secuelas del caso lava jato

Panamá se pone a prueba con la constructora Odebrecht

La confesión de la brasileña de haber corrompido al país con $59 millones, hasta ahora, basta para su exclusión de la contratación pública.

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La Operación Lava Jato en Brasil –que destapó una red de corrupción en la que estaba involucrada Odebrecht– se dio a conocer en marzo de 2014. Esto no fue impedimento para que la empresa continuara participando en licitaciones como la de la línea 2 del Metro, contratada por $2 mil 62 millones. La Operación Lava Jato en Brasil –que destapó una red de corrupción en la que estaba involucrada Odebrecht– se dio a conocer en marzo de 2014. Esto no fue impedimento para que la empresa continuara participando en licitaciones como la de la línea 2 del Metro, contratada por $2 mil 62 millones.

La Operación Lava Jato en Brasil –que destapó una red de corrupción en la que estaba involucrada Odebrecht– se dio a conocer en marzo de 2014. Esto no fue impedimento para que la empresa continuara participando en licitaciones como la de la línea 2 del Metro, contratada por $2 mil 62 millones. Foto por: Archivo

El proyecto de renovación urbana de Colón, por $569 millones, fue adjudicado cuando Marcelo Odebrecht ya estaba detenido, hecho que aumentó el riesgo de la empresa. El proyecto de renovación urbana de Colón, por $569 millones, fue adjudicado cuando Marcelo Odebrecht ya estaba detenido, hecho que aumentó el riesgo de la empresa.

El proyecto de renovación urbana de Colón, por $569 millones, fue adjudicado cuando Marcelo Odebrecht ya estaba detenido, hecho que aumentó el riesgo de la empresa. Foto por: Archivo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que entre los años 2010 y 2014, el gigante brasileño Odebrecht pagó $59 millones a funcionarios de alto rango en el Gobierno de Panamá para asegurarse contratos de obras públicas.

El anuncio de aquel 21 de diciembre de 2016, hace exactamente un mes, puso finalmente una cruz sobre Odebrecht, que en el último año se esmeró en hacer ver que sus operaciones en Panamá no estaban vinculadas con la estructura paralela que había creado en Brasil para el pago de coimas y sobornos. Todos sabían, sin embargo, que se trataba de una onda expansiva que iba más allá de su país natal, y el tiempo dio la razón.

En cambio, el gobierno de Juan Carlos Varela que siguió contratando a la constructora, a pesar de que en Brasil se enfrentaba a la investigación de corrupción criminal más grande en la historia reciente de América Latina, tuvo que recoger sus velas. Ahora, ha manifestado la intención de recuperar el dinero de los sobornos realizados cuando Ricardo Martinelli era el mandatario, y de paso cortarle las alas al mayor contratista del Estado.

El Ejecutivo anunció varias medidas el pasado 27 de diciembre, pero todavía no se han visto los resultados. Se desconoce la estrategia y de paso si el compromiso que se hizo público se logrará con la colaboración efectiva de Odebrecht.

Prometió adoptar los mecanismos necesarios para que Odebrecht desista del proceso de precalificación de la licitación para el diseño y construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá y la línea 3 del Metro.

El otro anhelo es cancelar, sin costo para el Estado, el contrato de asociación entre el Estado y Odebrecht para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Chan 2, y devolver la concesión al Estado.

Además de prohibir que a Odebrecht se le adjudique y refrende ningún contrato de futuros procesos de licitación pública hasta tanto demuestren una colaboración en la devolución del dinero.

La Presidencia de la República indicó ayer que tiene adelantadas ya gestiones con las diferentes entidades del Gobierno para perfeccionar los instrumentos legales a través de los cuales se ejecutarán las medidas anunciadas. Sin embargo, no dio detalles del proceso. Se evitó revelar quién es su contraparte negociadora en Odebrecht, una información altamente relevante, ya que André Rabello, el hasta hace poco hombre clave y representante de la filial en Panamá, es señalado como uno de los delatores que cooperara con los fiscales del caso Lava Jato en Brasil.

Odebrecht, por su parte, también ha mantenido esta información bajo una especie de velo corporativo. Sus voceros solo indicaron que cooperarán con todas las solicitudes judiciales y administrativas.

En tanto, el Ejecutivo indicó que “como cada acción es distinta a la otra, se trabaja en instrumentos legales distintos, con el denominador común de proteger los intereses del Estados en todas las acciones”.

El Gobierno anticipa que a finales del mes de enero estarán completas y ejecutadas, en su mayoría, las acciones comentadas. “Tan pronto se vayan terminando, se dará a conocer”.

En este sentido, el presidente del Metro de Panamá, Roberto Roy, dijo que verbalmente se han comunicado con Odebrecht para que desista de sus intenciones de participar en la licitación de la tercera línea.

En teoría, la empresa tendría hasta marzo de este año para expresar formalmente su falta de interés. Esta es la fecha prevista para la precalificación de esta obra.

No obstante, y según las intenciones del Gobierno, en 10 días se empezarán a ver los resultados de las acciones que ha anunciado.

