Panamá y su mentira participativa

Muchos panameños están insatisfechos con la democracia como sistema político. Los disconformes son, precisamente, los que menos tienen.

La mayoría todavía está contenta. Lo dicen los resultados de la última encuesta de Unimer: el 62.5% de las mil 209 personas entrevistadas respondió que la democracia es la mejor forma de gobierno existente, pese a sus imperfecciones.

Pero un porcentaje nada despreciable (el 31.3%) piensa de modo distinto: que bien pueden existir otras formas mejores y más eficientes de gobierno y que, por tanto, esta doctrina política está lejos de ser la solución.

Cuando se mira el detalle de quienes contestaron así, comienzan a emerger las posibles razones.

Los disconformes son los más jóvenes (18 a 24 años), los que tienen los peores salarios (ingresos por debajo de 600 dólares mensuales), los menos educados (secundaria completa o incompleta), los que viven en áreas rurales y los inactivos económicamente.

También están los que no votaron en 2009 por ser menores de edad o los que se abstuvieron del voto o votaron en blanco.

En general, se trata de ese tercio de la población que vive en la pobreza o la pobreza extrema, y a quienes, decididamente, no les significa nada que el país haya crecido 9% en 2011, por ejemplo.

Tal como dice el abogado y activista de derechos humanos Félix Wing, el problema con la democracia panameña es que no propicia la justicia distributiva y no mejora las condiciones de vida de la población.

Mientras que el economista y docente de la Universidad de Panamá Juan Jované va un poco más allá y plantea el problema de fondo: “Es que no tenemos una democracia”.

Porque para Jované para que esta sea real debería dar la posibilidad de ejercer todos los derechos políticos, humanos, sociales y económicos.

Sin embargo, en Panamá, añadió, ni siquiera hay libertad en la participación política. “La ciudadanía no participa realmente, porque no hay mecanismos de participación”.

En el sentido económico, resalta “la gran desigualdad que se vive en Panamá. La diferencia es de 1 a 30 entre los que más y los que menos tienen”.

Una desigualdad que las políticas han acentuado porque el libre mercado, enfatiza, no resuelve por sí solo los problemas sociales.

“En Panamá no se van a eliminar las políticas de mercado, pero lo que sí podemos hacer es intervenir con educación o reglamentando las políticas de ambiente. Es que el mercado puede decir, por ejemplo, que la minería a cielo abierto es buena, pero nosotros no tenemos por qué aceptarla”, manifestó.

Sin posibilidad de incidir en las decisiones políticas y aguijoneados por las condiciones económicas, sencillamente “las personas sienten que lo que están viviendo es democracia, cuando lo que viven es carencia”.

Para Wing, también director ejecutivo del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), el riesgo con esta disconformidad es que se convierte “en un caldo de cultivo para el regreso de regímenes totalitarios, porque al ver que la ´democracia´ no se traduce en mejoramiento de las condiciones de vida, entonces no la valoran”.

Oportunidad y derechos humanos

Roberto Cuéllar, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), lo ha dicho en diversas conferencias y escritos:

* Que la democracia debe concebirse como un proceso en el cual derechos humanos signifique potenciar todos los aspectos de vida con oportunidades concretas. Se trata de procurar una vida digna.

* Que si bien en América Latina han desaparecido las dictaduras en los últimos 20 años, la pobreza y la desigualdad social han aumentado.

* Que es necesario preguntarse si se puede hablar de democracia representativa cuando los países son gobernados por un sistema económico internacional que margina a los individuos y no los deja participar en la vida pública, salvo para votar en las elecciones.

* Que la peor amenaza es la pobreza, porque ser pobre constituye una violación de los derechos humanos.

* Que se hace necesario dejar las ideas de la “democracia clásica” para comenzar a construir un modelo de democracia participativa con economías abiertas pero sujetas a controles sociales, y con partidos políticos también abiertos a sus votantes.

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