DECLARACIONES DE BIENES de funcionarios

Patrimonios bajo la sombra; esperan que Martinelli presente informe

Solamente el fallecido expresidente Guillermo Endara Galimany hizo pública su declaración de bienes. Se espera que funcionarios salientes y entrantes lo imiten.

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Martes 15 de julio de 2014. Hoy vence el plazo para que el expresidente Ricardo Martinelli, y todos los exfuncionarios de alto perfil que terminaron su período el pasado 30 de junio, entreguen su declaración patrimonial de bienes. 

Para dirigentes de la sociedad civil es la oportunidad que tiene la pasada administración que le dejó una deuda al país que sobrepasa los $17 mil millones, para demostrar que entraron limpios y no salieron millonarios.

La ley también aplica para el actual presidente Juan Carlos Varela y su equipo de gobierno, quien ha prometido que hará público su patrimonio, pese a que un grupo de sus ministros ha manifestado que la ley no los obliga a hacerlo.

De cumplir su promesa, Varela y el fallecido expresidente del país Guillermo Endara Galimany (1989- 1994) serían los únicos mandatarios en dar a conocer sus bienes.

José Chen Barría, quien fungió como contralor en el gobierno de Endara, recuerda que cuando el fallecido expresidente gobernó, Panamá acababa de sufrir una invasión y “se vivía en un país donde el gobierno tenía que dar muestras de transparencia, porque era un país extremadamente corrupto, tan corrupto como ahora, o más”. Para Chen Barría, “existía un mandato constitucional” en torno a este tema. 

Menalco Solís, quien fungió como jefe del Consejo de Seguridad de Endara, cuenta que el exmandatario presentó su declaración patrimonial mediante escritura pública en enero de 1990. “El patrimonio declarado, fue de $1.6 millón, eso se hizo público, eso se conoció”. Solís cuenta incluso que por ese entonces hubo comentarios que apuntaban a que había declarado $16 millones. “Habían ignorado el punto entre las cifras”, dijo el exfuncionario, quien agregó que Endara, al correr como candidato presidencial en las elecciones de 2004 por el partido Solidaridad, le presentó a Transparencia Internacional (TI) su declaración de bienes.

Rubén Darío Carles, quien fungió como su primer contralor, recuerda que este mandatario “no cometió ninguna irregularidad”. Manifestó que Endara nunca lo llamó para solicitarle trámites fuera de la ley.

A Endara lo reemplazó el perredista Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), en cuyo gobierno se suscitó una polémica por el tema en cuestión. El excontralor Alvin Weeden (del período de Mireya Moscoso) asegura que le consta que Pérez Balladares declaró sus bienes. Sin embargo, reportes periodísticos de la época informaron que este rehusó hacerlo público. 

El constitucionalista y expresidente de Transparencia Internacional Fernando Berguido, en un artículo titulado “Los tortuosos caminos de la transparencia”, publicado en La Prensa, recordó este fin de semana que los esfuerzos de los periodistas por conseguir ciertas declaraciones durante la administración de Pérez Balladares fueron infructuosos. “Los notarios, quizá siguiendo instrucciones, rehusaban entregarlas. Aquellas controversias se extendieron hasta las elecciones de 1999. Por ello fue que los candidatos prometieron durante la campaña mayor transparencia”, agregó.

Mireya Moscoso (1999- 2004) fue otra que también optó por la vía de la opacidad. Weeden recuerda que la exmandataria presentó su declaración de estado patrimonial al asumir su mandato y al despedirse del gobierno. Fue en el período de Moscoso que nació la Ley 59 de 1999, que dicta disposiciones sobre la corrupción administrativa. Se había forjado al calor del debate suscitado por las voces que pedían transparencia en el gobierno de Pérez Balladares y entonces los candidatos presidenciales de la época prometieron transparencia.

La norma complementa el mandato de la Constitución, al ratificar que el notario deberá conservar la declaración jurada en sus protocolos y ordena al funcionario enviar copia de esta a la Contraloría.

El Código Civil en su artículo 1726 así lo dispone: “los notarios expedirán a cualquier persona copias debidamente autenticadas de los actos y contratos que se hallen en el protocolo”.

