COMPAÑERO DE GUSTAVO PÉREZ SE MOSTRÓ EXTRAÑADO DE QUE NO LO HAYAN INCLUIDO EN PROCESO DE REINTEGRO

Ocálagan también exige pago

El fallo de la Sala Penal que dio un sobreseimiento provisional a Gustavo Pérez en 2010, no se refiere a su restitución ni al pago de los salarios caídos.

David Ocálagan, teniente dado de baja de las extintas Fuerzas de Defensa, anunció ayer que con la decisión del Ministerio de Seguridad de reintegrar y reconocer los salarios caídos a su compañero y actual director de la Policía Nacional (PN), Gustavo Pérez, él también solicitará que se le reconozcan esos beneficios.

Ocálagan fue dado de baja el 22 de marzo de 1990, en el mismo proceso disciplinario por el cual Pérez salió de las Fuerzas de Defensa.

El exteniente detalló que apenas se enteró del caso de su compañero, dio instrucciones a su abogado con el fin de que empiece un proceso para su reintegro a la PN; se le devuelva su rango y se le paguen los salarios caídos en los últimos 21 años.

“Ambos fuimos dados de baja en la misma resolución y tengo los mismos derechos que Gustavo Pérez, aunque no tengo ningún tipo de influencia política”, dijo ayer en entrevista con este diario.

Aseguró no entender por qué el Ministerio de Seguridad tomó la decisión de reconocer los salarios caídos a Pérez y a él no, ya que, como se dijo, ambos fueron dados de baja por la misma causa, el mismo día y mediante la misma resolución.

Ocálagan es hoy día dirigente de los pacientes que sufren de insuficiencia renal crónica.

¿Base legal?

El 3 de septiembre de 2010, la Sala Penal de la Corte Suprema dictó un fallo en el que le concedió a Gustavo Pérez un sobreseimiento provisional por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 1989 durante la invasión estadounidense.

Esos hechos se referían a un supuesto plan de la Unidad Especializada Antiterror de las Fuerzas de Defensa (Uesat), a la que pertenecían Pérez y Ocálagan, para secuestrar a turistas estadounidenses alojados en el hotel Marriot.

En sus declaraciones iniciales, ambos exoficiales negaron la existencia de ese supuesto plan y toda vinculación con los hechos.

Pero mediante oficio del 8 de abril de 2010, la entonces secretaria general del Ministerio Público, Nedelka Díaz, remitió al Segundo Tribunal Superior la copia de un documento en el que se señala que en la investigación preliminar hecha por la Fiscalía Auxiliar se indagó a Pérez y Ocálagan por la aprehensión física del periodista estadounidense Jonathan Meyerson en el mismo hotel Marriott.

Por falta de pruebas, sin embargo, la Sala Penal de la Corte, con ponencia del magistrado Jerónimo Mejía, dio el sobreseimiento provisional a Pérez. Y aunque en el cuerpo del fallo se menciona a Ocálagan, en la parte resolutiva no se le incluye.

Reacciones

En este sentido, el abogado y profesor de la Universidad de Panamá Ernesto Cedeño envió ayer un comunicado a La Prensa, en el que precisó que el fallo de la Sala Penal no cierra el caso contra Pérez y Ocálagan definitivamente y, además, que el sobreseimiento no se extiende jurídicamente a la anulación del acto administrativo de sus destituciones.

Asimismo, detalló que en la sentencia no se menciona una orden para pagarles salarios caídos.

Opinó que si en este caso se pagan salarios caídos sin que haya una decisión de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte respecto de la ilegalidad de la destitución, “se podría patentizar una lesión al patrimonio del Estado”, sancionable para el infractor.

Por su parte, el exprocurador de la Nación Rogelio Cruz, que fue uno de los testigos dentro del proceso seguido a Pérez a partir de denuncias periodísticas en 2010, confirmó que al haber un sobreseimiento provisional el caso no está cerrado, y que si no hubo una orden directa para reintegrar a Pérez, esto no se puede hacer.

Precisó que en estos casos se hace necesario presentar un proceso de plena jurisdicción ante la Sala Tercera, en el que se declare ilegal la destitución, se ordene su reintegro y el pago de salarios.

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, confirmó este sábado el reintegro de Pérez a la policía con rango de teniente, basado “en una orden de la Corte”.

No obstante, el ministro no detalló si dicha “orden de la Corte” es el referido fallo de la Sala Penal o un dictamen de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Si se tratase de este último caso, no hay copia del fallo en el Registro Judicial ni en la Gaceta Oficial, archivo en el que, además, tampoco hay ningún decreto o resuelto administrativo que se refiera al tema en 2010 o 2011.

El propio Pérez, por su parte, declaró el sábado en Colón que su reintegro se dio tras el sobreseimiento que dictó la Sala Penal, luego de una investigación solicitada por personas sin vinculación con él, para conocer las razones de su salida de la institución armada en 1990.

Ayer se le pidió al Ministerio de Seguridad copia del fallo en el que se basó el reintegro de Pérez, y de la orden para esto último, pero se indicó que la petición sería revisada durante el día de hoy.

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