CONTRATACIONES PÚBLICAS Y PROCESOS JUDICIALES

Odebrecht podrá seguir contratando con el Estado

Ni el Ejecutivo ni el Legislativo han puesto impedimento para que la constructora pueda licitar; ahora un juez refuerza esa postura.

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Óscar Carrasquilla, titular del Juzgado Duodécimo Penal. Óscar Carrasquilla, titular del Juzgado Duodécimo Penal.
Óscar Carrasquilla, titular del Juzgado Duodécimo Penal. Archivo

Odebrecht tiene la vía despejada para seguir licitando con el Gobierno de Panamá.

El Juzgado Duodécimo Penal, a cargo del juez Óscar Carrasquilla, admitió un recurso de la constructora para que se certifique que no está inhabilitada para licitar o contratar con el Estado, en virtud del acuerdo de colaboración eficaz firmado entre la compañía y la Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga los sobornos que la empresa pagó en Panamá.

En una sentencia del 28 de diciembre pasado, Carrasquilla ordenó remitir oficios a instituciones públicas y privadas dejando constancia de que Odebrecht, S.A., al igual que sus afiliadas Constructora Norberto Odebrecht de Panamá, S.A. y Constructora Norberto Odebrecht, S.A., han cumplido con lo estipulado en el acuerdo y que únicamente tienen pendiente la cancelación de la multa impuesta ($220 millones) por lo que pueden contratar con el Estado.

Carrasquilla dice en el fallo que el juzgado corrió traslado a la Fiscalía Especial Anticorrupción sobre la petición de Odebrecht, y esta agencia judicial después de recordarle lo pactado el 26 de julio de 2016 con la constructora, le comunicó que “no encuentra objeción” para que se acceda a la petición de Odebrecht.

El juez también argumentó que el “mencionado acuerdo se enfoca además en la preservación de las operaciones de la empresa (...)”.

Otro de los argumentos que plantea Carrasquilla es que el 9 de noviembre de 2017 se homologó el acuerdo de colaboración eficaz entre la constructora y la Fiscalía Especial Anticorrupción. El 6 de diciembre pasado la compañía participó en una reunión convocada por Tocumen, S.A., relacionada con licitaciones de proyectos.

GANAR MILLONES

Durante los tres últimos gobiernos, Odebrecht consiguió contratos que sobrepasan los $9 mil millones, y a juzgar por sus últimos movimientos en los tribunales, la empresa que admitió haber pagado al menos $90 millones en sobornos en Panamá, quiere seguir engrosando su cartera en el istmo.

Antes de que terminara el año 2017, los abogados de la firma brasileña presentaron una solicitud especial ante el Juzgado Duodécimo Penal, el mismo que avaló su acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga los sobornos. El propósito del recurso era que el juez Óscar Carrasquilla certificara que Odebrecht, y sus afiliados Constructora Norberto Odebrecht de Panamá, S.A. y Constructora Norberto Odebrecht, S.A., no se encuentran inhabilitados para licitar o contratar con el Estado panameño.

Oswaldo Fernández, abogado que presentó la acción legal en nombre de la compañía, sustentó que desde finales de 2016 la empresa mostró intención voluntaria ante el Ministerio Público de colaborar con la Fiscalía Especial Anticorrupción para llegar a un acuerdo de colaboración eficaz en el que se comprometían a brindar “información esencial” en la investigación, además de resarcir pecuniariamente al Estado.

Expuso además que el 9 de noviembre de 2017 se celebró una audiencia por medio de videoconferencia en la que se homologó el acuerdo de colaboración eficaz y se ordenó el archivo del expediente de la compañía. En el mismo, agrega, Odebrecht se comprometió a pagar una multa de $220 millones y dijo estar dispuesto a seguir colaborando con la investigación.

Argumentó, además, que el acuerdo se enfoca también en la preservación de las operaciones de la empresa para efectos sociales y económicos, por eso, solicita que envíe un documento a “una serie de instituciones públicas y privadas”, en que se les indique “lo resuelto en el acuerdo”. “Es decir, que el grupo económico Odebrecht no se encuentra inhabilitado para licitar o contratar con el Estado panameño”, agregan.

LO QUE DIJO EL JUEZ

En el auto 286 del pasado 28 de diciembre, el juez Carrasquilla sustenta que se le corrió traslado sobre la solicitud de la constructora a la Fiscalía Especial Anticorrupción y esta les manifestó que el 26 de julio de 2017 suscribió el acuerdo eficaz con la compañía, al igual que “con la persona conocida como colaborador número 1”, por lo que “no encuentra objeción para que se acceda a la petición planteada por los apoderados judiciales de Odebrecht”.

Carrasquilla también hace un recuento de lo pactado en el acuerdo y menciona la multa que debe pagar la constructora, y termina diciendo: “por lo anterior se evidencia que la mencionada empresa ha cumplido con lo estipulado en el acuerdo, quedando únicamente pendiente la cancelación de la multa impuesta, pero para ello se le ha otorgado el plazo de 12 años para su cancelación. Es con base en estas circunstancias que la decisión de este tribunal es la de admitir la solicitud especial presentada a favor de Odebrecht, S.A., Constructora Norberto Odebrecht de Panamá, S.A. y Constructora Norberto Odebrecht, S.A.”.

A la vez, el juez ordena remitir los oficios correspondientes. La decisión del juez ya fue publicada en el edicto 23 del pasado viernes 5 de enero de 2018.

ACERCAMIENTOS

El pasado 6 de diciembre, personal de la empresa brasileña participó en reuniones convocadas por Tocumen, S.A. dentro de la etapa de homologación para licitar dos contratos de infraestructura en la terminal aérea.

Un día después de que se diera a conocer la noticia, la Dirección General de Contrataciones Públicas advirtió de que la compañía debe abstenerse de participar en licitaciones estatales. Así lo manifestó el director de esa entidad, Luis Corro. En ese momento, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, advirtió de que como presidente de la junta directiva de Tocumen, S.A., votaría en contra de la adjudicación de obras a Odebrecht.

Por esos días, Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, recomendó a las autoridades que aclararan cuál era la situación real de la compañía en relación con futuras licitaciones.

Este medio le consultó ayer a De la Guardia sobre el fallo del juez, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

EN OTROS PAÍSES

En Ecuador, donde la compañía habría distribuido $33.5 millones en sobornos (2007-2016), la compañía fue expulsada el año pasado.

El Gobierno de Perú, país donde ejecutivos de la compañía confesaron haber distribuido al menos $29 millones para obtener contratos, decretó la inhabilitación perpetua para que las empresas implicadas en corrupción no ganen contratos con el Estado.

“No habrá más corruptos trabajando para el Estado. Ya se puede establecer la inhabilitación perpetua o muerte civil. Será requisito para trabajar con el Estado y causal de destitución haber sido sentenciado por delito de corrupción o admitido, como el caso de Odebrecht”, dijo entonces la ministra de Justicia, María Pérez Tello, en rueda de prensa.

En países como Estados Unidos y Brasil, Odebrecht no está inhabilitada para contratar.

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