CONSEJO DE GABINETE ABORDA HOY PERMANENCIA DE MINISTRO DE SEGURIDAD

Mulino guarda silencio y espera

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Aunque no hay nada oficial aún, todo parece indicar que José Raúl Mulino analiza la posibilidad de reconsiderar su renuncia “irrevocable” al cargo de ministro de Seguridad, según confiaron fuentes cercanas a ese despacho.

Las fuentes consultadas, que pidieron la reserva de sus nombres, informaron que Mulino se reunió ayer con sus asesores para valorar su posible permanencia en el cargo o, en su defecto, ordenar una auditoría de gestión y entregar el despacho a quien sea designado por el presidente, Ricardo Martinelli, en su reemplazo.

Mulino estuvo ayer en su oficina desde las 8:00 a.m. hasta las 3:45 p.m., cuando se retiró con sus escoltas sin atender a los periodistas que lo esperaban.

Luego, la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad difundió un escueto comunicado en el que se informó que Mulino “no dará declaraciones por el momento”; “su posición está bien explicada en las cartas emitidas los días 8 y 9 de marzo de 2012”.

En dichas cartas, Mulino cuestionó al director de la Policía Nacional (PN), Gustavo Pérez, por rechazar públicamente el proyecto de ley que impulsaba para la creación de una oficina única de asuntos internos para la fuerza pública, previamente avalado por el Consejo de Gabinete.

El ministro consideró tal postura como ilegal e inconstitucional y debido a ella renunció el pasado viernes.

En la mañana de ayer, el canciller Roberto Henríquez también se refirió al tema e informó que la permanencia o no de Mulino en el ministerio podría definirse hoy en la sesión del Consejo de Gabinete, a partir de las 3:00 p.m.

“Esperamos que la situación se defina, incluyendo la permanencia o no de Mulino en el puesto”, dijo.

Añadió que a pesar de que la renuncia de Mulino era irrevocable, “deja opción para una reconsideración”.

“Yo siento que Mulino ha hecho un trabajo dedicado”, acotó, al tiempo que confirmó que el Gabinete también abordará hoy el tema del polémico proyecto de ley que generó el conflicto entre Mulino y Pérez, este último nombrado el pasado domingo como jefe del Consejo de Seguridad y reemplazado por Julio Moltó, hasta entonces secretario ejecutivo de dicha entidad.

Al igual que Henríquez, la ministra de Trabajo, Alma Cortés, abogó este domingo porque Mulino reconsidere su renuncia.

Rotaciones

Y aunque a través de la Oficina de Relaciones Públicas de la PN se informó ayer que aún no ha sido fijada la fecha de salida de Pérez y de llegada de Moltó, extraoficialmente trascendió que el acto de transmisión de mando será este jueves.

Pérez, quien acudió ayer a trabajar “como cualquier otro día”, según confirmaron fuentes de la propia PN, tampoco contestó las llamadas que le hizo este diario ayer en busca de una reacción sobre su cambio.

En tanto, agentes y administrativos consultados por este diario coincidieron en que el clima interno es de calma, aunque hay cierta incertidumbre sobre la forma de mandar de Moltó.

Los uniformados, que pidieron reserva de sus nombres, dijeron que a pesar de no saber con qué “librito” vendrá el nuevo director, la institución se mueve al ritmo de siempre.

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruiloba, opinó que estos cambios afectan los planes y proyectos que tenían ambos funcionarios. “Esto es un retroceso institucional, porque hay proyectos que tanto el ministro como el director tenían en proceso y se verán afectados”, dijo.

Agregó que la situación no debió generar renuncias y menos el movimiento de una dirección a otra.

Agregó que Moltó debe saber y entender que hay que judicializar las acciones de la PN. “La PN debe pasar por una censura jurídica de fiscales y jueces, para que entonces su actuación pueda tener validez”, precisó.

A Pérez le advirtió que debe ceñirse a las funciones de un Consejo de Estado.

En tanto, el procurador de la Nación, José Ayú Prado, prefirió no hacer comentarios respecto a si dará apertura o no a una investigación por la actuación de Pérez al rechazar el mandato del Consejo de Gabinete, como pide la sociedad civil.

A su vez el vicepresidente, Juan Carlos Varela, reiteró que a Moltó “se le ha ordenado hacer cosas ilegales e inconstitucionales con las escuchas telefónicas” y por tanto su nuevo nombramiento es “otro mensaje equivocado” del gobierno.

(Con información de José Otero, Rafael Luna Noguera, Elio Núñez y Eduardo Mendoza).

Inteligencia y contrainteligencia

El Consejo de Seguridad fue creado por el Decreto de Gabinete 38 del 10 de febrero de 1990; con él, Guillermo Endara organizó la fuerza pública. Fue creado como un “cuerpo asesor de la Presidencia”, presidido por el mandatario e integrado por los ministros de Gobierno y Justicia, Relaciones Exteriores, y Planificación y Política Económica. El 29 de mayo de 1991, Endara aprobó el Decreto Ejecutivo 98, reglamentó su funcionamiento y creó la Secretaría Ejecutiva, cuyas funciones y miembros fueron ampliados por Mireya Moscoso con el Decreto Ejecutivo 167 del 31 de octubre de 2001.

En 2008, Martín Torrijos aprobó el Decreto Ley 9, reorganizó el Consejo, eliminó la Secretaría Ejecutiva y creó el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, cuestionado por tener la facultad de “obtener información básica sobre personas naturales o jurídicas”. Este gobierno derogó ese decreto con la Ley 11 del 18 de marzo de 2010, y un día después aprobó el Decreto Ejecutivo 263, que creó el Consejo de Seguridad Nacional, vigente. Esta norma vuelve a la Secretaría Ejecutiva, adscrita al Ministerio de la Presidencia, que puede “solicitar, cuando se requiera, a las personas naturales o jurídicas, sean organismos, instituciones públicas o privadas, todos los datos, estadísticas e informaciones que estén relacionadas con la seguridad nacional”.

Rafael Luna Noguera

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