A diferencia de otros países, Panamá tiene que buscar las excepciones legales para restringir la participación de Odebrecht.

El país carece de disposiciones para inhabilitar a aquellas empresas con investigaciones judiciales en su contra o condenas en firme por corrupción u otros delitos. Y por el contrario, el contenido de la Ley 22 de junio de 2006, norma que gobierna la contratación pública, nada dice sobre situaciones como las reconocidas por la constructora brasileña en Estados Unidos.

Recuerda Horacio Icaza, del Movimiento Independiente (Movin), cómo esta organización hizo un estudio reciente de la Ley 22 y concluyó que el país carece de una “norma que les prohíba a las empresas” inmersas en corrupción, el participar en licitaciones o contratos con el Estado.

“A mi juicio, el Gobierno no tiene ninguna norma que lo prohíba”. La única manera, aunque sin tiempo definido de desenlace, consiste en interponer una acción civil o penal y que la sanción consecuente castigue a la empresa, excepciona Icaza.

Juristas consultados coinciden en que cualquier ciudadano panameño puede activar las investigaciones del Ministerio Público a través de una querella. Incluyen además a los actores contratantes, en este caso los ministerios y las entidades oficiales que le concesionaron obras a Odebrecht.

La descripción esbozada se encuadra en el artículo 51 del Código Penal, el cual determina las sanciones a las empresas con casos de corrupción comprobada, como sucede con la brasileña y su reconocimiento de haber pagado coimas en Panamá por la suma de $59 millones.

El artículo castiga a aquellas personas jurídicas creadas para usarse o cometer ilícitos, según se estableció ya con Odebrecht.

A estas corporaciones se le aplican sanciones que incluyen la inhabilitación para contratar con el Estado, directa o indirectamente, por un término no superior a cinco años. Otras penas incorporadas en la norma imponen la disolución de la sociedad; la cancelación o suspensión de la licencia o registro por un término no mayor a cinco años; y una serie de multas.

Significa que si bien es cierto no existe una norma para inhabilitar a la constructora brasileña, por lo menos hay una senda para hacerlo.

Si se quisiera tomar un camino más corto para que la historia de Odebrecht no se repita, el Órgano Legislativo podría desempolvar y hacerle nuevamente modificaciones al proyecto que reforma la ley de contrataciones públicas.

En este documento se había incluido un artículo para prohibir la participación en contratos públicos a empresas condenadas por actos de corrupción y otros delitos en cualquier parte del mundo, algo ya establecido en la legislación de países como Colombia, México, algunos europeos y en normas de contratación de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, finalmente se reformó el artículo para que la suspensión solo se aplique a firmas condenadas en Panamá.

Desde Movin cuestionan el argumento empleado por el Gobierno Nacional en el caso Odebrecht de que deben tenerse en cuenta los empleos generados con las obras adelantadas por la brasileña. “El Gobierno panameño puso todo el riesgo en una sola constructora, y esto le [puede] dar un golpe tremendo a la economía en caso de que esa constructora quiebre”.

Uno de los mayores riesgos en República Dominicana y Perú, donde también se investiga a Odebrecht por corrupción y otros delitos, radica en sus dificultades para terminar las obras.

“La compañía no tiene ya el acceso a crédito comercial como sucedía antes. Tarde que temprano habrá peligro para esas ocho mil plazas de trabajo”, advierten.

Expertos locales destacan como la normatividad de contrataciones públicas panameña “no es que favorezca a contratistas como Odebrecht”, sino que “debilita la acción del Estado” con una “gran discrecionalidad” en los funcionarios encargados de preparar los pliegos. Dicen que las trampas en estas licitaciones no se hacen de una manera burda, sino legal, apegadas a la ley.

Movin acusó al gobierno de Juan Carlos Varela de “no haber sabido proteger los intereses del Estado” en el escándalo de corrupción que involucra a Odebrecht.

“[El Gobierno] ha sido incapaz de determinar sobreprecios y coimas pagadas por esta empresa, aumentando la desconfianza de la ciudadanía en nuestras instituciones, comprometiendo nuestros recursos, ante la falta de la capacidad de financiamiento de esta empresa y poniendo en peligro la entrega de los principales proyectos de infraestructura del país como lo son la línea 2 del Metro, la renovación de la ciudad de Colón, la ampliación del aeropuerto de Tocumen y la tercera línea de transmisión eléctrica”, dijo el grupo independiente en una carta abierta al presidente Varela.

“Seguiremos reclamando un liderazgo ético que dirija el país”. Así respondió ayer Movin a una nota en la que 12 ministros de Estado se quejaron por la crítica que califican de “desenfocada e injusta” de esta agrupación de la sociedad civil.

El Gobierno, en tanto, ha recalcado que velará para que Odebrecht concluya, de manera satisfactoria, todas las obras que se encuentran en ejecución.

Mientras, las calificadoras observan que las operaciones de la brasileña son cada vez más riesgosas por la crisis reputacional, las limitaciones para la obtención de nuevos contratos y el pago de multimillonarias multas.

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