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ALLEGADO AL GOBIERNO PIDE, A TÍTULO GRATUITO, UN TERRENO DE 3.4 HECTÁREAS FRENTE AL MAR

Nueva polémica por tierras

Quien gestiona la solicitud es Ricardo Chanis Correa, presidente de Epasa, socio de un hijo del presidente Ricardo Martinelli.

Aunque las tierras no están tituladas aún, Ricardo Chanis Correa, presidente del Grupo Editorial Epasa –que edita los diarios Panamá América, Crítica, Día a Día y PM– y allegado al presidente, Ricardo Martinelli, podría ser el próximo afortunado en recibir un terreno de 3.4 hectáreas de tierra, a título gratuito, en Costa del Este.

Este sería el segundo empresario cercano al mandatario que gestiona y se beneficia con terrenos frente al mar de manera gratuita, tal como ocurrió con la sociedad Segura Ventures, Inc., en la que una abogada de la inmobiliaria Btesh & Virzi hizo los trámites de inscripción en el Registro Público del terreno de Punta Paitilla, valorado en el mercado en unos $45 millones.

Chanis Correa es socio en el desarrollo inmobiliario playero denominado Casamar, de Ricardo Martinelli Linares, hijo del Presidente.

Martinelli Linares preside la sociedad que desarrolla el proyecto inmobiliario, mientras que Chanis Correa actúa como tesorero. Ambos estarán inaugurando el hotel Casamar Marriott Panamá Resort en 2013, que estará ubicado en San Carlos.

Empresas Casamar también la integra Nicolás Corcione, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá y de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

El día del anuncio de la construcción del hotel cinco estrellas, asistieron al evento el presidente Martinelli y el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino.

LAS TIERRAS

El diario La Estrella publicó ayer que Chanis Correa –también miembro de la junta directiva de la Caja de Ahorros– comenzó el proceso de titulación en el año 2002, pero que durante este gobierno el empresario ha logrado agilizar sus trámites de adjudicación, a pesar de que informes técnicos revelaron que había irregularidades, señala la nota periodística.

Una de estas irregularidades –dice el diario– es que el terreno es un “relleno de fondo marino que se produjo años atrás y que creó un bien patrimonial de la Nación”.

Asimismo, indica que en el reporte hecho durante una inspección llevada a cabo por topógrafos de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), el número de finca proporcionado en la documentación no pertenece al terreno solicitado. Pero estas anomalías no fueron consideradas por la directora de Titulación de Tierras de Anati, Anabelle Villamonte.

La Constitución Política señala, en su artículo 258, que se prohíbe ceder o concesionar tierras en rellenos sobre fondo de mar a particulares.

Aunque en el Registro Público, Chanis Correa no aparece como dignatario o representante legal de la sociedad solicitante –Inmobiliaria Punta Selcha–, sí es quien gestiona la titulación, a título gratuito, basándose en la Ley 80 que creó este gobierno. La sociedad se dedica al desarrollo urbanístico de propiedades, y su presidente es Allen Jackson Sellers Chanis.

Chanis Correa alega que el terreno pertenece a su familia y que llevan décadas tratando de titular el terreno (ver nota relacionada).

Este diario intentó obtener la versión de la Presidencia sobre la posible adjudicación del terreno a Chanis, pero no hubo respuesta.

CITACIÓN

Anoche, precisamente, un grupo de diputados de los partidos Panameñista, Molirena y Revolucionario Democrático propuso citar a Alejandro Castillero, administrador de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), para que explique ante este órgano del Estado el proceso que se usó para abrir camino a la titulación gratuita, a un allegado gubernamental, de un globo de tierra de más de 34 mil metros en Costa del Este, y del polémico terreno de Paitilla.

La iniciativa fue sustentada por el diputado del Molirena Jorge Alberto Rosas, quien enfatizó que la ley que creó la Anati nació con fallos sustanciales, ya que “facilita el abuso de los recursos del Estado y le da demasiadas facultades discrecionales al director para adjudicar bienes valiosos de la Nación”.

“No puede ser que el director de la Anati determine el avalúo de un terreno, si allí existen derechos posesorios y si los linderos son correctos”, argumentó el diputado.

Igualmente, sustentó que la citación busca identificar los predios que se han otorgado desde la entrada en vigencia de esa ley, para “conocer el monto de la posible lesión patrimonial que se ha hecho de buena fe o sin buena fe” y, de ser necesario, denunciar la situación ante el Ministerio Público, para que se anulen las inscripciones de tierras.

El discurso del diputado Rosas no ha variado, pues desde que se creó la ley de esta nueva institución, advirtió de futuras irregularidades.

Así, en acta que recoge la sesión del 4 de octubre de 2010 de la Asamblea Nacional, el diputado por el Molirena advertía sobre la importancia de contar con un control previo de la Contraloría General, que fue finalmente eliminado en el artículo 32 de la citada ley.

