PRESIDENTE DE COLOMBIA SOLICITA EXTRADICIÓN DE EXJEFA DEL DAS

Morris: 'Hurtado no es una perseguida política'

De ser extraditada, María del Pilar Hurtado enfrentará en Colombia cinco cargos que podrían darle una pena de hasta 20 años en prisión.

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María del Pilar Hurtado (Izq.) llegó a Panamá en noviembre de 2010. Excusó su asilo alegando que su vida corría peligro en Colombia, donde no tendría un juicio justo. LA PRENSA/Archivo. María del Pilar Hurtado (Izq.) llegó a Panamá en noviembre de 2010. Excusó su asilo alegando que su vida corría peligro en Colombia, donde no tendría un juicio justo. LA PRENSA/Archivo.
María del Pilar Hurtado (Izq.) llegó a Panamá en noviembre de 2010. Excusó su asilo alegando que su vida corría peligro en Colombia, donde no tendría un juicio justo. LA PRENSA/Archivo.

La protección política que le otorgó el presidente Ricardo Martinelli a la exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, María del Pilar Hurtado, podría quedar pronto sin efecto, casi cuatro años después de que la funcionaria allegada al exmandatario colombiano Álvaro Uribe llegase a Panamá.

La Fiscalía General de Colombia, de acuerdo al diario El Tiempo, oficializó ayer ante la Embajada de Colombia en Panamá la deportación inmediata de Hurtado, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declarara inconstitucional el asilo que Martinelli le otorgó en 2010.

El documento de la Fiscalía colombiana solicita a su embajadora en Panamá, Ángela Benedetti, que pida una copia del fallo de la CSJ y se establezca si esa decisión tiene algún recurso judicial.

A ello se suma que el pasado 22 de mayo, el gobernante Santos reveló en una entrevista con un medio de aquel país que llamó personalmente al presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, para solicitarle la extradición de Hurtado a su país natal.

Hurtado deberá enfrentar a la justicia colombiana por supuestamente formar parte de una red de espionaje contra magistrados, periodistas y opositores durante el gobierno de Uribe (2002-2010).

“Yo hablé ayer mismo (21 de mayo de 2014) con el presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, a raíz de las declaraciones que él dio de que podría revisar la situación de la doctora Hurtado, y le dije que yo le iba a pedir que nos mandara a esta doctora, porque el pueblo colombiano tiene derecho a conocer la verdad. Esa verdad no se puede seguir escondiendo”, dijo Santos durante una entrevista con el periodista Hollman Morris.

Morris, a su vez, es una de las cerca de 300 víctimas que sufrieron interceptaciones telefónicas ilegales que se habrían realizado bajo órdenes de Hurtado, quien excusó su llegada a Panamá en noviembre de 2010 alegando que en su país su vida corría peligro y que no tenía garantías para un juicio justo.

Sin embargo, Morris contradice la explicación de la acusada. “[Hurtado] no es perseguida política, sino que por el contrario está huyendo de la justicia colombiana”, dijo en diálogo con este medio, y agregó que la exdirectora del DAS, entidad que dependía directamente de la Presidencia hasta su cierre en octubre de 2011 por estos actos de corrupción, respondía a órdenes directas de Uribe.

En Colombia, el foco se posó sobre el DAS en 2009, cuando medios locales denunciaron las intercepciones telefónicas y seguimientos ilegales a quienes se oponían a la gestión de Uribe.

“Varios de sus subalternos han dicho ante la Corte, que María del Pilar Hurtado expresaba que la información ilegal obtenida por sus detectives era entregada al expresidente Álvaro Uribe, y que en alguna oportunidad este en persona la felicitó a ella y mandó felicitaciones a través suyo de las actuaciones ilegales”, recuerda el periodista.

En las próximas horas, Morris llegará a Panamá acompañado de un grupo de víctimas para intentar reunirse con Varela, y hablar sobre la situación de Hurtado y “para que escuche de viva voz de las víctimas por qué debe extraditar lo más pronto posible a Hurtado”.

En 2010, cuando se le otorgó el asilo a Hurtado, Varela era el canciller del país. Sin embargo, quien la recibió en el Ministerio de Relaciones Exteriores fue el entonces viceministro Álvaro Alemán, ya que el titular se encontraba en el exterior.

El periodista recuerda que Hurtado tiene procesos abiertos en Colombia, en la Fiscalía y las cortes, pero que cuando ha sido llamada debido a su asilo, no ha podido escucharse su testimonio. Según él, el asilo a Hurtado es fruto de una amistad entre Uribe y Martinelli.

“El presidente electo Varela tiene las herramientas (para ejecutar la extradición). Ya la Corte ha dicho que María del Pilar Hurtado cuenta con un asilo ilegal, inconstitucional. Le pedimos al gobierno Martinelli, si tiene un poco de decencia, de decoro que en los días que le quedan de gestión, extradite ya a María del Pilar Hurtado”, manifestó Morris.

Una fuente de Cancillería que prefirió el anonimato señaló que la institución aún no se pronunciará al respecto, ya que el titular Francisco Álvarez de Soto se encuentra de gira en el exterior con Martinelli.

