ALBERGUES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Oenegés piden ayuda al Estado

El incremento en el costo de las necesidades básicas y la reducción de donativos han dejado en situación vulnerable a varios orfanatos.

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Los albergues para menores de edad en riesgo social enfrentan una situación crítica, toda vez que el Estado no asigna suficientes recursos para su funcionamiento. Los albergues para menores de edad en riesgo social enfrentan una situación crítica, toda vez que el Estado no asigna suficientes recursos para su funcionamiento.
Los albergues para menores de edad en riesgo social enfrentan una situación crítica, toda vez que el Estado no asigna suficientes recursos para su funcionamiento.

Sin capacidad de atención se han quedado varios de los 54 albergues que se dedican al cuidado de más de 12 mil niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social, debido a que, según los propios organismos, los aportes que realiza el Estado para la atención de los menores son insuficientes.

En este escenario, quienes administran los hogares sustitutos hacen un llamado al Gobierno, para que incluya en el presupuesto general de la Nación partidas directas para los organismos.

Cifras del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dan cuenta de que estas organizaciones no gubernamentales (oenegés) tienen bajo su cuidado a unos 12 mil 643 menores de edad y en esa responsabilidad se incluye la educación, atención médica y alimentación de los muchachos.

El Mides, sin embargo, desembolsó en 2014 $2 millones 800 mil en subsidios para atender las necesidades básicas de los orfanatos, y en 2013 asignó $3 millones para atender a 4 mil 27 niños y 8 mil 616 adolescentes, de acuerdo con los informes de la institución.

LA REALIDAD

De las organizaciones que llevan esta tarea en sus hombros, el Orfelinato San José de Malambo y las Aldeas Infantiles SOS son dos de las más reconocidas y, en conjunto, atienden a 700 menores de diversas áreas del país.

Para Idian Reiss, representante legal y administradora del Orfelinato San José de Malambo, la actual situación es bastante crítica, porque el aumento en el costo de la vida del panameño ha impactado negativamente en el trabajo que realizan.

Incluso, advirtió que el apoyo que recibían de instituciones privadas ha disminuido a la mitad.

Reiss explicó que los gastos anuales del albergue ascienden a $1.5 millón y suplen necesidades básicas como alimentación, vestido, medicamentos, educación, actividades recreativas; al igual que otras de carácter administrativo como el pago de salarios a los colaboradores y servicios básicos, y el mantenimiento físico de las estructuras.

Reconoció que Malambo recibe un subsidio anual del Mides de $170 mil, que apenas cubre 12% de los gastos anuales.

Por ello, propuso que se revise la metodología con la que actualmente se entregan los subsidios del Estado, “para ver cuáles son los beneficios que reciben los niños en las instituciones y, de acuerdo con ello, dar un aporte por cada uno y no de forma global, porque relativamente ellos –el Estado– no otorgan nada por niño”.

En el Orfelinato San José de Malambo son atendidos 145 menores, lo que acarrea un gasto mensual de $600 por cada niño.

En tanto, Militza Franco, directora de Desarrollo de Fondos y Comunicaciones Oficiales de las Aldeas SOS en Panamá, manifestó que la situación económica que tienen no es distinta a la de otros organismos.

Explicó que, como consecuencia de la crisis económica mundial, desde hace varios años han venido recibiendo recortes económicos considerables de los mayores benefactores internacionales, por un monto de $500 mil, lo que representa para la institución no poder acoger más niños y niñas, debido a la falta de presupuesto.

Las Aldeas SOS tienen un presupuesto que supera los $2.6 millones para la manutención de más de 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, distribuidos en 57 hogares situados en ocho comunidades en las provincias de Panamá, Colón, Chiriquí y Coclé.

Tanto Reiss como la Asociación de Aldeas Infantiles SOS Panamá han manifestado al Gobierno Nacional la necesidad de que se apruebe una ley para garantizar las partidas presupuestarias y todo lo necesario para la atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo.

ESTADO RESPONDE

En ese sentido, la diputada Rosa Canto, presidenta de la comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional consideró que es una necesidad urgente prestar atención a estas organizaciones que, a su juicio, desempeñan un rol importante en la sociedad y se han convertido en un aliado del Estado en la tarea de asegurar el bienestar de los menores.

Añadió que en el próximo período legislativo, cuyo inicio está previsto para el 2 de julio próximo, se podría llamar a varias instituciones, a fin de que se consoliden ideas y se pueda presentar un proyecto en este sentido, porque “se trata de unanecesidad inminente”.

En tanto, Idalia Martínez, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), expresó que lo más recomendable sería ir al diálogo, para revisar el contexto en el que se pudiese aprobar una ley en el sentido que se señala.

“Decir que se apruebe una ley para que todos los que quieran atender albergues u hogares sustitutos reciban dinero del Estado, no estaría de acuerdo”, dijo Martínez.

Larisa Valderrama, directora Nacional de Subsidios del Mides, opinó que la idea no es que estas organizaciones dependan en un 100% del aporte que les proporcione el Estado, sino que ellas también hagan un trabajo de autogestión y tener así un método para que se mantengan.

No obstante, agregó que el Mides entrega anualmente subsidios a unas 39 oenegés y que estos aportes van desde los $12 mil hasta un máximo de $100 mil.

Explicó que el dinero, cuya entrega es mensual, está condicionado a que los representantes de los albergues presenten un informe, cada mes, en el que se refleje el cumplimiento de sus compromisos.

Incumplieron la ley

El traslado de niños, niñas y de adolescentes abandonados a orfelinatos no se ha cumplido conforme a la ley, denunció la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Idalia Martínez.

“Hay expedientes que no tenían ni siquiera la razón de cómo llegó el niño o la niña, hacia dónde y por qué fueron enviados (...) estamos haciendo la auditoría correspondiente, porque la Senniaf maneja miles de casos”, informó.

Según Martínez, el procedimiento legal obliga a llevar a los menores ante un juzgado de niñez y aplicar las medidas de protección, para luego asignarlos a uno de los 54 albergues que hay en el país.

En los últimos días, la Senniaf ha recibido varios casos de menores abandonados, entre ellos un recién nacido dejado en una parada y un niño de dos años hallado caminando solo por las calles. Otro caso fue el de un niño de cuatro años que fue abandonado en un bus.

EDUARDO MENDOZA

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