compra excesiva de bombas lacrimógenas

Mulino enfrenta nueva investigación

El extitular de la cartera de Seguridad Pública permanece detenido desde el martes pasado por el caso sobre los 19 radares comprados a Selex.

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Al menos 91 mil bombas lacrimógenas, 600 mil proyectiles de polvo de pimienta, máscaras antigás, cascos y equipos antimotines completos fueron incluidos en las compras. Al menos 91 mil bombas lacrimógenas, 600 mil proyectiles de polvo de pimienta, máscaras antigás, cascos y equipos antimotines completos fueron incluidos en las compras.
Al menos 91 mil bombas lacrimógenas, 600 mil proyectiles de polvo de pimienta, máscaras antigás, cascos y equipos antimotines completos fueron incluidos en las compras. Archivo

La Fiscalía Segunda Anticorrupción solicitó al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero penal electoral al exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino para ser investigado por la compra de $60 millones en municiones, granadas, lacrimógenas, armamentos y uniformes para los cuerpos de seguridad del Estado.

El actual ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, denunció un posible sobrecosto de $2.3 millones en la compra de los equipos, ya que el valor real de los implementos en el mercado local es de $21.7 millones.

Se gastaron $24 millones en total para adquirir los pertrechos.

Mulino enfrenta otro caso por compra de pertrechos

Una segunda investigación tendrá que enfrentar el extitular del Ministerio de Seguridad José Raúl Mulino por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública.

Se trata del caso que abrió la Fiscalía Segunda Anticorrupción el pasado mes de abril, tras reportes noticiosos que dieron cuenta de la compra de pertrechos antidisturbios por parte del pasado gobierno, incluyendo bombas lacrimógenas, por un total de $24 millones.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la fiscal Vielka Broce solicitó al Órgano Judicial una prórroga para seguir la investigación, que se originó a partir de señalamientos efectuados en diciembre pasado por el actual titular de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera.

Según Aguilera, hubo excesos en la compra de bombas lacrimógenas y otros equipos usados para el control de multitudes, incluyendo un posible sobrecosto de $2.3 millones, ya que el valor real de los equipos en el mercado era de $21.7 millones y los contratos fueron cerrados por $24 millones.

El gasto por $24 millones correspondió a dos compras efectuadas un año antes de las elecciones generales del 4 de mayo de 2014, una por $15 millones, firmada por el entonces ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, para proveer a los agentes del Servicio de Protección Institucional –que protege al Presidente– de 60 mil bombas lacrimógenas y sus lanzadores, 324 mil proyectiles de polvo de pimienta, 900 máscaras antigás, 5 mil granadas de humo y otros equipos.

La otra adquisición, por un total de $9 millones, fue avalada por el exministro Mulino e incluyó 31 mil granadas lacrimógenas, 276 mil proyectiles de polvo de pimienta, 18 mil 500 cartuchos de impacto calibre 12, mil 550 cascos de control de multitudes e igual cantidad de equipos antimotines completos.

VINCULACIONES

Según las fuentes, la fiscalía investiga posibles vinculaciones del empresario Roberto Carretero, cuyas sociedades, presuntamente, fueron las mayores beneficiadas con la venta de municiones, granadas lacrimógenas, armamentos y uniformes para cuerpos de seguridad del Estado.

La fiscal Broce hace referencia en el expediente que los fondos fueron destinados principalmente por los ministerios de Seguridad Pública y de la Presidencia, autorizados para realizar las contrataciones directas con las sociedades de Carretero, bajo la condición de “Seguridad ciudadana, presidencial y del Estado”, precisaron las fuentes consultadas por este diario.

También se señala que el Ministerio de Desarrollo Social traspasó $1.2 millones al Programa de Ayuda Nacional, para la compra directa a las sociedades Ultratech International e International Munitions & Explosives.

En una nota con fecha del 12 de octubre de 2015, la fiscal segunda anticorrupción solicitó al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero penal electoral del exministro Mulino, prerrogativa de la cual goza por ser candidato en las elecciones internas del colectivo Cambio Democrático, a celebrarse en marzo de 2016.

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