Sanciones a medios de comunicación

Multas, a jurisdicción civil

La jurisdicción civil dirimirá los conflictos entre los derechos de la mujer frente al derecho de la libertad de expresión.

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Milton Henríquez. Milton Henríquez.
Milton Henríquez. LA PRENSA/Archivo

La jurisdicción civil será la encargada de establecer responsabilidades a aquellos medios que incurran en violaciones definidas en la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 que tipifica el feminicidio y que dicta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres.

Así lo establece un proyecto de ley que el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, tras ser autorizado por el Consejo de Gabinete, presentará ante la Asamblea Nacional para modificar, adicionar, subrogar y derogar artículos de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013; modificar un artículo de la Ley 42 de 1999 y modificar la Ley 15 de 31 de mayo de 2016.

Henríquez explicó que el proyecto elimina la facultad que tiene el Ministerio de Gobierno de imponer multas a aquellos medios de comunicación social que incurrieran en ciertas violaciones definidas en la Ley, trasladando esta responsabilidad a la esfera judicial a través de un proceso sumario.

Con la iniciativa, la jurisdicción civil tendría la facultad de dirimir los conflictos y establecer responsabilidades ante la posible violación de los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad a una vida libre de discriminación y violencia, frente a los derechos de libertad de expresión, información y prensa.

También se garantizaría el derecho constitucional de acceso a la justicia a la persona afectada por cualquier acto de violencia definida en la Ley 82 de 2013, a través de la asistencia técnica-legal gratuita en los ámbitos penal y civil a través del Instituto de Defensoría de Oficio del Órgano Judicial.

Henríquez explicó que la iniciativa surge luego de examinar, durante el proceso de reglamentación, las disposiciones legales contenidas en la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, y luego de un análisis con diversos sectores de la sociedad civil y los convenios internacionales en esta materia, donde se concluyó que una entidad administrativa como lo es el Ministerio de Gobierno no debe tener la facultad de multar a los medios de comunicación social.

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