NOMBRAMIENTOS

Nombramientos afectarían el equilibrio de poder en el gobierno de Nito Cortizo

El presidente electo deberá nombrar seis magistrados de la Corte, al fiscal electoral, cinco directivos de la ACP y dos de la CSS, entre otros.

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El presidente electo, Laurentino Cortizo, ha señalado que nombrará a los mejores. Archivo El presidente electo, Laurentino Cortizo, ha señalado que nombrará a los mejores. Archivo
El presidente electo, Laurentino Cortizo, ha señalado que nombrará a los mejores. Archivo

En su mandato, Laurentino Cortizo deberá nombrar seis magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia.

También le tocará nombrar cinco directivos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), dos de ellos pendientes en este mandato; y al reemplazo de Eduardo Peñaloza en la Fiscalía Electoral, que tampoco se concretó en este periodo.

Asimismo, designará a dos miembros principales en la directiva de la Caja de Seguro Social y uno en la del Fondo de Ahorro de Panamá.

Dirigentes de la sociedad civil responsabilizan al gobierno saliente por haber roto el balance de poder al no completar varios de estos nombramientos.

Así, la alianza de Cortizo contará con mayoría en la Asamblea Nacional y no tendría dificultad con estas designaciones.

Cortizo, con el poder de nombrar

Al próximo presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, le corresponderá efectuar durante su mandato (2019-2024) nombramientos por periodos más allá de su administración en, al menos, seis entidades.

Solo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a Cortizo le tocaría designar seis magistrados principales y nueve suplentes. De ese total, cuatro (un principal y tres suplentes) le correspondía nombrar al presidente Juan Carlos Varela, pero el proceso no se completó en la Asamblea Nacional (AN).

Varela envió a la AN para ratificación en sesiones extraordinarias la designación de Luis Fernando Tapia como magistrado principal en reemplazo de Jerónimo Mejía, a quien se le venció su periodo el 31 diciembre de 2017. También pidió la aprobación de los nombramientos de Luis Camargo, Katia Di Bello y Judith Cossú como magistrados suplentes de Olmedo Arrocha, Cecilio Cedalise y Ángela Russo, respectivamente.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Credenciales, el diputado Sergio Chello Gálvez, anunció la semana pasada que esa instancia no sesionará más por lo que resta del periodo constitucional –que ven ce el 30 de junio–, porque “no hay ambiente” para aprobar esos nombramientos.

En la Corte

Durante su mandato, entre 2019 y 2024, a Cortizo le corresponderá nombrar los reemplazos de 6 magistrados principales y sus respectivos suplentes. A 5 se les vencerán sus periodos constitucionales de 10 años en los próximos 3 años. Estos son Hernán De León (2012-2022), Harry Díaz (2010-2019), José Ayú Prado (2013-2022), Luis Ramón Fábrega (2012-2021), y Abel Zamorano (2010-2019).

Asimismo, debe nombrar el reemplazo de Jerónimo Mejía (2007-2017), que, como se dijo, ya se le venció el periodo.

En el caso de Zamorano, la AN lo ratificó en marzo pasado como magistrado principal, para completar el periodo del exmagistrado Alejandro Moncada Luna (2010-2019), quien fue condenado por enriquecimiento injustificado y falsedad.

Control de la ACP

En tanto, en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) el nuevo gobernante nombrará a cinco directivos, a quienes se les vence el periodo entre 2019 y 2022. Se trata de los reemplazos de José Sosa (2010-2019), Nicolás Corcione (2010-2019), Alberto Vallarino (2013-2022), Lourdes Castillo (2013-2022) y Henri Mizrachi (2013-2022).

En el caso de los reemplazos de Sosa y Corcione, Varela envió a la AN para ratificación los nombramientos de Roberto Roy, actual ministro de Asuntos del Canal; y de Marietta Jaén, exviceministra de Obras Públicas, pero tampoco serían considerados en sesiones extraordinarias.