CÓMO PROCEDE EL CASO

El proceso de deportación de Hurtado solo podrá concretarse cuando la CSJ notifique a las partes del proceso y a la Cancillería.

Así lo confirmó la exmagistrada de la CSJ Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien explicó que la Corte deberá fijar un edicto en la Secretaria General de esa corporación y publicarlo en un diario de circulación nacional por tres días.

Explicó que tanto la parte que presentó la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo que concedió el asilo a Hurtado, como los abogados deben comparecer a la Corte para obtener copia del fallo.

A la vez detalló que por ley esta decisión del pleno de la CSJ debe ser publicado en la Gaceta Oficial, ya que al declarar ilegal un decreto ejecutivo, lo procedente es hacer una comunicación por la misma vía en que se dio a conocer. “En este caso se debe comunicar que el acto jurídico de asilo concedido a Hurtado ha sido declarado inconstitucional y por ende ella pierde esa condición”, planteó.

Reconoció que en este caso el fallo de la Corte tiene efectos retroactivos sobre la decisión expedida en su momento por el Ejecutivo y elimina la condición de asilo.

El abogado Ángel Álvarez, quien presentó la demanda de inconstitucionalidad contra el asilo de Hurtado, estimó que tanto la Cancillería como el Servicio Nacional de Migración deben iniciar los trámites para la deportación de Hurtado, ya que sobre ella pesa una solicitud de extradición.

Alegó que tal como el Estado la aceptó en 2010, ahora deberá proceder a entregarla a las autoridades colombianas.

“Esta es una situación que debe ser manejada en estricto derecho, ya que los fallos de la Corte son inapelables y de estricto cumplimiento”, estimó. Sostuvo que cuando se le comunique al Ejecutivo de la decisión de la Corte, Hurtado tendrá máximo ochos días para abandonar Panamá. Según el jurista, en este proceso no queda ninguna otra instancia a la cual se pueda presentar una apelación u otro tipo de recurso, por lo que corresponde ahora es dar curso a la petición hecha por las autoridades colombianas. Reconoció que este fue un caso en el que la Corte tardó tres años en resolver un recurso, trámite que debe ser más expedito.

Dijo estar satisfecho con la decisión asumida por el pleno de la Corte, ya que a su juicio en este caso, Hurtado no es una perseguida.

VOCES DE LAS VÍCTIMAS

Para Ignacio Gómez, víctima del DAS y presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa, el caso de Hurtado le ha causado un “daño grandísimo” al periodismo, porque atacó la confianza entre los periodistas y sus fuentes.

“Junto con estas actividades, las desarrolladas por sus subalternos ya fueron catalogadas como tortura psicológica -en el caso de la colega Claudia Julieta Duque- y han llevado al exilio a otros. Por eso, la Fundación para la Libertad de Prensa piensa que ella debe responder en un juicio público en el que, además de sancionar a los responsables, se intente reparar el daño causado en el ejercicio profesional, y el primer paso para ello es obtener la verdad”, señaló.

Por su parte, el periodista y también víctima de los “pinchazos” Gonzalo Guillén, va más allá y advierte que Uribe “implorará a su amigo Martinelli que abogue por ella [Hurtado], y que la exfuncionaria intentará buscar refugio en otro país antes que el actual Presidente panameño deje su cargo el 1 de julio.

“Entre ellos, pero principalmente entre los hijos de ambos, existen negocios turbios de energía eléctrica y otros que la justicia también debe esclarecer”, denunció el periodista.

“Gente del propio desaparecido DAS, con la que he hablado, considera, como yo, que María del Pilar Hurtado es el eslabón perdido con el que se esclarecerá toda una serie de delitos monstruosos cometidos por la seguridad del Estado bajo las órdenes directas del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y su asesor de cabecera, José Obdulio Gaviria (primo hermano de Pablo Escobar), agregó.

Al igual que Guillén, Morris considera que Hurtado es la única persona que podrá conducir a la justicia al actor intelectual las interceptaciones telefónicas.

Otra de las víctimas del accionar del DAS, Claudia Julieta Duque, reafirma la posición de Morris de que Hurtado no es una perseguida política, y le exige a la justicia colombiana “que después de tantos años de impunidad actúe de forma rápida, pronta, y garantice su comparecencia ante la justicia”.

“Hurtado no es una perseguida política, aquí no hay persecución política. Es al revés, hubo persecución de ella hacia la oposición, los magistrados de las altas cortes que investigaban nexos de políticos y aliados con el paramilitarismo, periodistas, etc. Esos fueron los perseguidos políticamente. Ella fue la autora intelectual de esa persecución”, asegura Duque.

“Desde 2010, cuando ella se asiló, yo dije que se trataba de una responsabilidad directa de ella en hechos en los cuales tiene que responder, y ella ha huido”, agregó.

En el caso de que Hurtado efectivamente sea extraditada a Colombia, enfrentará cinco cargos que podrían darle una pena de hasta 20 años en la cárcel. 

(Con información de Flor Mizrachi Angel)

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