PAGO DE SOBORNOS EN PANAMÁ

Odebrecht seguirá cooperando con el Ministerio Público

En la audiencia pasada, la fiscal Zuleyka Moore argumentó que la empresa va a seguir aportando información sobre las coimas.

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La fiscal Zuleyka Moore representó al Ministerio Público en la audiencia celebrada el pasado 9 de noviembre en la sala de casación de la Corte. La fiscal Zuleyka Moore representó al Ministerio Público en la audiencia celebrada el pasado 9 de noviembre en la sala de casación de la Corte.
La fiscal Zuleyka Moore representó al Ministerio Público en la audiencia celebrada el pasado 9 de noviembre en la sala de casación de la Corte. Archivo

Si el Segundo Tribunal Superior Penal decide ajustar el plazo a la Fiscalía Especial Anticorrupción para que siga investigando los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá, las fiscales podrán seguir recolectando información sobre la constructora brasileña relacionada con otros periodos de gobierno, y otros personajes.

Así lo explicó ayer el fiscal superior de la Sección de Investigación de la Fiscalía Metropolitana, Orison Cogley, a quien el Ministerio Público (MP) encargó la vocería de todo lo relacionado con la audiencia del pasado 9 de noviembre, en la que el juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, validó tres acuerdos de colaboración eficaz con exejecutivos de Odebrecht.

“La empresa brindó colaboración y se comprometió a seguir brindando colaboración y, en efecto, lo está haciendo. En ese caso no estamos limitados”, afirmó Cogley, quien añadió que esta cooperación es parte del compromiso pactado entre el MP de Panamá con su par de Brasil.

‘EL CASO NO ESTÁ ARCHIVADO’: FISCAL

Orison Cogley, fiscal superior de la Sección de Investigación de la Fiscalía Metropolitana, desestimó la tesis de abogados locales que advierten que si el Ministerio Público obtiene información relevante sobre las coimas que pagó Odebrecht en Panamá “no podrían utilizarla, porque ya se archivó el caso”.

Cogley explicó que tal planteamiento no se apega a la realidad, y manifestó que lo que no se podría investigar son los mismos hechos, porque se entraría en “doble juzgamiento”, aunque de existir nuevos elementos, se tendrá que abrir un nuevo caso.

Por ahora, el principal escollo que tiene el Ministerio Público para continuar las pesquisas es el fallo del Juzgado Duodécimo Penal que negó adecuar los plazos de la investigación, sentencia que fue apelada por la Fiscalía Especial Anticorrupción y cuyo desenlace está en manos de los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

De hecho, el pasado 9 de noviembre, en la audiencia en la que el juez duodécimo penal, Óscar Carraquilla, validó tres acuerdos de colaboración pactados entre la Fiscalía Especial Anticorrupción y los exejecutivos de Odebrecht André Rabello, Olivio Rodrigues Junior y Luiz Eduardo Soares, la fiscal Zuleyka Moore reveló que ha recibido más información de parte de delatores brasileños relacionada con el pago de coimas. Esta documentación abarca los sobornos pagados por la constructora brasileña en 2007, cuando Martín Torrijos gobernaba el país, pero debido a que la jueza suplente Lania Batista puso freno a la pesquisa no han podido analizar este material.

El fiscal Cogley completó esta parte, argumentando que en “el acuerdo de colaboración con Odebrecht se dejó plasmado que la constructora está anuente a la colaboración posterior”.

ACCIÓN PENAL

Otro de los argumentos que rebatió el fiscal es que “el caso no está archivado”, tal como lo afirman gremios de abogados del país. En este punto, Cogley explicó que en los acuerdos se declaró una abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público contra los colabores. Previo a esta decisión, hubo lo que se denomina una “ruptura procesal”, y lo explicó de la siguiente manera: “es decir, que a ellos [Rabello, Rodrigues y Soares] se les saca del expediente, pero todo lo demás sigue”.

Descartó que existan vicios de inconstitucionalidad en relación con la causa seguida a la empresa, y tildó de “irresponsables” a quienes alegan que Constructora Odebrecht y Constructora Odebrecht Panamá, S.A., no están imputadas en el expediente. “Ellos [los abogados que defienden esa teoría] no conocen el expediente, porque las empresas están imputadas. Es irresponsable aseverar algo que no es real. Las empresas fueron imputadas, si no, no se hubiera hecho acuerdo con ellas”, añadió.