En su artículo, Berguido recalca que la Ley 59 de 1999, a la que los actuales ministros apelan para no dar a conocer sus bienes, no dice que las declaraciones de bienes son “confidenciales”.

Respecto al presidente Martín Torrijos Espino (2004- 2009), Weeden afirmó que le consta la presentación de su declaración patrimonial en 2004. Torrijos Espino también declaró su patrimonio al fin de su mandato en julio de 2009, dentro del mismo período de 10 días que indicaba la ley. Así lo afirmó Carlos Vallarino, último contralor general de la República nombrado por Torrijos. Ricardo Martinelli (2009-2014) prometió en campaña publicar su declaración de bienes al inicio de su mandato, sin embargo, sus palabras quedaron en promesas.

PENUMBRA

Expertos constitucionalistas reiteran que el artículo 304 de la carta política es lo suficientemente explícito para que sea obligatorio hacer que los datos de la declaración de bienes vean la luz , ya que al ser instrumentalizados mediante escritura pública, están revestidos de este carácter.

Si Varela, además de elevar mediante notario a escritura pública la información sobre la cuantía de sus bienes y presentar ante la Contralora copia autenticada del documento, ventila ante el ojo ciudadano su contenido, se habrá convertido en el segundo presidente elegido en democracia, luego de la dictadura, en hacerlo.

Dirigentes de la sociedad civil recuerdan que uno de los mayores golpes contra la transparencia lo dio la Corte Suprema de Justicia, que de manera dividida, en 2009, negó información sobre la declaración jurada de bienes patrimoniales de los exministros de Torrijos, Rubén Arosemena, Balbina Herrera y Belgis Castro. Argumentaron que esa información es “confidencial”.

El fallo fue firmado por Aníbal Salas (ponente), Winston Spadafora, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Víctor Benavides, Oydén Ortega y Harley Mitchell. Salvaron su voto Adán Arnulfo Arjona y Alberto Cigarruista, mientras que Jerónimo Mejía se abstuvo. Arjona sustentó que no hay restricción legal o constitucional para negar el acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, y destacó que estas reposan en el protocolo de los notarios.

CONTRALORÍA, MUDA

Hasta el momento no se conoce cuántos funcionarios entrantes y salientes han presentado su declaración de bienes. Este medio pidió esa información a la Contraloría desde la semana pasada, pero hasta la fecha no han respondido. Juana Alcázar, del departamento de comunicaciones de esta institución, dijo que elevó la consulta a la contralora, Gioconda de Bianchini, pero aún no tiene la respuesta.

Declaración de bienes al estilo Obama

Periódicamente el presidente de Estados Unidos (EU), Barack Obama, da a conocer su declaración de bienes patrimoniales a la ciudadanía. En 2012 –en plena ebullición de la campaña política reeleccionista–, Obama declaró activos por un estimado de entre $2.6 y $8.3 millones. Entonces aseguró tener una cuenta corriente del banco de inversión JPMorgan Chase oscilante entre los $500 mil y $1 millón, y una hipoteca de 30 años de vencimiento cuyo valor se halla entre los $500 mil y $1 millón, con una tasa de interés de 5.625%.

En 2011 la familia presidencial reportó ganancias por $1.7 millón referentes al año de 2010. La suma procede de la venta de los libros escritos por el mandatario, Dreams from my Father, The Audacity of Hope, y Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters.

La Ley de Ética de EU hace obligatoria la presentación y publicación de un reporte de la situación financiera que incluya los intereses o asuntos en que los funcionarios de alto perfil puedan tener por fuera del Gobierno. En 2013, CNN comparó el caso de Obama con el del mandatario de México, Enrique Peña Nieto, y planteó que en EU y en el país azteca hay un marco regulatorio para las declaraciones patrimoniales. 

“Su presentación es obligatoria, pero no así su difusión, que depende de la voluntad del mandatario”, argumentó la cadena de noticias. Cuestionó el hecho de que Peña Nieto diera a conocer el estado de sus bienes patrimoniales en enero de 2013, aunque no el monto total de muebles, inmuebles, cuentas bancarias, fondos de inversión, joyas, autos y obras de arte. Fue la misma declaración presentada por él en campaña política.

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