Roy y Jaén fueron escogidos después de que la vicepresidenta y canciller,  Isabel de Saint Malo de Alvarado, y el embajador de Panamá en Estados Unidos, Emanuel González Revilla, declinaran a dichas designaciones e instaran al presidente  Juan Carlos Varela a buscar candidatos de “consenso”.

Además, la Corte tiene pendiente resolver una demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento del exministro de la Presidencia Jorge González como directivo de la ACP –efectuado por Varela–, que ya pasó por el trámite de ratificación en la AN. González reemplazó a Marco Ameglio, quien se postuló como candidato presidencial en las pasadas elecciones.

Fiscal electoral

Entretanto, Cortizo también tendrá que nombrar a un nuevo fiscal electoral en reemplazo de Eduardo Peñaloza, a quien se le venció el periodo de 10 años en enero de 2018.

En este cargo, Varela designó a María Eugenia Pérez de Preciado, pero no fue ratificada por la AN.

La Asamblea tampoco consideró el nombramiento que hizo Varela de Miguel Ángel Estribí como directivo en la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, por lo que le corresponderá a Cortizo hacer esta designación.

CSS y FAP

Mientras, al nuevo presidente le tocará hacer cuatro designaciones en la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS): dos miembros principales y dos suplentes.

Se trata del representante de los profesionales y técnicos de la salud y otro representante de los empleadores, ambos con suplentes.

Asimismo, deberá designar a un miembro del Fondo de Ahorros de Panamá (FAP).

Con mayoría en la AN

Cortizo no tendría mayores problemas para que la AN le apruebe los nombramientos, ya que su alianza, Uniendo Fuerzas, contará con mayoría absoluta.

De los 71 diputados que conforman el pleno, 35 son del Partido Revolucionario Democrático (PRD); 5 de su aliado, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena); 18 de Cambio Democrático (CD); 8 son del Partido Panameñista y 5 son diputados independientes.

Respetará

Sobre este tema, el presidente electo ha dicho que respetará las designaciones hechas por Varela hasta por 10 años: Rigoberto González en la Procuraduría de la Administración y Kenia Porcell, en la Procuraduría de la Nación.

A su vez, en enero de 2020 le corresponderá a la AN nombrar el reemplazo de Federico Humbert en la Contraloría General de la República.

Demasiado poder

Gabriel Tribaldos, del Movimiento Independiente, manifestó que la falta de voluntad política y no hacer las cosas a tiempo, con eficiencia y consensos, ha dejado una gran cantidad de nombramientos que conllevarán una responsabilidad sobre los hombros de los próximos regentes del Ejecutivo y del Legislativo.

“Todos debemos estar pendientes de que se nombre a los mejores, con independencia de criterio, fuertes principios y talla profesional”, dijo.

“La ciudadanía en general, como soberanos que somos, aunque muchos lo olviden, tenemos que velar para que así sea. Al fin y al cabo, son nuestros recursos y para ello los contratamos a través del voto”, planteó.

Por su parte, el analista político Richard Morales consideró que es demasiado poder para el próximo Ejecutivo, lo que refleja las disfuncionalidades institucionales de una “excesiva concentración de poder”, que permitirá a un presidente y un partido, a razón únicamente de una coyuntura electoral, hacer designaciones decisivas y sin fiscalización.

A su juicio, urge la democratización del poder, lo que implica abrir las instituciones a la participación ciudadana, para que las designaciones no queden a discreción de los gobernantes de turno y sus intereses partidistas y económicos.

En tanto, el abogado Ernesto Cedeño consideró que, “definitivamente, el nuevo gobierno va a tener mucho poder, pero dependerá de nosotros los ciudadanos fiscalizar y vigilar que las cosas se hagan bien, sin abuso de poder y en el tiempo oportuno”.

Para Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, es “sumamente peligroso para la democracia que se haya roto el balance de poder” en el país.

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