Cabe recordar que cuando esta ley llegó a la Asamblea, en septiembre de 2010, contó con el caluroso impulso del diputado de Cambio Democrático Sergio Gálvez. En aquel momento, Gálvez defendió la idea alegando que esa iniciativa legislativa “acabaría con aquellos mercaderes de las tierras”.

La propuesta para citar a Castillero fue respaldada, además del diputado Rosas, por sus colegas José Blandón, Luis Eduardo Quirós, Adolfo Valderrama y Leandro Ávila.

Solicitud

Por otra parte, en 10 días se cumple un mes de la solicitud que hizo La Prensa al administrador de la Anati para conocer el listado de los beneficiados con terrenos de la Nación. La entidad aún no ha respondido.

El pasado 26 de agosto, este medio sustentó su solicitud en la Ley 6 de 2002, conocida como “Ley de Transparencia”, tras lo sucedido con la cesión hecha por Villamonte, a título gratuito, a Segura Ventures. Un día después de la petición, un hombre, que se negó a identificarse, llamó a la Unidad de Investigación de La Prensa y, tras preguntar por el periodista Santiago Cumbrera, lanzó amenazas relacionadas con las investigaciones sobre los procesos de titulación, y alegó que “no permitiría que eliminaran la ley de Anati”.

´No estoy haciendo nada ilegal´

Ricardo Chanis Correa sudaba. Estaba ofuscado y lucía molesto.

Abanicaba cada documento con el que trataba de probar que una solicitud presentada a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), para que se le adjudicaran a su familia, a título gratuito, 3.4 hectáreas, no tenía vicios por la cercana relación que mantiene con el poder ejecutivo.

“Todo es legal”, repetía una y otra vez. Y seguía sacando documentos de un maletín de cuero que reposaba en el piso.

Él fue encargado, como apoderado legal de su familia, de titular un terreno ubicado en lo que hoy se conoce como Costa del Este, y cuyos derechos posesorios dice tener desde la década de 1920.

La historia es larga, según sus argumentos, y no cree que sea justo que se le compare con las “manzanas podridas” que tratan de sacar ventaja de la Ley 80, creada por el gobierno de Ricardo Martinelli para “ayudar” a las familias de escasos recursos.

Chanis Correa reconoce que es cierto que, a través de la Inmobiliaria Punta Selcha, comenzó las gestiones desde septiembre de 2010, basado en la Ley 80. Pero también afirma que estos terrenos son parte de un “restante” de una finca que su abuelo decidió no comercializar cuando vendió la mayor parte de la finca 19249, ubicada en Costa del Este.

No vendió una parte de las tierras porque “decía que eran como un filete”, refiriéndose al potencial del terreno que hoy está bajo el escrutinio público, por tratarse de un bien que incluye un supuesto relleno, entre cuyos beneficiarios está Chanis Correa, amigo de la familia presidencial.

De acuerdo con el empresario y abogado, se ha hecho ver que se trata de un relleno de fondo de mar, cuando en realidad es tierra firme que en algún momento fue pantanosa –frente al mar– y que poco a poco fue perdiendo humedad hasta terminar seca.

Parte de su historia quedó reflejaba en la solicitud de titulación que hizo a la Anati hace un año. En los documentos cuenta cómo, en 1990, tomaron la decisión de hacerle mejoras a la tierra, clasificada como el “resto libre” de la finca madre 19249, para su posterior comercialización. Por tratarse de un área que anteriormente servía como vertedero de la ciudad –y que era alquilada por sus antepasados–, primero removieron todo el material que allí se encontraba. De esta manera, su familia levantó todo el material posiblemente tóxico, y volvió a rellenar con tierra el mismo espacio existente.

Posteriormente nivelaron el terreno y siguieron haciendo varios trabajos por espacio de cinco años, lo que incluyó permisos municipales, ambientales y consultas públicas. Un largo proceso porque, además, el límite del terreno del lado del mar estaba bien definido. “No estoy haciendo nada ilegal”, refutó. Chanis Correa hizo una pausa tras su acalorada explicación y dio respuesta a unas cuantas preguntas:

¿En este momento le da ventaja agilizar un trámite porque está cerca del poder?

Para nada. Soy un ciudadano de esta República y soy abogado. Este terreno era de mi bisabuelo...

En el actual gobierno usted fue nombrado por Martinelli en la junta directiva de la Caja de Ahorros, es el presidente de un periódico relacionado con el mandatario, y es socio en el negocio inmobiliario Casamar, en el que también está la familia Martinelli. ¿No cree que esto despierta sospechas de que la gestión de su solicitud tiene preferencias?

No me gusta el trasfondo de la pregunta... Estoy aplicando la ley y no estoy inventando nada... No hice una solicitud en tres páginas, sino con fundamento de derecho, basado en los archivos de mi abuelo. Tengo un año de estar esperando mi titulación. ¿Qué influencia tengo si este trámite tiene un año?

En el gobierno se han dado fuertes divisiones políticas. ¿La ventilación de su caso obedece a una rivalidad entre bandos cercanos al poder?

Yo lo desconozco. Soy ingenuo en esas cosas; no soy político.

Yolanda Sandoval

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