INDAGATORIA

Oficial de la Caja de Ahorros desvela anomalías en crédito a HPC-Contratas

Luis Díaz, funcionario del banco estatal, fue indagado el pasado 8 de noviembre y reveló posibles irregularidades en el desembolso de $9 millones.

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La construcción del centro de convenciones de Amador se mantuvo parada hasta junio de 2016. La construcción del centro de convenciones de Amador se mantuvo parada hasta junio de 2016.
La construcción del centro de convenciones de Amador se mantuvo parada hasta junio de 2016. LA PRENSA/Archivo

El oficial de Relaciones de la Caja de Ahorros (CA), Luis Díaz, es otro de los imputados que se refirió a la rapidez con la que se tramitó el préstamo a la empresa HPC- Contratas-P&V, durante el pasado gobierno.

Díaz fue indagado por la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, el pasado 8 de noviembre, y forma parte de las 22 imputados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio del banco estatal.

El funcionario declaró, entre otros aspectos, que todas las directrices para la propuesta que sería presentada a los directivos del banco, Riccardo Francolini, Ricardo Arango Pezet, Ricardo Chanis, Fernando Correa Jolly y Anastacio Ruiz De León, fueron dadas por sus superiores Voldy Wedemeyer y Eric Quintero, gerente de Crédito Corporativo y ex gerente ejecutivo de Banca Corporativa, respectivamente. A ambos se les impuso la medida cautelar de impedimento de salida del país.

—¿A quién le correspondía aprobar la suma de $9 millones como desembolso para el crédito del consorcio HPC-Contratas por parte de la CA?—, le preguntó Sterling.

Díaz contestó: “la junta directiva aprobó dos líneas de crédito al consorcio Contratas, una por $20 millones y otra por $10 millones. Rodrigo Arosemena Pino [con medida de impedimento de salida del país] aprobó un desembolso con excepciones de la facilidad ya aprobada por la junta directiva”.

También se le interrogó sobre si tenía conocimiento de las excepciones con las que aprobó el desembolso el exsubgerente del banco. Y Díaz respondió: “no las recuerdo textuales, pero una era que no se tenía el contrato de préstamo firmado por el representante legal del banco, por ende no se había inscrito dicho documento en el Registro Público”.

Otra de las excepciones que enumeró Díaz para el desembolso a la empresa que edificaría un nuevo centro de convenciones en Amador, tiene relación con el hecho de que no tenían los permisos de construcción para ejecutar dicha obra.

“Creo que lo otro era que no se contaba con el cronograma de construcción, tendría que buscar sobre esas excepciones (...)”, añadió.

También habló de supuestas irregularidades en la manera como se presentó la carta indicativa, documento en el que se establecen los términos con el cliente y las condiciones con las que el banco puede negociar la línea de crédito.

—¿Cuál es el término para diligenciar la carta indicativa?, le preguntó la fiscal.

Díaz le respondió de esta manera: “de acuerdo a lo que me digan mis superiores [Quintero y Wedemeyer], si ellos me dicen: ‘esto hay que hacerlo ya’, se hace de una vez y se le manda al cliente para su aceptación”.

La fiscal le mostró al funcionario un flujograma de la CA en el que se establece que la carta indicativa se hizo el 10 de diciembre, un día antes de presentar la propuesta a la directiva. Le preguntó si este proceso era normal. “No es lo tradicional”, contestó. “La carta se emite de acuerdo a la necesidad del cliente (...). En este caso, me pidieron, es decir, Eric Quintero y Voldy Wedemeyer, que se hiciera la carta indicativa y la propuesta con carácter de urgencia”, declaró.

Por este caso se mantienen detenidos: Riccardo Francolini, presidente de la directiva; Jayson Pastor, exgerente de la CA, al igual que Jairzon Hurtado y Tobías Garrido, de HPC-Contratas-P&V.

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