un gobierno que se extiende más allá de 2014

Negocios millonarios y una ley de blindaje

Martinelli prorrogará la presencia de sus allegados en la gerencia y directiva de Tocumen, S.A., empresa estatal sumergida en una ambiciosa ampliación.

Temas:

En apenas cinco minutos, la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de ley 688, que contempla períodos de siete años adicionales para el gerente y el presidente de la directiva de Tocumen. Juan Carlos Pino, actual gerente de la empresa pública (en primer plano), estuvo en el pleno acompañado de colaboradores. En apenas cinco minutos, la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de ley 688, que contempla períodos de siete años adicionales para el gerente y el presidente de la directiva de Tocumen. Juan Carlos Pino, actual gerente de la empresa pública (en primer plano), estuvo en el pleno acompañado de colaboradores.
En apenas cinco minutos, la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de ley 688, que contempla períodos de siete años adicionales para el gerente y el presidente de la directiva de Tocumen. Juan Carlos Pino, actual gerente de la empresa pública (en primer plano), estuvo en el pleno acompañado de colaboradores.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 688 que dicta el marco regulatorio para la administración de los aeropuertos y aeródromos de Panamá, y que ampliaría a siete años el período de gestión del gerente general de Tocumen, S.A. y entre dos y siete años la permanencia de los miembros de la junta directiva de la sociedad estatal.

La aprobación de este documento se dio en tan solo cinco minutos, tras un extraño y largo receso de 45 minutos en el que diputados oficialistas y el gerente general de Tocumen, S.A., Juan Carlos Pino, en compañía de asesores de la entidad aeroportuaria, conversaban amenamente a la espera de recibir un paquete de modificaciones a la propuesta legislativa del ministro de Economía y Finanzas y representante legal de Tocumen, S.A., Frank De Lima.

Tras el extenso receso, las modificaciones fueron leídas, y curiosamente el proyecto fue aprobado sin la intervención de ningún diputado opositor que lo protestara ni de oficialistas que lo avalaran.

Pino tampoco sustentó la propuesta, y a pesar de la insistencia de los medios de comunicación para conocer la justificación de la iniciativa, el funcionario se retiró del hemiciclo sin dar explicaciones.

A la iniciativa se le introdujeron algunos cambios de estilo, pero su fondo quedó intacto. El artículo 13, que ya había sido ajustado en el primer debate, estipula que el Órgano Ejecutivo podrá designar a los miembros de la junta directiva, así como al gerente y subgerente general de las empresas administradoras de aeropuertos y aeródromos, en un plazo de 30 días contados a partir de su entrada en vigor. Es decir, que el presidente, Ricardo Martinelli, tendrá la potestad de designar a todos los altos mandos de Tocumen, S.A.

la historia se repite

El Gobierno aplica en Tocumen el mismo patrón que en otras entidades clave del Estado: La Asamblea amplió de cinco a siete años y ratificó a Roberto Linares como administrador de la Autoridad Marítima de Panamá. También estará en el cargo hasta 2020 Luis Cucalón, tras la creación, en su caso, de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, en sustitución de la Dirección General de Ingresos.

Además, la administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Zelmar Rodríguez, fue nombrada este año en el cargo por un nuevo período de siete años.

Y un movimiento similar se provocó desde el Ejecutivo para asegurar hasta 2020 el nombramiento en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información a Abigaíl Benzadón, tras eliminar el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción.

Mientras el Presidente declara públicamente que no quiere ser reelegido, estos movimientos revelan su tácita intención de permanecer en el poder.

El diputado panameñista José Isabel Blandón expresó en ese sentido que en “todas las instituciones en las que el Presidente de la República tenga un interés económico, se van a dar este tipo de nombramientos por siete años para poder continuar en el negocio más allá de su período presidencial”.

un nuevo discurso

El caso de Tocumen será paradigmático del “cambio de discurso del gobierno del cambio”.

En 2009, en los primeros meses de esta administración, el Ejecutivo introdujo una norma para modificar la Ley 23 de 2003, que dicta el marco regulatorio para la administración de aeropuertos y aeródromos. En virtud de esta modificación, los miembros de la junta directiva nombrados por el Ejecutivo y el gerente general serían puestos de libre nombramiento y remoción. Se cambiaba así lo establecido en la ley original, que concedía un período de 10 años al gerente de la entidad.

Cuatro años después, el Gobierno defiende “la necesidad de proponer esquemas de estabilidad” en el cargo de la gerencia y de la junta directiva del aeropuerto.

Los dos períodos más largos (siete años) que se contemplan en el proyecto de ley 688 son para presidente de la junta directiva y gerente general de la entidad.

Estos puestos son ocupados en la actualidad, respectivamente, por el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, tesorero a la sazón en la directiva de Cambio Democrático, y Juan Carlos Pino, que llegó a Tocumen, S.A. de la mano del panameñista y vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, pero conectó con el presidente Martinelli y sobrevivió a la ruptura de la alianza de gobierno entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista. Este medio le preguntó al ministro De Lima si tenía intención de permanecer en el cargo una vez que concluya esta administración, pero, como es habitual, hizo caso omiso al cuestionamiento.

La opacidad entre millones

Las primeras informaciones sobre el proyecto de ley 688 surgieron desde el seno del Gobierno. El pasado 26 de noviembre, el Consejo de Gabinete debatió el proyecto de ley y autorizó al ministro De Lima a presentarlo en la Asamblea.

