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Ngäbes lucharán en las calles: M-10

La petición de la medida cautelar a la CIDH busca la suspensión del proyecto Barro Blanco por afectar los derechos indígenas.

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El sábado 25, la Policía Nacional se vio forzada a evitar el cierre de la vía Interamericana. El sábado 25, la Policía Nacional se vio forzada a evitar el cierre de la vía Interamericana.
El sábado 25, la Policía Nacional se vio forzada a evitar el cierre de la vía Interamericana.

La Comisión Indígena, encabezada por el Movimiento 10 de Abril (M-10), anunció que ante una mesa de diálogo impositiva y los atropellos policiales al pueblo ngäbe buglé, no le queda otra alternativa que buscar la solución en las calles a la cancelación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.

Ricardo Miranda, dirigente del M-10, señaló que sus hermanos originarios vendrán desde las tres regiones a esa lucha, toda vez que el gobierno le ha dado más importancia a la empresa Genisa y al muro de Barro Blanco, tras 60 reuniones y cinco meses de diálogo.

FRENTES DE LUCHA

El dirigente reconoció que aunque el M-10 se erigió representante del pueblo ngäbe en esta lucha, otros pueblos indígenas también expresan el mismo anhelo y realizan acciones en otras instancias para que se les haga justicia en la defensa de sus recursos naturales.

Tal es el caso de la cacica general Silvia Carrera, de quien señaló viajó a la capital para reunirse con la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Conapip), para buscar apoyo a nivel internacional, frente a lo que denomina “actitud impositiva” del gobierno del presidente Juan Carlos Varela y el favor que deparan a la empresa Genisa.

Ella está actuando a título personal, no es la Comisión Indígena, pero sus esfuerzos también están encaminados a que el gobierno cancele la hidroeléctrica, subrayó.

Petición a la CIDH

En la pugna que mantienen los grupos originarios figuran también dos solicitudes: una de apoyo dirigida al papa Francisco y otra, más reciente, de una medida cautelar en contra del Estado panameño elevada por el Movimiento 22 de Septiembre (M-22), cuyos miembros se identifican con la Congregación Mama Tatda, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. La petición de la medida cautelar fue tramitada vía internet, el pasado jueves.

Según su representante legal, Víctor Martínez, este recurso busca que la instancia hemisférica solicite la suspensión del proyecto, con base a los perjuicios y violaciones que a los derechos del pueblo originario ha cometido la firma Genisa.

Ejecutivo escucha

Al respecto, la Presidencia de la República, a través de su vocero oficial, dijo respetar los recursos que presenten los grupos originarios ante instancias internacionales, los cuales serán respondidos en su momento. El Gobierno Nacional, dijo, mantiene su postura de llamar al diálogo, pues cree que la solución al conflicto debe ser negociada, lo cual ha demostrado a través de seis meses y más de 20 encuentros, giras y múltiples gestiones técnicas.

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