SOCIEDAD. DERECHOS HUMANOS.

Mujeres y discapacidad

Activistas se unieron para ahondar en las políticas y normas que deben proteger a las niñas y mujeres, sobre todo aquellas que padecen discapacidad.

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Por años han sido olvidadas. No obstante, hace poco decidieron salir del anonimato para lanzar un grito: quieren más justicia.

Se trata de las niñas y mujeres con discapacidad que la semana pasada celebraron por primera vez un foro denominado “Acceso a la justicia, género y mujeres con discapacidad”.

El foro fue organizado por el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Consejo Nacional de la Mujer y la Mesa de Análisis de Leyes sobre Discapacidad (Meledis), con intervención de la Organización de Estados Americanos.

La intención era dar a conocer su realidad y los problemas que afrontan cuando buscan un acceso expedito a las leyes para su protección.

Según el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad (Pendis) en 3 de cada 10 hogares panameños existe por lo menos un miembro de la familia con discapacidad. La prevalencia de las personas con alguna discapacidad, por sexo, revela que esta es mayor entre las mujeres.

Por ejemplo, de 370 mil 53 personas con discapacidad que reportó el Pendis, 170 mil 315 son hombres y 199 mil 738 mujeres.

El panorama le preocupada a Markelda Montenegro de Herrera, directora del Inamu, debido a que eso convierte a las mujeres en un grupo doblemente vulnerable. “Solo por el hecho de ser mujeres. Ahora con discapacidad son más frágiles”, agregó Montenegro.

Pero hay más. En cuanto a la prevalencia de personas con discapacida, según sexo y la provincia donde residen, es en Colón, Panamá, Coclé y Herrera donde más mujeres discapacitadas hay.

Para los expertos, las cifras anteriores sugieren una condición más precaria de la mujer respecto al hombre. Y en medio de ese escenario, la dirigencia de Meledis presentó un pliego de condiciones a las autoridades que participaron en el foro, entre ellas, la primera dama, Marta Linares de Martinelli.

La primera solicitud fue el reconocimiento de la discriminación y la exclusión como formas de violencia contra los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad. También se planteó investigar y dar a conocer la situación de este grupo vulnerable en relación con su entorno, condición económica, educativa, social y participación política.

Durante el evento se solicitó también la revisión de la legislación penal y procesal para que resulte posible detectar la situación de violencia contra la mujer discapacitada, así como un castigo más severo en estos casos por la vulnerabilidad de la víctima.

La magistrada Judith Cossú, quien desde 2005 preside el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, indicó que se ha empezado una transformación en materia de acceso a la justicia de todos los grupos considerados como vulnerables. “Se ha transformado la infraestructura para que las personas con discapacidad puedan llegar a este órgano, y buscamos sensibilizar a la justicia en este tema”, acotó.

Cossú calculó que al año reciben unas 120 quejas por parte de personas discapacitadas en la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial.

Discapacitadas desean estudiar

Los informes estadísticos de la Secretaría Nacional de Discapacidad dan cuenta de que en la población con discapacidad la proporción de mujeres que participan en el sistema educativo es mayor que la de hombres. Las cifras señalan que el 56% de las mujeres discapacitadas participa en el sistema educativo, mientras que en el caso de los hombres alcanza solo el 44%.

La observación por nivel educativo de instrucción revela que el promedio mayor de la población con discapacidad se ubica en la educación primaria. Además, el 9.4% de la población con discapacidad tiene título universitario, y en esta población las mujeres duplican a los varones.

Para Fanny Wong, coordinadora latinoamericana de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, este grupo siempre busca superarse a pesar de las dificultades.

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