NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Niñas, las principales víctimas de abuso sexual en Panamá

Informes del Ministerio Público muestran que en los últimos años aumentaron los delitos contra la libertad e integridad sexual de las niñas y adolescentes. El año pasado se registraron 3 mil 640.

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Niñas, las principales víctimas de abuso sexual en Panamá

Los delitos contra la libertad e integridad sexual en los últimos tres años se han vuelto notorios en una buena parte de la población del país. No obstante, la realidad es dramática cuando se evalúa específicamente los casos que afectan niñas y adolescentes.

Estadísticas del Ministerio Público dan cuenta de que en el año 2017 se reportaron 2 mil 209 niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual. En 2018, el número de víctimas aumentó a 3 mil 640, lo que representa un incremento del 64.7% entre ambos años.

Mientras tanto, al 31 de agosto de 2019 las autoridades han reportado 3 mil 133 casos de este tipo en niñas y adolescentes, lo que equivale unos 13 casos por día.

La mayoría de los casos tiene que ver con relaciones sexuales, violación, corrupción de menores y actos libidinosos.

Una gran parte de estos casos ocurre cuando la joven está en el rango de edad de entre 15 y 17 años, seguidos del grupo que se encuentra entre 10 y 14 años. Los números del Ministerio Público también hacen referencia a víctimas en otros rangos de edad: entre 5 y 9 años, así como entre 0 y 4 años de edad.

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Niñas, las principales víctimas de abuso sexual en Panamá

Este escenario fue presentado por Maruquel Castroverde, fiscal de la sección de asistencia a juicio de la Fiscalía Metropolitana, durante el VI Foro sobre los Derechos Humanos de las Niñas en Panamá.

Para la fiscal, estas estadísticas son un instrumento que los orienta para hacer una evaluación del fenómeno de la violencia en materia sexual contra un grupo de gran vulnerabilidad, como lo es la niñez y la adolescencia. “El sexo femenino es el mayor impactado”, afirmó.

Según Castroverde, estos números les permiten confirmar la percepción ciudadana; es decir, que la mayor cantidad de víctimas son menores de edad, las cuales son niñas y que en muchos casos han sufrido el delito en silencio por algún tiempo hasta que finalmente se atreven a hablarlo, ya sea a algún educador o porque estén embarazadas o padecen una enfermedad de transmisión sexual.

Con base en su experiencia, la jurista contó que un común denominador en la mayoría de los casos reportados –e incluidos en las estadísticas– es que los perpetradores suelen ser parientes, amigos o personas de confianza de las víctimas.

“El Estado está comprometido con instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos que reconocen la condición de vulnerabilidad de las víctimas niñas; sin embargo, el respaldo presupuestario sigue siendo un grave pendiente”, puntualizó.

Frente a esta situación, consideró que deberían reunirse autoridades de justicia, oenegés, instituciones y sociedad civil para definir no solo las necesidades que tiene esta niñas y adolescentes, sino también cuánto cuesta proteger a este grupo de la población ante las distintas formas de violencia.

“Muchas víctimas abandonan el proceso judicial y muchas veces la violencia que sufrió esa víctima se potencia, porque el proceso judicial le es hostil, debido a la cantidad de exigencias”, manifestó la fiscal, quien detalló, además, que el 95% de las víctimas de delitos sexuales son niñas y adolescentes.

Problema en aumento

Por su parte, Carla García, subdirectora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), subrayó que los delitos sexuales han ido en incremento en el país, razón por la cual se están concentrando en el empoderamiento de las niñas y adolescentes, debido a que son las mayores afectadas por este flagelo.

En palabras de García, la idea es darles a conocer esos “signos” para que conozcan en qué momento ellas están viviendo un riesgo. “Nuestra estrategia es ir a las comunidades y hablarle a las niñas sobre temas de prevención, así como trabajar en conjunto con los gobiernos locales y el Ministerio de Salud”, añadió.

De acuerdo con la funcionaria, es “importante” crear mecanismos de divulgación hacia este sector de la población sobre el tema de los delitos sexuales.

Actualmente, el Estado panameño no tiene un presupuesto exclusivo para la prevención, atención y erradicación de los delitos sexuales contra menores de edad.

No obstante, el Ministerio de Desarrollo Social asigna anualmente unos 4 millones de dólares a organizaciones no gubernamentales que atienden a la población vulnerable, incluyendo a niños, adultos, jóvenes y personas con discapacidad; y aproximadamente 1.5 millones de dólares se utilizan para brindar ayuda a niños y niñas que han sido maltratados, previa evaluación social.

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