Nuevas fortalezas

La base aeronaval de Rambala, en Bocas del Toro, una de las primeras que se instaló para combatir el narcotráfico. El costo y la eficacia de esas bases y la posible injerencia de Estados Unidos han generado críticas. LA PRENSA/Archivo. La base aeronaval de Rambala, en Bocas del Toro, una de las primeras que se instaló para combatir el narcotráfico. El costo y la eficacia de esas bases y la posible injerencia de Estados Unidos han generado críticas. LA PRENSA/Archivo.
La base aeronaval de Rambala, en Bocas del Toro, una de las primeras que se instaló para combatir el narcotráfico. El costo y la eficacia de esas bases y la posible injerencia de Estados Unidos han generado críticas. LA PRENSA/Archivo.

A finales de 2009, a meses de haberse instalado la administración de Ricardo Martinelli, en el seno del propio gobierno, la propuesta de crear bases aeronavales en varios puntos del territorio nacional había creado roces.

“Ni bases, ni policías, ni más cárceles solucionarán el problema de la inseguridad”. “No sé si el gobierno comparta este criterio, pero es mi opinión personal”, comentó el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.

El plan era una iniciativa del entonces ministro de Seguridad, José Raúl Mulino .

Se hablaba entonces de la instalación de cuatro bases aeronavales en las costas del Atlántico y del Pacífico.

Se establecerían en las islas Chapera y Coco, en el archipiélago de Las Perlas; en bahía Piña, Darién, y una cuarta en Boca de Rambala, Bocas del Toro.

Había versiones de que las bases eran promovidas por Estados Unidos. El ministro Mulino desmintió aquella información.

Organizaciones de trabajadores y estudiantes habían protestado, señalando que sí había injerencia estadounidense en el proyecto de las bases.

En diciembre, del proyecto inicial de cuatro bases, se había pasado a uno de 11 bases: seis en el Pacífico y cinco en el Caribe.

El 67% del presupuesto del ministerio (587 millones de dólares) para 2010 sería utilizado para seguridad, lo que incluía las citadas estaciones. Ese mes se había inaugurado la primera de estas, en la isla Chapera.

En marzo de 2010, el subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos (EU) para el Hemisferio Occidental, Frank Mora, visitó Panamá. Aunque su agenda no fue de acceso público, dejó claro que el motivo de su visita era la seguridad en una región amenazada por el narcotráfico, según EU.

Sobre las bases aeronavales, prefirió denominarlas “puestos de observación marítima”. Y aseguró que EU colaboraría con Panamá compartiendo información, y dando capacitación y adiestramiento a panameños.

Dos días más tarde, el 16 de marzo, Mulino admitió el apoyo de Estados Unidos pero aclaró que las estaciones aeronavales serían netamente panameñas.

Ese mismo mes, campesinos de Metetí, Darién, protestaron por la posibilidad de tener que abandonar sus tierras ante la construcción de una base aeronaval.

Por aquellos días, una agrupación pacifista de EU señaló tener documentos que apuntaban a la existencia de proyectos con participación del Comando Sur en Panamá que incluían la construcción de varias instalaciones “anti-narcoterrorismo”.

Pese a las negativas panameñas, el Gobierno de EU indicó que Panamá había pedido asistencia para la construcción de varias bases y que ambos Estados conversaban sobre futuros proyectos de este tipo.

Por el lado del Gobierno panameño se alegaba que gracias a las bases ya instaladas, los narcotraficantes se habían visto obligados a cambiar de rutas y estrategias.

Una de las bases, la del antiguo fuerte Sherman, en el Atlántico, serviría además de centro de control de los 19 radares adquiridos por Panamá a Italia, en una polémica negociación.

Voceros estadounidenses confirmaron en agosto de 2012 que Panamá recibía entre 10 millones y 12 millones de dólares en asistencia de seguridad, dentro de los que había fondos para el apoyo de las bases aeronavales.

A mediados de ese año, Mulino volvió a generar polémica tras el anuncio de la instalación de una base conjunta entre el Ejército de Colombia y fuerzas panameñas en la frontera común.

Para agosto de 2013, ya se habían construido ocho de las 19 bases proyectadas, a un costo de 30 millones de dólares

En octubre del año pasado, la organización no gubernamental estadounidense Council on Hemispheric Affairs (Coha) señaló la “remilitarización” de la fuerza pública panameña, aunque admitió que el proceso no había empezado con el pasado gobierno.

Más seguridad dentro de la casa

El gobierno de Juan Carlos Varela ha planteado, al menos en el papel, cambios sustanciales en el esquema de seguridad del país.

Así, a diferencia de su antecesor, parece querer hacer mayor hincapié en la seguridad interna, pese a que no se descuidarán los esfuerzos en materia de prevención y represión del narcotráfico y otros delitos internacionales. Hay cambios dentro de la Policía Nacional, entre los que se incluyen los directores de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección de Información Policial (DIP). También se anunció que se hace necesario el aumento del pie de fuerza de la Policía

para mejorar la seguridad en las calles. Además, se trabajará en una estrategia de inteligencia, a fin de

recuperar los territorios en manos de pandillas, donde luego se establecerá la

Policía comunitaria de forma permanente. En general, el nuevo esquema de seguridad apunta a la prevención.

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