PROGRAMAS SOCIALES

PAN, abultado en campaña

El Programa de Ayuda Nacional ha manejado, hasta el pasado 31 de julio, $208.3 millones. Sectores de la sociedad critican el uso político de este dinero.

Si de preferencias se trata a la hora de destinar y aprobar las asignaciones presupuestarias a las diversas entidades estatales, no hay duda de que el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima; el presidente de la República, Ricardo Martinelli, y todo su Gabinete se inclinan por el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

A esta entidad, que ha sido cuestionada durante esta administración del cambio por destinar ayudas sociales para favorecer los intereses políticos de diputados, representantes y alcaldes del gobierno, se le abultó su presupuesto para 2013.

Al PAN, adscrito al Ministerio de la Presidencia, se le aprobó por ley para 2013 una partida de $19.1 millones, sin embargo, con los traslados de partidas y créditos adicionales solicitados por el Ejecutivo y aprobados por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, este monto se disparó a $208.3 millones, según el presupuesto modificado al 31 de julio de 2013. Es decir, los fondos de este programa crecieron 11 veces más de lo asignado en el presupuesto original.

La mayor parte de este capital fue asignado a los subprogramas de Fortalecimiento de la Infraestructura Social al que inicialmente se le habían destinado $2.5 millones, pero con el presupuesto modificado se elevó a $40.6 millones. Mientras que a Desarrollo de Proyectos Sociales se le incrementó el presupuesto de $5 millones a $45.1 millones.

En tanto, el programa de Proyectos de Interés Social Comunitario al que al principio no se le asignó aporte alguno, ahora tiene $30.3 millones.

Estos tres subprogramas, al 7 de julio de 2013 acaparaban $115.4 millones del presupuesto total del PAN.

Asignación confusa

Para la vigencia fiscal de 2014 el proyecto de presupuesto detalla que al PAN solo se le asignaron $11.6 millones, sin embargo, en el resumen ejecutivo suministrado por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, basado en información provista por el Ministerio de la Presidencia, revela que el monto es de $61 millones. Esto sin contar los futuros créditos y traslados que se soliciten a la Asamblea Nacional.

Algo parecido ocurrió en el presupuesto de 2013 cuando al PAN se le asignó una partida inicial de $11 millones, pero en el mismo resumen ejecutivo suministrado por la Comisión de Presupuesto se revela que sus gastos eran de $19.1 millones.

El incremento (de $61 millones) del presupuesto original para el próximo año del PAN obedece a la asignación económica de un nuevo programa adscrito a la Presidencia, denominado Obras de Interés Social, que será administrado por el PAN.

En la justificación planteada por la Presidencia de la República se explica que $25 millones serían utilizados para desarrollar proyectos de infraestructura social para atender las necesidades de las comunidades que son presentadas al jefe del Ejecutivo.

Entre otras inversiones también se utilizarían otros $22.5 millones para el “fortalecimiento de la infraestructura social”, que incluye financiar la construcción de proyectos en los sectores de educación, vialidad, salud, saneamiento y obras de desarrollo comunitario que resulten de las consultas ciudadanas o solicitadas por las comunidades.

Uso político

Los $208.3 millones manejados por el PAN hasta julio de este año superan juntos los presupuestos asignados para 2014 al Ministerio Público ($74.2 millones) y al Órgano Judicial ($105 millones).

También el presupuesto inicial de 2014 de $61 millones es mayor al destinado al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que fue de $44.3 millones.

Es precisamente esta abultada cifra la que genera sospechas entre los políticos opositores, que desde 2009, cuando empezó el transfuguismo masivo hacia el oficialismo de diputados, representantes y alcaldes opositores, piensan que con los fondos del PAN se está favoreciendo políticamente a candidaturas oficialistas y a los allegados del Gobierno.

Para el diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Arosemena, por ejemplo, “el PAN ha sido el botín político y la caja menuda del gobierno y de Cambio Democrático. Lamentablemente estamos viendo que quieren financiar sus aspiraciones políticas con los ingresos que están aportando todos los panameños de sus impuestos”.

Expresó que no hay dudas que desde 2009 el gobierno ha utilizado el presupuesto general del Estado de manera clientelista para la compra de distintos políticos, de miembros de la sociedad civil, de encuestadoras y hasta de algunos medios de comunicación social.

“No tengo la menor duda de que van a continuar haciéndolo hasta el día de las elecciones generales del 4 de mayo de 2014”, precisó.

Para Aurelio Barría, que fue el primer director del Fondo de Emergencia Social (FES) –hoy PAN–, el manejo dado al programa se asemeja al que los militares daban a la antigua Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad (Digedecom), como instrumento para las campañas políticas.

“Lo lamentable es la instrumentalización de la pobreza y la explotación de la pobreza con fines políticos, porque habiendo dirigido el FES en un principio, uno se da cuenta de que este gobierno lo que ha querido es explotar la necesidad de los pobres, entregando asistencia para poder recibir beneficios politiqueros electorales en la campaña a favor del partido gobernante rumbo a 2014”, denunció Barría.

Y el objetivo, según Barría, de asignar partidas millonarias al PAN “es poder canalizar a través de esta institución –que no tiene control previo, que no tiene fiscalización alguna– los fondos a las diferentes comunidades donde están los candidatos que ellos pretenden apoyar durante la campaña política”.

PROMESA ROTA

En plena campaña electoral de 2009, el entonces candidato presidencial de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, dijo que eliminaría el llamado Fondo de Inversión Social (FIS) [hoy PAN]. “Es el foco de corrupción más grande del gobierno, y el brazo ejecutor de la Presidencia de la República para darle contrataciones directas sin licitación a los diputados y a las comunidades”, argumentaba.

Sin embargo, luego del escándalo surgido en 2010 en el extinto FIS, en el que presuntamente 19 diputados manejaron de manera irregular $12 millones de este programa, el mandatario, con el argumento de reestructurar esta institución para limpiarla de corrupción, le cambio el nombre de FIS a PAN.

A diferencia de las demás instituciones del Estado, el PAN no tiene que convocar a un proceso de licitación para hacer sus contrataciones. El artículo 67 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas señala que el Fondo de Inversión Social está exceptuado de la Ley 22. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 690 de 2010, que creo al PAN, esta entidad podrá realizar compras o contrataciones a través de invitación directa o mediante el proceso de selección de contratista.

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