PECULADO

Paralizado caso de juntas comunales

El Ministerio Público hizo el 12 de marzo de 2018 una petición para la reapertura del caso, tras recibir las auditorías de la Contraloría.

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Cinco meses se cumplirán esta semana desde que el Ministerio Público (MP) está a la espera de que el Juzgado Quinto Penal, a cargo de Enrique Paniza, decida sobre la reapertura de la investigación relacionada con la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de juntas comunales a las que fueron transferidas partidas circuitales de diputados en el  periodo 2009-2014.

Fuentes del MP informaron que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga hizo la petición al juez Paniza el 12 de marzo pasado, tras recibir a finales de febrero de este mismo año 187 auditorías de la Contraloría General de la República sobre transferencias por $287 millones, efectuadas por diputados del pasado quinquenio –39 de ellos reelectos–, de sus partidas circuitales  a las juntas comunales. El MP investigaría el caso relacionado con los exdiputados de ese periodo, alcaldes y concejales.

Luego de la solicitud de reapertura, Paniza informó que elevó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un conflicto de competencia en este caso con el Juzgado Liquidador de Chiriquí, que solicitaba la acumulación de un proceso relacionado con un posible perjuicio económico a la Junta Comunal de Remedios, en aquella provincia.

Fuentes del MP informaron que la Sala Penal ya resolvió el conflicto y concluyó que el Juzgado Quinto Penal es competente para seguir el proceso de las juntas comunales y, sin embargo, Paniza no se ha pronunciado, por lo que la fiscalía no ha podido efectuar diligencias en el caso de las juntas comunales.

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Paralizado caso de juntas comunales

Juez Paniza, sin decidir reapertura

El juez quinto penal, Enrique Paniza, sigue sin pronunciarse sobre la petición que le hizo el 12 de marzo pasado la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, para que reabra la investigación relacionada con supuestas irregularidades en el manejo de fondos en juntas comunales.

Desde la solicitud de reapertura de este caso hasta la fecha han ocurrido varios hechos relacionados con el proceso, pero el juez no se ha pronunciado.

Por ejemplo, en marzo pasado Paniza remitió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un conflicto de competencia relacionado con este caso.

El conflicto es este: el Juzgado Liquidador de Chiriquí pidió al Juzgado Quinto Penal acumular un expediente relacionado con presuntas irregularidades en la Junta Comunal de El Puerto, en Remedios, Chiriquí.

La Sala Penal determinó el mes pasado que el Juzgado Quinto Penal es competente en la investigación del caso de las juntas comunales a nivel nacional, mientras que el Juzgado Liquidador de Chiriquí debe darle trámite al proceso de la Junta de Remedios.

Teniendo la competencia del caso, ordenada por la Sala Penal de la Corte, el juez no se ha pronunciado sobre la reapertura del proceso y su acción más reciente fue emitir un fallo de un caso vinculado con el uso supuestamente irregular de las partidas circuitales.

El 31 de julio pasado, Paniza dictó un sobreseimiento definitivo de carácter objetivo e impersonal dentro de las sumarias en averiguación por la transferencia de partidas circuitales que efectuaron diputados a través de juntas comunales en el periodo de 2009 a 2014.

El expediente tuvo sus orígenes en una denuncia que interpuso el abogado Ernesto Cedeño contra los 71 diputados de la Asamblea Nacional del periodo 2009-2014 por el supuesto uso irregular de $403 millones 496 mil 332 en concepto de partidas circuitales, gestionados en diferentes juntas comunales (ver tabla).

Esta denuncia había sido archivada el 19 de mayo de 2015 por el pleno de la Corte, que dispuso no abrir causa penal contra los 39 diputados reelectos para el período 2014-2019, y remitió el caso al Ministerio Público (MP) para que asumiera el conocimiento del expediente respecto a los restantes que no fueron reelectos.

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Juez Paniza, sin decidir reapertura

MP pidió sobreseer

Mediante vista fiscal No. 250-17 del 29 de diciembre de 2017, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga recomendó al Juzgado Quinto Penal que dictara un sobreseimiento definitivo en este proceso.

El 10 de mayo de 2017, el juzgado ya había dictado un sobreseimiento provisional.

Fuentes del Ministerio Público explicaron que la fiscalía recomendó el sobreseimiento definitivo, con el fin de que no se afectara, por posible doble juzgamiento, el proceso que se adelanta sobre las juntas comunales y que está pendiente de una respuesta a la solicitud de reapertura, como se indicó, desde el 12 de marzo pasado.

La denuncia del abogado Ernesto Cedeño sobre las partidas circuitales hace referencia a los mismos hechos investigados en el proceso de las juntas comunales, y en esa coincidencia basó la fiscalía su solicitud de sobreseimiento definitivo.

El fallo de las juntas

De acuerdo con Paniza, “solo debe existir una causa que lleve la indagación” del caso, es decir, la Fiscalía Primera Anticorrupción, que sigue las pesquisas de las juntas comunales.

En su fallo del 31 de julio pasado –inherente al caso de las partidas circuitales–, Paniza recordó que el 5 de mayo de 2015 también dictó un sobreseimiento provisional con respecto a la investigación de las junta comunales a nivel nacional, previa solicitud de la Fiscalía Primera Anticorrupción, que estaba en espera de las auditorías de la Contraloría.

El juez recordó que el sobreseimiento provisional es “únicamente con respecto a las juntas comunales del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, de las cuales somos competentes”.

Auditoría

En efecto, el 28 de febrero pasado el contralor Federico Humbert remitió al MP 187 auditorías sobre transferencias por $247 millones efectuadas por diputados del pasado quinquenio –39 de ellos reelectos–, de sus partidas circuitales  a las juntas comunales.

Las auditorías dan cuenta de que, por ejemplo,  34 diputados de Cambio Democrático (CD) transfirieron $158 millones; 7 diputados del Molirena recibieron $36.2 millones; 18 del Partido Revolucionario Democrático (PRD) usaron $34.7 millones; 10 del Panameñista utilizaron $17.1 millones y un diputado del Partido Popular transfirió $492 mil. Todos ellos eran del período 2009-2014.

Además, Humbert reveló que  las auditorías detectaron, al menos,   $50 millones en transacciones que no tienen justificación con documentos sobre su uso final.

El MP aclaró que si se decide la reapertura del caso, investigará los hallazgos de hechos presuntamente delictivos referentes a exdiputados del periodo 2009 al 2014, alcaldes y representantes de corregimiento.

Los casos relacionados con los actuales diputados serían referidos a la Corte.

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