En el comunicado que envió la Secretaría de Comunicación del Estado se ocultó la intención de prolongar los mandatos del gerente y la junta directiva de Tocumen, S.A. más allá de esta administración.

En su lugar se brindaron vagas explicaciones sobre las operaciones del aeropuerto y los esfuerzos de la administración para pasar de ser un proveedor de infraestructura a convertirse en una entidad comercial con capacidad financiera para subvencionar su expansión.

El ejemplo es solo uno más en una lista de casos de falta de rendición de cuentas y de transparencia de una institución que maneja fondos millonarios.

La ampliación del aeropuerto, ya en marcha, podrá costar hasta $936 millones, pero el Gobierno nunca precisó el costo de la obra. El proyecto se adjudicó por $679.4 millones, pero las cláusulas pactadas con la empresa Norberto Odebrecht dejaron abierta la posibilidad de aumentar el monto sin recurrir a adendas (ver infografía: Un contrato, cuantiosas deudas).

Se trata de una nueva terminal, en realidad todo un nuevo aeropuerto que duplicará la capacidad del actual y contará con nuevos espacios para las tiendas duty free, negocios que todavía deben ser asignados.

Alrededor de Tocumen se creará la ciudad aeropuerto, una apuesta por hacer del hub de transporte, además, un centro de negocios, convenciones y turismo.

Para su desarrollo, Tocumen, S.A. adquirió 325 hectáreas de la Universidad de Panamá por $110 millones. La misma empresa pública hará una inversión de $400 millones para construir las infraestructuras y dará en concesión los espacios para futuros desarrollos.

Todos estos negocios se cerrarán en los próximos años, pero una mirada al pasado reciente refleja cómo se ha manejado esta administración hasta el momento.

En julio de 2010, la junta directiva de Tocumen, S.A. sentó las bases para otorgar contratos directos y hacer licitaciones por invitación, proceso que ha sido criticado por la sociedad civil, por poco transparentes al hacerse al margen de la ley de contrataciones públicas.

En los últimos 42 meses, Tocumen, S.A. ha entregado en concesión directa la administración de los estacionamientos a la compañía Republic Parking, que inmediatamente aumentó 66% el costo del servicio.

Esta empresa está vinculada al empresario Gabriel Gaby Btesh, empresario del círculo más cercano del presidente, Ricardo Martinelli.

Tocumen adjudicó además, de forma directa, la compra de máquinas de rayos X a la compañía Productos y Procesos Industriales, S.A. (Propinsa), que ya suma contratos por más de $3 millones bajo la actual administración.

El argumento para lograr la contratación de Propinsa por la vía rápida se basa en que la compañía es la representante y única distribuidora de equipos y piezas Smith Detection, fabricante de los rayos X que se utilizan en el aeropuerto.

Propinsa, cuyo presidente es Javier Pariente, actual gerente de la eléctrica Ensa, también ha sido contratada por Tocumen para adquirir un incinerador industrial.

En la lista de concesiones también figuran el derecho para instalar tiendas de artículos deportivos, venta de chocolates, celulares, hasta el suministro de papel higiénico.

En su mayoría, estos negocios fueron adjudicados de forma directa a personas cercanas del presidente Martinelli.

En su momento, el gerente de Tocumen, Juan Carlos Pino, señaló que la administración respetaba la iniciativa y creatividad, y agregó que no era justo abrir una licitación para adjudicar ideas que han propuesto otros.

En su afán de concesionar todo lo que aumente el flujo de caja, Tocumen. S.A. “tercerizó” los servicios de aseo y control de vegetación en la terminal aérea.

Ambos contratos fueron adjudicados por $34 millones. También se intentó convertir al aeropuerto en centro de apuestas, dando el visto bueno para una sala de bingo, y la instalación de 20 máquinas tragamonedas tipo C.

Sobre un canon de alquiler por $10 mil mensuales, Tocumen cobraría $250 por cada máquina instalada. A pesar de que Tocumen justificó la instalación de estos equipos, aduciendo que había sido una solicitud de los pasajeros, estos fueron retirados después de seis meses por el poco flujo de apuestas que habían generado.

el fiasco de las aceras

El muelle norte, estructura que costó unos 69 millones de dólares, ha operado por más de un año sin las aceras móviles que fueron pensadas para facilitar el traslado de los pasajeros por la estructura de 800 metros de largo.

El Gobierno acusó a la compañía Elevadores del Istmo, ligada a Bering Motors, del grupo El Machetazo, de no contar con el personal calificado para instalar los equipos, que por más de cuatro meses permanecieron a la intemperie en la entrada de la terminal aérea. Estos señalamientos fueron rechazados por la compañía, que indicó que el retraso se debió a que los equipos eran muy grandes para ser instalados en el espacio que había dejado el contratista que construyó la estructura.

Debido al retraso, De Lima insinuó que la empresa podría perder el contrato de $3 millones, pero al final las amenazas no se concretaron. La instalación de las cuatro aceras se inició en noviembre, y se proyecta que estén habilitadas a finales de enero próximo. Para ese momento también estará instaurada la directiva y el gerente que gobernará en Tocumen, S.A. hasta 2020.

(Con información de Gustavo Aparicio, Alex E. Hernández y Roberto González Jiménez).

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