escándalo de odebrecht

Movin: Gobierno ha sido incapaz

Además de Movin, gremios empresariales como Apede y la Cámara de Comercio se pronunciaron sobre el caso Odebrecht.

Piden a ministros actuar en caso Odebrecht

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El Movimiento Independiente exigió a la Contraloría General de la República efectuar una auditoría de todas las obras de Odebrecht desde 2006 a la fecha para identificar los sobreprecios y que sean devueltos al Estado. El Movimiento Independiente exigió a la Contraloría General de la República efectuar una auditoría de todas las obras de Odebrecht desde 2006 a la fecha para identificar los sobreprecios y que sean devueltos al Estado.

El Movimiento Independiente exigió a la Contraloría General de la República efectuar una auditoría de todas las obras de Odebrecht desde 2006 a la fecha para identificar los sobreprecios y que sean devueltos al Estado. Foto por: Ricardo Iturriaga

Movin: Gobierno ha sido incapaz Movin: Gobierno ha sido incapaz

Movin: Gobierno ha sido incapaz

El Movimiento Independiente (Movin) acusó al gobierno de Juan Carlos Varela de “no haber sabido proteger los intereses del Estado” en el escándalo de corrupción que involucra a Odebrecht, empresa contratista de obras insignia de la actual administración.

“[El Gobierno] ha sido incapaz de determinar sobreprecios y coimas pagadas por esta empresa, aumentando la desconfianza de la ciudadanía en nuestras instituciones, comprometiendo nuestros recursos, ante la falta de la capacidad de financiamiento de esta empresa y poniendo en peligro la entrega de los principales proyectos de infraestructura del país como lo son la línea 2 del Metro, la renovación de la ciudad de Colón, la ampliación del aeropuerto de Tocumen y la tercera línea de transmisión eléctrica”, dijo Movin en una carta abierta al presidente Varela.

“Nos encontramos en este momento en una situación de alta vulnerabilidad, económica y política, con una empresa cuyas prácticas corruptas en nuestro país ya no son una sospecha, sino una realidad después de haber confesado que solo a través del sistema financiero americano pagaron 59 millones de dólares en coimas a funcionarios e intermediarios en Panamá, cantidad que estamos seguros es apenas una pequeña parte del total de los sobreprecios en más de 9 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura en Panamá”, añade la misiva.

El pasado 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre un acuerdo alcanzado entre los fiscales de Nueva York y Odebrecht, en el que la constructora reconoce haber pagado $788 millones en sobornos a funcionarios de varios países. De esa cantidad, $59 millones corresponden a coimas pagadas a funcionarios panameños a cambio de recibir contratos de obras públicas.

Movin hizo un recuento de los llamados de atención que hizo desde febrero de 2015 al Gobierno de los riesgos de que se contratara a Odebrecht para los megaproyectos del Estado.

Como ejemplo, citó que el 11 de febrero de 2015 le hicieron un llamado de atención al Gobierno sobre la metodología utilizada para la adjudicación de la línea 2 del Metro, ya que existía el riesgo de que el Estado adjudicara dicha licitación a un oferente sin obtener el precio más bajo ofrecido entre los participantes. La preocupación de Movin se hizo realidad.

El 16 de mayo de 2015, posterior a la licitación de la línea 2 del Metro que fue ganada por Odebrecht, “hicimos un segundo llamado de atención sobre la falta de una auditoría de la línea 2 del Metro”.

Agregó Movin que el 28 de junio de 2015, posterior a la adjudicación del proyecto de renovación urbana de Colón a la constructora brasileña, y producto del arresto de su presidente Marcelo Odebrecht, “solicitamos que no se refrendará el contrato de la línea 2 del Metro”.

En la carta, Movin exigió a la Contraloría la auditoría de todas las obras de Odebrecht desde 2006 a la fecha para identificar los sobreprecios que deben ser devueltos al Estado por la empresa.

Al Ministerio Público (MP) exigió identificar y sancionar a las personas que pagaron o recibieron coimas desde la llegada de Odebrecht a Panamá.

En cuanto a la Asamblea Nacional, pidió que se apruebe sin demoras la reforma a la ley de contrataciones públicas.

Al Tribunal Electoral señaló que levante el velo del secreto sobre las donaciones privadas recibidas por los políticos y sus respectivos partidos.

VARELA RESPONDE

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, aseguró que la sociedad panameña está “indignada” por todas las declaraciones que ya se han hecho en otros países relacionadas a la empresa brasileña, por lo que considera que el movimiento está“en todo su derecho de exigir”.

El mandatario reiteró una vez más la importancia de que el MP siga adelante con las investigaciones “para que se sepa quiénes recibieron sobornos, y que se recupere el patrimonio sin que se afecte la economía”.

Entretanto, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Quirós, indicó que antes de que se apruebe la ley de contrataciones públicas, el Legislativo deberá aprobar el proyecto de  ley 245 -sobre acuerdos de penas en el sistema inquisitivo- para “llegar a acuerdos con Odebrecht y que se permita conocer los nombres de los panameños que se beneficiaron de coimas”.

En relación a la revelación de las donaciones que habría hecho  Odebrecht a las campañas políticas desde 2004 a la fecha, el presidente del  Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, respondió recientemente a un pedido de Movin que “por mandato del artículo 209 del  Código Electoral  dicha información es manejada de manera confidencial por el Tribunal Electoral, y debe ser entregada exclusivamente a las autoridades del Ministerio Público o del Órgano Judicial, a requerimiento de estas”.

