia, “definitivamente” existe una expectativa en la ciudadanía relacionada con los fondos que, supuestamente, se utilizaron de forma indebida en la Asamblea.

“Las denuncias que se hicieron fueron muy graves”, dice Lee, quien de paso advierte que la Contraloría ha tenido suficiente tiempo para rendir cuentas sobre este caso.

Según Lee, “Humbert no ha definido prioridades”. “Esta noticia impactó a la ciudadanía y, por lo tanto, es una investigación que la Contraloría debió haber asumido con responsabilidad”, apuntó.

¿FALTA DE PERSONAL?

Mientras que el excontralor de la República Carlos Vallarino aseveró que este tipo de investigaciones son complicadas, y más si se toma en cuenta que la entidad “no tiene un grupo grande de auditores”.

Sin embargo, otros miembros de la sociedad civil no comparten este criterio.

Uno de ellos es Roberto Troncoso, miembro del Foro Pro Reformas Electorales, quien advirtió que no se puede pensar que todo el tiempo la Contraloría no tiene suficiente personal calificado para hacer ese tipo de auditorías.

“Tampoco quisiéramos pensar que este es un asunto político. Por eso, siempre se ha pedido que el contralor no obedezca a directrices políticas. En la Contraloría General de la República, se requiere una persona independiente y con carácter”, agregó.

Otro que se pronunció sobre el particular fue el excontralor Alvin Weeden, quien dice que no es posible que la Contraloría, con toda su capacidad investigativa, no haya podido dar con las personas que puedan corroborar que esas donaciones eran producto de una actividad ilícita que estaban manejando algunos diputados.

El excontralor indicó que desde el momento en que la Corte Suprema Justicia decretó que estas donaciones eran ilegales, se le atañe responsabilidad a los funcionarios administrativos de la Asamblea y para los diputados que dispusieron del dinero de las donaciones.

El pasado 15 de marzo, el pleno de la Corte declaró inconstitucional el Decreto 441 de 25 de octubre de 2016, expedido por la Contraloría para regular los donativos y subsidios que entregan los diputados con presupuesto del Órgano Legislativo.

CONTRALORÍA GUARDA SILENCIO

Este diario le envió un cuestionario al contralor Federico Humbert para conocer sus apreciaciones sobre el tema; sin embargo, al cierre de esta edición no había ofrecido una respuesta.

Se le preguntó, entre otras cosas, sobre qué tipo de gestiones ha ejecutado, a cuántos beneficiarios de las donaciones ha entrevistado, si la Asamblea Nacional ha dado toda la cooperación pertinente para la ejecución de las funciones legales y constitucionales de la Contraloría en esta investigación, y a qué obedece la demora en la divulgación final del informe de auditoría.

Este medio también intentó obtener un pronunciamiento de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, pero tampoco contestó.

Lo último que dijo Ábrego al respecto es que acataría el fallo de la Corte.

INVESTIGACIÓN PARALIZADA

El caso tampoco prosperó en el Ministerio Público (MP). Tres factores obligaron a esta institución a pedir un sobreseimiento provisional de este proceso. Y uno de ellos es precisamente la falta de una auditoría de la Contraloría.

Según el MP, otra de las razones fue que el propio Legislativo no entregó la información requerida y, por último, que el plazo de la pesquisa se venció.

Por ello, en septiembre pasado la Fiscalía Anticorrupción de Descarga le puso pausa a la investigación, en la que se buscaba determinar si se incurrió en un delito contra la administración pública.

El proceso llegó a la esfera judicial el 20 de abril pasado, cuando la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, denunció a cinco funcionarios de la Asamblea Nacional y uno del Municipio de Santiago, Veraguas, por las presuntas anomalías.

Entre los denunciados se encuentra el coordinador de los trámites de donaciones y asesor de la presidencia de la Asamblea, Teófilo Gálvez; y la secretaria de la presidencia de ese órgano, Isabel Araúz. En la lista también está Ismael Frías, del despacho del diputado de Cambio Democrático Juan Poveda, quien habría gestionado contratos temporales para su sobrino por casi $10 mil.

Además, Marisela Araúz, asignada a la oficina de Fiscalización de la Contraloría en la Asamblea –según la planilla del Legislativo correspondiente a marzo pasado–; y Raúl Moreno, de la Secretaría Técnica de Asuntos Sociales de la Asamblea, quienes habrían ofrecido donaciones y contratos por servicios profesionales.

En la denuncia también se señala a Luis Cruz, secretario general del Municipio de Santiago (Veraguas), quien recibió $20 mil en donaciones para supuestamente sufragar las fiestas de Santiago Apóstol, según dijo, y otros $2 mil 400 para un viaje a China.

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