VENEZUELA

ONU denuncia la represión

Un reporte de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos señala la situación crítica afrontada por opositores durante las protestas.

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Las autoridades reprimen a los manifestantes que participaban de una concentración en la avenida Francisco Fajardo, en Caracas, el 29 de mayo de 2017. Las autoridades reprimen a los manifestantes que participaban de una concentración en la avenida Francisco Fajardo, en Caracas, el 29 de mayo de 2017.
Las autoridades reprimen a los manifestantes que participaban de una concentración en la avenida Francisco Fajardo, en Caracas, el 29 de mayo de 2017. Archivo

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se preguntó ayer si la democracia en Venezuela “todavía estaba viva”, después de revelar un informe que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de utilizar la fuerza para “reprimir el disenso político e infundir temor en la población”.

Durante una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Al Hussein dijo que Maduro fue electo por el pueblo, pero que las recientes acciones por parte de su Ejecutivo “dan la sensación de que lo que quedaba de vida democrática” en el país “está siendo aplastado”, reportó AFP.

Para elaborar este reporte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) efectuó 135 entrevistas con víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, representantes de oenegés, periodistas, abogados, médicos, paramédicos y funcionarios del Ministerio Público, en ese momento liderado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz.

Varias entrevistas fueron realizadas a distancia y otras en Panamá, dado que el gobierno de Maduro no autorizó la presencia de observadores de ese organismo en el país, señala el texto.

Entre sus conclusiones, la Acnudh señala que la situación de los derechos humanos se tornó aun más crítica desde el pasado 1 de abril —fecha en la que comenzaron las protestas que de forma consecutiva se desarrollaron hasta inicios de agosto—, cuando aumentaron incluso más los niveles de represión por parte de los cuerpos de seguridad.

El informe detalla cómo guardias, policías y agentes de inteligencia hicieron un uso excesivo de la fuerza y aplicaron detenciones de manera arbitraria a aquellos que participan de las manifestaciones.

La Acnudh pudo constatar que durante su detención los opositores son objeto de malos tratos que podrían constituir tortura y violaciones del debido proceso por parte de las autoridades. Por ejemplo, más de 600 civiles fueron juzgados bajo la jurisdicción militar, detalla el documento.

Los relatos de las víctimas y testigos permiten al organismo señalar que la Policía y la Guardia Nacional llegaron a usar gases lacrimógenos y otras armas menos letales como perdigones de plástico. Igualmente, documentó el uso de la fuerza letal contra los manifestantes —124 muertos—, basado en los informes levantados por el Ministerio Público. Según los registros, las fuerzas del orden son responsables de al menos 46 decesos.

En cuánto a los detenidos, el reporte cita los registros de la oenegé Foro Penal Venezolano que, para la fecha del informe — la recolección de datos cerró el 31 de julio— reportaba 5 mil 51 detenciones por protestar, de las cuales, mil 300 personas continuaban en las cárceles, 410 eran menores de edad.

La Oficina del Alto Comisionado advirtió que algunas detenciones podrían constituir una desaparición forzada, ya que las autoridades se negaron a confirmar el paradero de las personas.

También se detectó un aumento en la estigmatización y persecución a aquellos que son considerados opositores por parte del gobierno. Asimismo, 90 ataques físicos y 44 intimidaciones a diputados de la Asamblea Nacional; y el cierre de 24 estaciones de radio durante el período del informe.

Se afirma que el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo elevado por el agravamiento de la crisis económica y social y un aumento de la polarización en el país, especialmente tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el pasado 30 de julio.

Algunas de las recomendaciones que el organismo lanzó fueron poner fin a la aplicación de la jurisdicción militar a los civiles y velar porque estos solo juzguen a militares activos; poner fin a los allanamientos ilegales de viviendas; y aplicar un plan efectivo y cuantificable para desarmar a los “colectivos”.

En respuesta, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, aseguró que el informe “busca justificar una intervención foránea (...) y contribuir al tan anhelado propósito imperial de destruir las instituciones democráticas”.

El informe se hizo público un día después de que la ANC declaró“traidores de la patria” al bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática, a cuyos dirigentes acusa de haber apoyado e impulsado las sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos el pasado 25 de agosto. En un decreto publicado en la Gaceta Oficial, la ANC solicitó investigar a los líderes opositores y enjuiciarlos.

En tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la decisión y afirmó que esta es la más reciente muestra del esfuerzo de Maduro de sembrar el temor en sus críticos.

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