Cogley desestimó, además, la teoría de juristas que advierten que el Ministerio Público debió decretar una suspensión provisional del caso hasta que los imputados locales rindieran declaración en un juicio.

Aquí explicó que en este caso “la suspensión no deviene de ellos, porque con ellos no se ha hecho acuerdo”, es decir, que no se pueden atener a las posibles acciones que ellos tomen dentro de la causa. O sea que pueden hablar o guardar silencio. “Eso es supeditar a algo que no se sabe. Es como comprar una póliza de vida sin saber si yo me voy a morir hoy o mañana”, planteó.

EL CONTRADICTORIO

Cuando se le consultó si el Ministerio Público puede solicitarle información adicional a alguno de los colaboradores brasileños, luego de validados los acuerdos, manifestó que ellos brindaron la colaboración que tenían, datos que fueron corroborados por la Fiscalía Especial Anticorrupción, y de allí se conformaron los tomos que se llevaron a la audiencia del pasado 9 de noviembre. En estos tres procesos (Constructora Internacional del Sur, Odebrecht-Suiza y pago de soborno a Carlos Ho González, exdirector de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas) “ya ellos brindaron todo lo que sabían”, sin embargo, destacó que tanto los delatores como la empresa podrían aportar información para otros procesos.

Recordó que Rabello, Rodrigues y Soares cumplen penas en su país, y Brasil no extradita a sus nacionales.

Cuando se le consultó sobre lo que dispone el artículo 220 del Código Procesal Penal, que permite la comparecencia del imputado (en este caso los delatores) como testigo principal de cargos, manifestó, “que es una posibilidad” pero que no se tiene ninguna garantía.

Explicó que en estos casos se aplicó el artículo 24 de la Ley 4 de 2017, sobre acuerdos de pena, que permite la ruptura de la unidad procesal del imputado.

Sobre la posibilidad de contactarlos por videoconferencia, contó que la empresa es la que tiene otro tipo de información. “A ella es a la que se le requiere, y existe el compromiso de que sigan colaborando”, explicó, luego de agregar que los colaboradores no están obligados a volver a hablar.

“A quien le conviene que la investigación continúe es a la defensa [de los imputados], porque los cargos que se le están haciendo a ellos son por blanqueo de capitales, y en este tipo de delitos la carga de la prueba es a la inversa. Quien debe probar la licitud de los fondos es el imputado (...)”, precisó.

Cuando se le preguntó si los abogados de los vinculados podrían hacerle preguntas a los delatores, Cogley se inclinó por descartar esta posibilidad. Se amparó en el artículo 2103 del Código Judicial, que prohíbe hacerle repreguntas a los imputados (delatores brasileños). Ni el defensor ni el querellante pueden intervenir en la declaración de indagatoria del imputado, más allá de cuidar que se cumplan formalmente las garantías que le confiere la ley.

“La defensa le puede solicitar esto al juez, a ver si lo concede. No es el Ministerio Público quien decide eso”, argumentó. De hecho, dijo que podrían hacer esta petición como cualquier otra prueba ordinaria o extraordinaria.

“Se ha dado a entender que el Ministerio Público es el que tiene la responsabilidad de traer o poner a disponibilidad a los colaboradores y que con esto coartan esta posibilidad, y eso no es así”, advirtió.

LA MULTA

Otro de los planteamientos que refutó el fiscal Cogley tiene que ver con el pago de la multa de $220 millones impuesta a Odebrecht. Manifestó que no es cierto que con el archivo de la causa el Ministerio Público perdió poder coactivo para garantizar este pago.

Recordó que el acuerdo con Odebrecht se hizo con base en la capacidad de pago de la empresa a un plazo de 12 años, pero sujeto a una penalización del 5% del monto que debería pagar anualmente en caso de que se atrase. Agregó que una cosa es la multa y otra es la recuperación de los bienes malversados, porque aun luego de la sentencia condenatoria corresponde al Tribunal de Cuentas recuperar los dineros que no se aprehendieron en el proceso.

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