Mientras,  el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez Cedeño, indicó a principios de esta semana que se investiga a cuatro panameños “de muy alto perfil”, como parte del proceso seguido a la constructora Odebrecht, pero que no podía revelar los nombres por respeto a la etapa sumarial del proceso.

GREMIOS CONTRA CORRUPCIÓN

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Juan Gabriel González, quien labora para la firma de abogados Alfaro, Ferrer & Ramírez -representantes legales de Odebrecht y quien además es abogado de La Prensa- emitió un comunicado en el que el gremio rechaza la corrupción, al mismo tiempo que instó al MP y al Órgano Judicial a ejercer el papel que les corresponde.

“Públicamente nos unimos al llamado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, a esta lucha permanente  contra la corrupción”, indicó el documento.

Por su parte, Jorge García Icaza, presidente de la  Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá  (Cciap), alegó que Odebrecht “debe llegar a un arreglo” con el sistema judicial de Panamá, a través del cual brinden los nombres de los implicados en el escándalo de coimas.

“Lo importante aquí es la cooperación de la empresa y dar los nombres para que la  Procuraduría General de la Nación   haga las investigaciones del caso”, añadió García Icaza.

También dijo que la empresa debe pagar multas millonarias para compensar a la población panameña por los sobreprecios en las obras adjudicadas.

OTRA DENUNCIA

Por su parte, el ex secretario general del Partido Revolucionario Democrático Mitchell Doens solicitó ayer al Ministerio Público abrir una investigación penal contra el expresidente Ricardo Martinelli, sus hijos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, los exministros de Obras Públicas Federico Suárez y Jaime Ford, y al representante de la empresa Odebrecht en Panamá, André Rabello, por delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionario.

Asamblea adelanta proyecto 245

El proyecto de ley 245, que establecería acuerdos de penas para casos bajo el sistema inquisitivo y que se aplicaría en el proceso seguido a la empresa Odebrecht, apareció en el punto 7 del orden del día por encima del proyecto 292 de reformas al Código Electoral.

La iniciativa 245 estuvo el lunes y el martes en el punto 38 del orden del día de la sesión de la Asamblea.

El vicepresidente de la Asamblea, Luis Eduardo Quirós, explicó que el proyecto se adelantó en el orden del día tras un acuerdo con las bancadas de los partidos políticos.

Reiteró que el proyecto es una herramienta importante para que el Ministerio Público resuelva la investigación del caso Odebrecht.

En la sesión de ayer los diputados no discutieron ningún proyecto de ley. Se le dio cortesía de sala al ministro de Salud, Miguel Mayo, quien respondió a un cuestionario que le habían enviado los diputados desde octubre pasado.

Además, a la Asamblea concurrió el vicecanciller Luis Miguel Hincapié, quien presentó seis convenios internacionales, y también asistió el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, quien presentó el proyecto de ley a través del cual se busca otorgar una prórroga por 20 años al contrato para el desarrollo de la terminal de contenedores en el puerto de Coco Solo Norte, en Colón.

(Con información de Aminta Bustamante)

Piden a ministros actuar en caso Odebrecht

El ministro de Obras Públicas (MOP), Ramón Arosemena, el de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Mario Etchelecu, y el presidente de la sociedad Metro de Panamá, S.A., Roberto Roy, deben “obligatoriamente” constituirse en parte querellante en los procesos judiciales que adelanta el Ministerio Público a la constructora Odebrecht, conforme dicta el artículo 1971 del Código Judicial, en relación a los delitos contra la administración pública.

Así lo comunicó el procurador de la Administración, Rigoberto González, en notas enviadas a Arosemena, Etchelecu, y Roy. González sustentó su petición en el artículo 1971 del Código Judicial que señala que: “en los procesos por delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública o delitos contra la  administración pública, que generen perjuicios, será obligatorio la constitución de parte a cargo de la entidad perjudicada, para los efectos de reclamar la indemnización correspondiente, si se comprueba la existencia del delito y no se ha logrado el resarcimiento económico”. El mismo artículo resalta que con la apertura de la instrucción sumarial se debe siempre comunicar al representante legal de la entidad contratante, “con el propósito que colabore en la investigación”. El procurador precisó a los funcionarios que este paso es necesario para poder reclamar la indemnización correspondiente, “si se comprueba la existencia del delito y no se haya logrado el resarcimiento económico”. El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia estadounidense divulgó documentos en los que Odebrecht admite haber pagado $59 millones en sobornos a funcionarios panameños entre los años 2009 y 2014, a cambio de contratos de infraestructura pública. La semana pasada, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, informó que se había llegado a un compromiso “verbal y formal” para que Odebrecht entregara $59 millones.

Entre 2007 y 2016, el MOP realizó contratos con Odebrecht para la construcción de la cinta costera 1 por $188.1 millones; por la cinta costera 2 ($56.2 millones) y por la cinta costera 3 ($782 millones). Además, Odebrecht es contratista del MOP en el ensanche de la carretera Santiago-David.

Mientras que con la línea 1 del Metro, Odebrecht obtuvo un contrato por $2 mil 90 millones y construye actualmente  la línea 2 del Metro por $1,857 millones.

En tanto, el Miviot suscribió contratos con Odebrecht por $569 millones para la renovación urbana de Colón.

Odebrecht en los últimos 10 años y durante las tres últimas administraciones (Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela) ha obtenido contratos directos, o en consorcio con otras empresas, por $9 mil 226 millones en proyectos de obras públicas.

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