VENEZUELA

ONU cuestiona violencia y al TSJ

La Fiscalía imputó ayer a un segundo general de la Fuerza Armada por supuestas violaciones de derechos humanos.

Hubo 62 estudiantes detenidos

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Manifestantes se protegen tras una valla de metal durante protestas que tuvieron lugar ayer en Caracas y otros puntos del país contra la represión gubernamental. Manifestantes se protegen tras una valla de metal durante protestas que tuvieron lugar ayer en Caracas y otros puntos del país contra la represión gubernamental.
Manifestantes se protegen tras una valla de metal durante protestas que tuvieron lugar ayer en Caracas y otros puntos del país contra la represión gubernamental. Iván Alvarado

La ONU consideró ayer viernes “muy preocupante” la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de prohibirle abandonar el país a la fiscal general Luisa Ortega, crítica con el régimen, y de congelar sus bienes mientras decide si la enjuicia.

“La decisión del Tribunal Supremo venezolano del 28 de junio (...) contra la fiscal general (...) es muy preocupante, al igual que la actual violencia en el país”, declaró en Ginebra el portavoz de la ONU para los derechos humanos, Rupert Colville.

Ortega, una veterana chavista, sorprendió al país al convertirse en una férrea opositora del presidente Nicolás Maduro.

Hace tres meses, esta abogada de 59 años sorprendió al país al denunciar la “ruptura del orden constitucional” en Venezuela a raíz de dos sentencias con las que el TSJ se adjudicó temporalmente las funciones del Parlamento, de mayoría opositora.

Fue el inicio de su divorcio del Gobierno. La fiscal general emprendió desde entonces una lucha judicial contra la asamblea constituyente convocada por Maduro y contra los propios magistrados del TSJ, cuya destitución solicitó, afirmando que ella nunca aprobó su designación -como exige la ley- en diciembre de 2015, cuando el chavismo controlaba el Parlamento.

El diputado oficialista Pedro Carreño le pidió al Supremo -acusado de servir al Gobierno- que enjuicie a Ortega y la destituya, alegando que “mintió” al decir que no había aprobado la selección de 33 magistrados, y solicitó evaluar su “salud mental”.

El TSJ decidirá el martes si la lleva a juicio. “Desde marzo, la fiscal general ha dado pasos importantes para defender los derechos humanos, documentando las muertes durante la ola de manifestaciones, insistiendo en la necesidad de celebrar juicios debidamente y la importancia de la separación de poderes, y pidiendo la liberación inmediata de las personas detenidas de forma arbitraria”, recordó Colville.

“Nos preocupa el hecho de que las decisiones del Tribunal Supremo parezcan ir encaminadas a retirarle el mandato y las responsabilidades” a la oficina de la fiscal, aseguró.

El relator especial de la ONU para la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, también criticó en Ginebra la decisión del TSJ respecto a Ortega.

“Este es otro paso más contra la institucionalidad democrática y la autonomía del Ministerio Público de Venezuela”, dijo.

El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra criticó las declaraciones de Colville. “Es lamentable que el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Rupert Colville, nunca manifieste ‘preocupaciones’ por la conducta terrorista de algunos sectores y actores de la oposición venezolana, pero con inusitada frecuencia objete el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas”, lamentó.

IMPUTACIONES

Entre tanto, la Fiscalía venezolana imputó ayer a un segundo general de la Fuerza Armada por supuestas violaciones de derechos humanos, informó el organismo.

Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ( Sebin), es sospechoso de “graves y sistemáticas violaciones” de los derechos humanos, según un boletín del Ministerio Público.

Ministro de Interior y Justicia hasta agosto de 2016, el oficial fue citado a una audiencia el próximo martes. Su imputación se conoce un día después de que la Fiscalía acusara por los mismos cargos al general Antonio Benavides Torres, quien hasta el pasado 20 de junio fue comandante de la militarizada Guardia Nacional.

Hubo 62 estudiantes detenidos

La cifra de estudiantes detenidos ayer en   Venezuela durante protestas opositoras asciende a 62, denunció un dirigente del alumnado de una de las principales universidades del país. Del total de arrestos, 29 se produjeron en Caracas, declaró a periodistas Daniel Ascanio, líder estudiantil de la Universidad Simón Bolívar, frente a la sede del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas. Allí, familiares de los jóvenes esperaban noticias ante un piquete de la Policía. Agentes policiales capturaron a los estudiantes tras una marcha que intentó llegar a la sede del poder electoral en Caracas, dispersada con bombas lacrimógenas y perdigones.

Videos publicados por la prensa muestran el instante en que los uniformados detienen a los manifestantes y  los meten esposados en el depósito de un camión en el que se filtró gas lacrimógeno.

Ascanio aseveró que dos de los familiares pudieron entrar a ver a los jóvenes.

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