AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN A MAGISTRADA

País por cárcel para Benítez

La procuradora de la Nación, Ana Belfon, tiene cuatro meses para concluir el proceso a la funcionaria, que fue separada formalmente de su cargo.

La magistrada del Tribunal Superior de Herrera y Los Santos Karem Benítez fue separada ayer de su cargo y se ordenó la apertura formal de una investigación en su contra por la supuesta comisión del delito de violación de sellos públicos.

En la audiencia del caso, el magistrado presidente de la Sala Penal, Harry Díaz, actuó como juez de garantías, y decretó la formulación de cargos (acusación) contra Benítez.

El proceso se rige según los parámetros del sistema penal acusatorio y la audiencia era de control previo y formulación de cargos.

Además, Díaz dictó un impedimento de salida del país a Benítez, quien desde el 1 de mayo pasado fue enviada de vacaciones.

La denuncia contra la magistrada fue presentada el 3 de mayo por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, luego de que la funcionaria se negara, el 30 de abril pasado, a que le revisaran tres maletas cuando ingresaba al palacio de justicia de Las Tablas.

Luego, en la tarde de ese mismo día, devolvió 15 expedientes que se había llevado de su despacho. El Ministerio Público abrió la investigación el 9 de mayo.

La audiencia comenzó a las 2:15 p.m. y el magistrado Díaz puso en conocimiento a Benítez de que estaba amparada en los artículos 22 y 25 de la Constitución.

Luego, cedió la palabra a la procuradora de la Nación, Ana Belfon, para que sustentara la formulación de cargos; sin embargo, el abogado de la magistrada, Juan Manuel Castulovich, se opuso.

Castulovich alegó que debido a las noticias publicadas en diferentes medios de comunicación, en este caso se violó la presunción de inocencia establecida en el artículo 274 del Código Procesal Penal.

Díaz, empero, afirmó que en Panamá se respeta el trabajo de la prensa y que este nada tiene que ver con el proceso, por lo que permitió a Belfon proseguir.

Como pruebas, Belfon presentó 12 declaraciones de funcionarios del Órgano Judicial, entre estos agentes de seguridad y empleados del Tribunal Superior de Herrera y Los Santos, uno de los cuales aseguró que Benítez introdujo dos de los 15 expedientes en una gaveta de expedientes que pertenecían al magistrado Salvador Domínguez.

Además, la Procuradora aportó otros ocho documentos, entre notas y oficios también de funcionarios del Órgano Judicial, y el informe de la inspección ocular efectuada en el despacho de Benítez.

“Las pruebas demuestran que como magistrada [Benítez] sustrajo de manera clandestina y subrepticia 15 expedientes”, indicó.

Belfon también citó el informe de una auditoría practicada en la oficina de la magistrada, en el que se confirma que falta uno de los dos tomos de un expediente.

Agregó que en la inspección ocular se demostró que los 15 expedientes que devolvió Benítez estaban adjudicados a su despacho, de acuerdo con los repartos de 2012 y 2013.

De los 15 expedientes, nueve eran penales y seis civiles.

Asimismo, Belfon aportó una fotografía de José Salazar, agente de seguridad del Órgano Judicial, en la que se ve a Benítez con tres maletas cuando se retiró del palacio de justicia de Las Tablas tras negarse a la revisión.

Al ser consultada por Díaz, Benítez dijo no comprender los cargos que se le formularon, que, a su juicio, no se corresponden con su actuación.

Díaz dio un plazo de cuatro meses a Belfon para el proceso. La Procuradora había pedido seis meses.

Por su parte, Castulovich se opuso a la imputación, al impedimento de salida del país y a la formulación de cargos, pues, según alegó, no se ha comprobado el delito ni se ha establecido en forma clara la acusación.

Sin embargo, Díaz respondió que no se debe probar nada en esta fase del proceso, pero que los hechos planteados por Belfon no pueden ser pasados por alto. “Hay gravedad suficiente para la suspensión del cargo y el impedimento de salida del país”, afirmó.

Por solicitud de Belfon, Díaz autorizó que se extrajera un chat del BlackBerry de Mateo Domínguez, un conductor del Órgano Judicial de Las Tablas, en el que supuestamente Benítez le preguntó si iría a Chitré a llevar expedientes el 30 de abril.

Domínguez le comunicó esto a Pastor Govea Ramos, encargado de Seguridad del palacio de justicia de Las Tablas, indicando que con esa pregunta entendía que Benítez quería que la auxiliara montando los expedientes en el vehículo cuando fuera a Chitré.

Domínguez entregó voluntariamente su celular.

Al concluir la audiencia, la magistrada no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación.

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