Más panameños podrían estar implicados

Odebrecht, en manos del Segundo Tribunal Superior de Justicia

La procuradora Kenia Porcell afirmó que espera que les adecúen ‘los términos de la ley para seguir investigando’.

Abogan para que el Ministerio Público investigue la donación que recibió el Partido Panameñista a través de Jaime Lasso.

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Caso Odebrecht. Caso Odebrecht.
Caso Odebrecht. LA PRENSA

Aunque la investigación por los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá se afianza después de que un juez penal validara las confesiones de tres directivos de la constructora, todo el proceso depende ahora del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

En esa instancia está la apelación que la Fiscalía Especial Anticorrupción presentó contra el fallo de la jueza suplente Duodécima Penal, Lania Batista, que ordenó el cierre de la investigación.

El excontralor Alvin Weeden espera que los magistrados del Segundo Tribunal revoquen el fallo de la jueza suplente. “En sus manos está la justicia del país”, advirtió.

La exprocuradora y diputada Ana Matilde Gómez remarcó que, a partir de las delaciones de André Rabello, Olivio Rodrigues Junior y Luiz Da Rocha Soares, “se abre la posibilidad de nuevas rutas de investigación, con nuevas figuras de delitos y vinculados”.

En ese sentido, la procuradora Kenia Porcell aseguró que si la investigación continúa, “vamos a ver a más panameños implicados”.

Olga de Obaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional (Panamá), añadió que las confesiones de los delatores “no son conjeturas. Son hechos comprobados, con cheques, con documentos”.

'SE ABRE UN ESPACIO PARA SEGUIR CON OTROS PROCESOS'

Diferentes voces se alzaron ayer, un día después de que se celebrara la audiencia pública donde el Juzgado Duodécimo Penal validó tres acuerdos entre la Fiscalía Especial Anticorrupción y delatores de Odebrecht, diligencia que dejó al descubierto la manera como la constructora brasileña sobornó a funcionarios y particulares entre 2010 y 2014.

El excontralor Alvin Weeden, quien en su momento presentó la denuncia ante el Ministerio Público para que investigara el uso del sistema bancario local para fines ilícitos por parte de Odebrecht, dijo que quedó demostrado “que estábamos sometidos a un sistema político tan corrupto y generalizado que usaba testaferros familiares para esconder o para transponer los fondos mal habidos producto de las coimas”.

“Si bien ya se sabían estos actos, lo que no se conocía eran los detalles de las cantidades, los testaferros y toda la estructura que estaba detrás. Debemos felicitar al Ministerio Público [MP] por su dedicación a un caso tan corrupto como el caso Odebrecht”, añadió.

Durante la audiencia, André Rabello, Olivio Rodrigues Junior y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, tres de los hombres de Odebrecht que trataron con autoridades y particulares panameños, dieron a conocer que los hijos del expresidente Ricardo Martinelli recibieron pagos por más de $50 millones a través de sociedades offshore de distintas jurisdicciones.

Ciudadanos protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia en momentos en que se realizaba la audiencia para homologar acuerdos con Odebrecht. Expandir Imagen
Ciudadanos protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia en momentos en que se realizaba la audiencia para homologar acuerdos con Odebrecht. LA PRENSA/Ana Rentería

De acuerdo con Rabello, también recibieron pagos los exministros José Domingo Arias ($10 millones), Frank De Lima ($7 millones), Demetrio Jimmy Papadimitriu ($4 millones) y Jaime Ford ($1.8 millones), entre otros.

Otros sectores abogan por que se le ponga la lupa a la manera como operó Odebrecht en los gobiernos del perredista Martín Torrijos (2004-2009) y en el del actual presidente Juan Carlos Varela.

“Si bien es cierto que se revelaron nombres, organizaciones, estructuras financieras, sociedades y bancos, creo que el acuerdo se limito solo a un período, y se deben investigar los tres períodos [Torrijos, Martinelli y Varela]”, pidió el abogado Carlos Herrera Morán.

La exprocuradora y diputada independiente, Ana Matilde Gómez, indica que con esta investigación “se abre un espacio para seguir con otros procesos”. Dijo que el MP tiene todo un universo de posibilidades para reabrir el expediente del exembajador de Panamá en Corea del Sur Jaime Lasso.

En la audiencia, la fiscal Anticorrupción Zuleyka Moore contó que Lasso fue investigado en el gobierno pasado por la exprocuradora Ana Belfon, y el caso fue archivado. Lasso recibió $700 mil de Odebrecht, a través de la fundación Don James, dinero que según reveló fue a parar al Partido Panameñista para la campaña presidencial de 2009. Lasso también recibió al menos $1.4 millones en la sociedad Poseidón y otra cantidad indeterminada en V-Tech.

Otros que se pronunciaron fueron los dirigentes de los partidos políticos.

“Todo lo actuado en este caso ha tenido una clara manipulación desde las esferas del poder político. El Ministerio Público no investigó ni colaboró con otros países hasta que llegó información desde el extranjero, mientras Odebretch seguía contratando miles de millones con el gobierno del presidente [Juan Carlos] Varela”, aseguró el diputado Pedro Miguel González, secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Agregó que “la fiscal toma una decisión ex profeso para agotar de forma rápida el periodo de investigación. Todo ha sido una charada, una obra teatral dirigida desde San Felipe, con el único propósito de que prevalezca la impunidad y la corrupción”.

José Luis Varela, presidente del oficialista Partido Panameñista, cataloga el proceso de “histórico”. “Un precedente único en la historia del país donde se ha podido desmantelar una red de corrupción a los niveles más altos. (...) Este es un proceso que está empezando con la investigación a los panameños y falta mucho todavía, toca respetar los tiempos del Ministerio Público para que al final se sepa toda la verdad”, añadió.

Juan Carlos Arango, presidente del también oficialista Partido Popular, manifestó: “Creo que ha habido un avance en el caso Odebrecht, pero muy lento, no a la velocidad y contundencia que necesita el país”.

Richard Morales, del Frente Amplio por la Democracia, manifestó que aunque no se puede desestimar la importancia de la información revelada, “el hecho de que sea solo un fragmento de una trama mucho más extensa, ha dejado un profundo malestar en la población, puesto que haber limitado los montos y responsables contribuye a reforzar la idea de que están encubriendo y protegiendo a políticos y empresarios ”.

En tanto, Rómulo Roux, secretario general de Cambio Democrático (CD) y exministro para Asuntos del Canal en el gobierno de Martinelli, manifestó que ni él ni su partido se oponen a las investigaciones, pero advirtió que “para combatir la corrupción se requiere que la justicia sea objetiva, no puede haber selectividad. Se debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia de todos ”.

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