CRISIS EN GUATEMALA

Jimmy Morales, centro de críticas

El presidente reiteró a través de su cuenta de Facebook su apego a las leyes, no obstante, su vocero dijo que analizan lo decidido por la Corte.

Aldana impulsa reunión

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Iván Velásquez (Izq), Thelma Aldana y Jimmy Morales (al habla), durante una reunión sobre las reformas a la justicia en abril de 2016. Tomado de Flickr Iván Velásquez (Izq), Thelma Aldana y Jimmy Morales (al habla), durante una reunión sobre las reformas a la justicia en abril de 2016. Tomado de Flickr
Iván Velásquez (Izq), Thelma Aldana y Jimmy Morales (al habla), durante una reunión sobre las reformas a la justicia en abril de 2016. Tomado de Flickr Presidencia de Guatemala

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, no da marcha atrás. Ayer, tras una reunión de Gabinete, el portavoz presidencial, Heinz Hiemann, manifestó que el Ejecutivo está efectuando el análisis jurídico en cuanto a si acata las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que frenaron la expulsión del líder de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción de esa nación (Cicig), el comisionado Iván Velásquez.

Hiemann añadió, en rueda de prensa, que se trata de un tema diplomático y que esperan la resolución en definitiva de la CC.

El vocero de Morales se refería así a dos amparos que fueron presentados contra la resolución emitida por el mandatario el pasado domingo —y acogidos por ese órgano de justicia—, luego de que el presidente declaró persona non grata a Velásquez y ordenó su expulsión del país, supuestamente por haberse excedido en sus funciones y el mandato expreso que se le dio a la Cicig al ser constituida en 2007, “como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado (...)”.

El análisis que efectúa el Ejecutivo guatemalteco podría no tener sentido, ya que, a juicio de Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, capítulo de Guatemala de Transparencia Internacional, lo que tiene que hacer el mandatario es “acatar la orden” provisional de la CC. “Ahora toca ver si lo confirma [la CC] en sentencia definitiva en las próximas horas; el presidente ya no tiene que insistir en eso, si él insistiera queda en desacato” y podría ser separado del cargo, explicó a este medio.

Mediante un mensaje a la nación el domingo pasado, Morales manifestó estar convencido de que la Cicig es necesaria, pero que los funcionarios son pasajeros y entre otros argumentos con los que justificó su decisión indicó: “Decidí declarar non grato al comisionado como un acto de lealtad a la patria”; “el comisionado intentó por diferentes medios presionar a los diputados para la aprobación de reformas constitucionales sin dejar que el Congreso discutiera y aprobara libremente e institucionalmente como lo manda la Constitución de la República”; “abusó de sus facultades al hacer publicaciones en medios de comunicación sobre acusaciones a ciudadanos guatemaltecos sin observar la garantía constitucional de la presunción de inocencia, derecho de inocencia y debido proceso”.

El argumento de que las instituciones son las que importan y no sus funcionarios fue ampliado ayer durante la rueda de prensa por la viceministra de Relaciones Exteriores, Alicia Castillo, quien rechazó que porque se vaya Velásquez la Cicig se quedará sin apoyo de la Comunidad Europea.

Hasta ahora, precisó, hemos tenido tres o cuatro comisionados. “La Cicig sigue, los procesos siguen, eso [de] que [porque] se vaya fulano o se vaya sutano se va a morir, que no la van a apoyar, no creo yo que la comunidad internacional vaya a tomar esa decisión”, apuntó.

A través de su cuenta de Facebook, el presidente guatemalteco reiteró su apego a la leyes ayer. “Pueblo de Guatemala, como presidente constitucional de la República he sido y seguiré siendo respetuoso de las resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales. El Estado de derecho siempre debe prevalecer”, escribió.

El Tribunal Supremo Electoral, a través de un comunicado, se expresó preocupado por la “grave crisis institucional que prevalece en el país”, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a ejercer sus derechos en el marco de la legalidad. “Debe buscarse una solución pacífica mediante un diálogo maduro (...) con la firme creencia de que debe prevalecer el Estado de derecho”, concluye el texto.

Naciones Unidas (ONU), en tanto, reiteró su apoyo a Velásquez y realzó su contribución a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. El texto destaca, en el contexto actual, la importancia de proteger a los funcionarios del sistema de justicia, a los defensores de derechos humanos y a los de la Cicig, al tiempo que reafirmó su compromiso de seguir “apoyando los esfuerzos para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos”.

En ese sentido, el diario Prensa Libre informó que la Procuraduría de Derechos Humanos pidió ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para Velásquez y los empleados de la Cicig.

También reaccionó la Comisión Internacional de Juristas, que rechazó la declaración contra Velásquez, alegando que se trata de un “acto unilateral” del presidente que “atenta contra la independencia judicial” y que perseguía “obstruir la justicia y provocar más impunidad”.

El comunicado, enviado a este medio, asegura que la medida contra el comisionado es “nula de pleno derecho” y no nació a la vida jurídica por varias razones, entre ellas, porque “fue emitida de mala fe”, “ya que [su] verdadero objetivo es obstruir a la justicia y proteger[lo] a él y a su familia”.

También se pronunció Human Rights Watch. “En vez de someterse a una investigación independiente, el presidente Morales se ha alineado con las poderosas mafias que, desde que el Dr. Velásquez dirige la Cicig, han empezado a temer a la justicia y están desesperadas por sacarse al comisionado del medio”, expresó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas, en un artículo publicado en el sitio web de la oenegé.

Y mientras Morales afronta el rechazo nacional e internacional a su decisión, a la petición de antejuicio efectuada por el Ministerio Público y la Cicig —por considerar que existen hechos que podrían dar lugar a que se le encause por financiación ilícita de campaña— se le sumaron dos más: una del capítulo de Transparencia Internacional, presentada el pasado domingo; y otra de la Fundación Mirna Mack -presentada ayer-, esta última por considerar que al reiterar su decisión luego de ser notificado de la decisión de la CC, el mandatario incurrió en desobediencia.

Cientos de personas se manifestaban anoche en apoyo al comisionado Velásquez y el trabajo que viene realizando junto al Ministerio Público.

Aldana impulsa reunión

La jefa del Ministerio Público de Guatemala, Thelma Aldana, dijo ayer que le cuesta comprender qué argumentos existen para la declaratoria de no grato que el presidente Jimmy Morales hizo al comisionado Iván Velásquez. No obstante, aseguró que “si el  presidente da marcha atrás,  el comisionado podría seguir laborando en Guatemala como lo ha hecho hasta ahora”.

Aldana destacó que si eso sucede, sería prudente que Velásquez y ella sostuvieran una reunión con Morales para que él exprese “cuál es su malestar” y, si hay aspectos que se deben corregir, se hará, al tiempo que le explicarán en qué se han basado ellos para las investigaciones.

El Ministerio Público confirmó el domingo en su cuenta de Twitter que si se mantiene la resolución de la Corte Constitucional la fiscal no renunciará, como lo había anunciado la semana pasada al denunciar que el presidente solicitaría a la ONU la salida de Velásquez de la comisión.

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