EVASIÓN FISCAL

La ONU pide a Panamá controles más sólidos

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El informe da cuenta de 90 bancos operativos en el país, la mayoría de estos con licencia para llevar a cabo operaciones nacionales e internacionales. El informe da cuenta de 90 bancos operativos en el país, la mayoría de estos con licencia para llevar a cabo operaciones nacionales e internacionales.
El informe da cuenta de 90 bancos operativos en el país, la mayoría de estos con licencia para llevar a cabo operaciones nacionales e internacionales. Archivo

Aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) admite los esfuerzos de Panamá para aumentar la transparencia en su plataforma de servicios financieros, considera esencial que se establezcan regulaciones y “mecanismos de rendición de cuentas más sólidos”.

Así consta en un informe del Consejo de Derechos Humanos, que será presentado en Ginebra el 26 de este mes.

La ONU insta a Panamá a tipificar como delito la evasión fiscal y a establecer mecanismos eficientes de diligencia debida dentro del sector bancario.

ONU OBSERVA DÉBIL REGULACIÓN FINANCIERA

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) insta a Panamá a tipificar como delito del Código Penal la evasión fiscal y a establecer mecanismos eficientes y sólidos de diligencia debida dentro del sector bancario.

Estos son algunos de los señalamientos que el Consejo de Derechos Humanos hará al país en un informe que se presentará en Ginebra (Suiza) el próximo 26 de febrero y que La Prensa obtuvo de forma exclusiva.

El relator de la ONU, Juan Pablo Boholavsky, visitó Panamá en mayo de 2017, con el objetivo de evaluar las políticas fiscales y financieras adoptadas para incrementar la transparencia y examinar ciertos proyectos de infraestructura que podían tener efectos negativos en los derechos humanos.

Bajo esta óptica, la ONU exhorta a Panamá a estudiar detenidamente el papel que juegan las entidades bancarias y financieras en los flujos de dinero que los instrumentos societarios facilitan.

Si bien es cierto que muchas transacciones financieras ejecutadas por compañías formalmente creadas en Panamá se llevan a cabo en jurisdicciones extranjeras, habida cuenta que más del 40% de los activos financieros del sector financiero panameño son prestados en el extranjero, será absolutamente esencial que cualquier estrategia nacional orientada a reducir los fondos ilícitos se incorpore al sector bancario”, dice el informe.

El documento evidencia que la participación global de los bancos en las estrategias abusivas de planificación fiscal para las empresas trasnacionales en todo el mundo quedó confirmada por el creciente número de entidades financieras investigadas o sancionadas por haber ayudado a corporaciones y clientes adinerados a cometer fraudes fiscales.

Por ello, el experto de la ONU alienta a la Superintendencia de Bancos a ampliar “ el alcance y la naturaleza de la información disponible públicamente, ofreciendo el expediente completo, incluidas las investigaciones y sanciones impuestas a las entidades que supervisa, así como las razones de tales investigaciones y sanciones”.

La Superintendencia de Bancos ha decidido hacer públicas las sanciones que aplica a los bancos a los cuales se les comprueba falta de rigor en la aplicación de normas y leyes. Sin embargo, el detalle de las investigaciones es bastante restringido.

“Este paso también puede aumentar la confianza en la rendición de cuentas de todos los actores, independientemente de su posición económica”, añade el informe.

De esta forma, resuelve que Panamá necesita fortalecer la dimensión fiscal de la diligencia debida, especialmente del sector bancario. “Más allá del volumen real del impuesto evadido al Estado panameño –dado el principio de territorialidad en que se basa su sistema tributario–, existen obligaciones extraterritoriales de no propiciar impactos fiscales en otras jurisdicciones”, destaca.

Además, hace referencia a “los costos de reputación” derivados del escándalo de la firma Mossack Fonseca e invita al país a conducir “ un debate nacional acerca del tipo de inversión que conviene atraer al país y con qué propósito”.

Asimismo, la ONU señala que, para implementar efectivamente las reformas encaminadas a mejorar la transparencia fiscal y financiera en el país, es preciso fortalecer la gobernanza. “ Debe establecerse una legislación clara y sólida sobre los conflictos de intereses para asegurar la autonomía y la independencia de los reguladores y los supervisores sectoriales y de los responsables de la toma de decisiones”, acota.

La ONU da cuenta del proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional para regular ese aspecto, pero afirma que la legislación debe “ garantizar la inclusión efectiva de los principios pertinentes aplicables en ese ámbito, como la separación de poderes, la legalidad, la publicidad de los actos administrativos, la imparcialidad y la eficiencia”.

EVASIÓN FISCAL

Otro de los requerimientos clave de la ONU para Panamá es la tipificación como delito de la evasión fiscal. En el documento, el experto reconoce los esfuerzos del país por incrementar la transparencia en su plataforma de servicios financieros, pero apremia a “ cerrar esa brecha del ordenamiento jurídico panameño, y establecer una regulación y mecanismos de rendición de cuentas más sólidos”.

Si la evasión de impuestos, el fraude fiscal y la asistencia prestada para estos fines en ciertas circunstancias graves se consideran constitutivos de delito, los intermediarios financieros y profesionales del sector tendrían la obligación de reportar las transacciones sospechosas desde el punto de vista tributario”, indica.

El informe no toma en cuenta que el Consejo de Gabinete aprobó en diciembre de 2017 el proyecto de ley que busca establecer la defraudación fiscal como delito.

En la actualidad, la evasión fiscal es una falta administrativa y el proyecto presentado en la Asamblea Nacional “tiene como objetivo proteger el sistema financiero del país y servicio logístico panameño que no sea utilizado para llevar a cabo actividades ilícitas de evasión fiscal”, según dijo en su momento el ministro de Economía, Dulcidio De La Guardia.

El informe de la ONU, por su parte, también pone de manifiesto que “el principio ‘conozca a su cliente’ actualmente excluye el requisito de que se respeten el estatus y las obligaciones fiscales en el país o en el extranjero”.

En esta línea, la ONU afirma que el establecimiento de sanciones penales para la evasión de impuestos debe ser parte de una estrategia integral que debe incluir “ a todas las dimensiones relevantes de la economía, en especial, a los sectores bancario, inmobiliario, los intermediarios financieros y no financieros, las firmas de contadores y abogados, las zonas francas, tanto en las actividades internas como internacionales”.

La ONU cita las investigaciones penales que están en curso en el país “ contra quienes han creado, promovido, administrado y se han beneficiado del sistema amañado descubierto por los papeles de Panamá” y concluye que “se han limitado a unos pocos abogados”.

Además, subraya que “ no son perseguidos por su rol en el sistema de facilitación de la defraudación fiscal y las actividades conexas en Panamá, sino por su presunto involucramiento en actividades de lavado de dinero junto con otros delitos cometidos en el extranjero”, como la operación Lava Jato.

En el caso específico de las firmas de contadores, reclama mayores controles, porque, según destaca el organismo internacional, con la regulación actual “ pueden ocultar deliberadamente los vínculos entre oficinas y personal de distintas jurisdicciones con el fin de proteger a sus clientes de las investigaciones de los reguladores”.

La ONU hace hincapié en la necesidad de que Panamá ponga en marcha la firma de tratados bilaterales para el intercambio de información fiscal que cubran todos los países con los que el país mantiene relaciones comerciales significativas.

El país, por su lado, se ha comprometido a adherirse al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (MCAA, por sus siglas en inglés) para ampliar la red de países con los que intercambiará información financiera de manera automática a partir de 2018, lo que facilita los acuerdos bilaterales.

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