BRASIL

Pedido de juicio a Rousseff agita la política

La ‘Constitución’ brasileña prevé la posibilidad de destituir a un jefe de Estado, pero para iniciar el juicio exige razones jurídicas.

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Rousseff quedó precozmente fragilizada por una recesión económica. Rousseff quedó precozmente fragilizada por una recesión económica.
Rousseff quedó precozmente fragilizada por una recesión económica.

En medio de un clima de zozobra, el Gobierno de Brasil trabaja contrarreloj para blindarse de un movimiento opositor que busca someter a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.

Tras una mañana cargada de rumores, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien debe decidir si da lugar a un pedido de juicio político contra la mandataria respaldado por el principal partido de la oposición, el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), por irregularidades en el manejo de las cuentas públicas, dio una bocanada de oxígeno al gobierno al postergar su pronunciamiento para la semana próxima.

“Va a esperar hasta la semana que viene para poder tomar la decisión”, dijo ayer un asesor de prensa de la Presidencia de la Cámara.

El PSDB (centro), derrotado ajustadamente por Rousseff en las elecciones de hace apenas un año, es el mayor sostén político de un pedido presentado por juristas para someter a la mandataria a un proceso de destitución, iniciativa que también es respaldada por otros partidos y activistas de la sociedad civil.

El gabinete de ministros trabajó desde temprano con la luz de alerta encendida para enfrentar la posibilidad de que Cunha aceptara la solicitud de impeachment, pero el diputado decidió demorarlo a pedido de los propios denunciantes que querían rever su estrategia.

El pedido de juicio político contra Rousseff se basa en violaciones a las leyes que rigen la administración pública, una tesis que ganó fuerza luego de que la Auditoría de la República considerara que el gobierno maquilló las cuentas públicas de 2014 para dar idea de una mejor gestión.

“El impeachment es una cuestión jurídica. Brasil no puede resolver sus cuestiones políticas con la ruptura institucional. El impeachment solo se justifica si hay fundamento jurídico y no hay fundamento jurídico”, dijo el ministro portavoz de Rousseff, Edinho Silva, luego de una serie de reuniones en Brasilia.

Tras 12 años del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) en el poder, muchos parecen oler sangre en el agitado mar político de Brasil.

Con apenas un 10% de apoyo a su gestión en las encuestas, Rousseff quedó precozmente fragilizada por una recesión económica, por las revelaciones de una gigantesca trama de corrupción en Petrobras que salpica al PT y por la incapacidad del gobierno para articular una base robusta de legisladores en una democracia estructurada en torno a alianzas parlamentarias.

Durante una jornada agitada, la Corte Suprema declaró inviable que, en caso de que el presidente de la Cámara rechace la solicitud de impeachment, la oposición pueda presentar un recurso para tratar la cuestión en el plenario, como se especulaba que pasaría para evitar que toda la responsabilidad recayera sobre Cunha.

Esa medida llevó a los partidos opositores que apoyan el juicio político a revaluar sus siguientes pasos.

La decisión del alto tribunal no afecta sus potestades sobre el tema, consideró Cunha, un carismático diputado evangélico con gran predicamento dentro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), partido de centro que comenzó el año como aliado a Rousseff pero que se fue dividiendo en distintas tendencias.

Cunha se declaró opositor hace unos meses tras ser acusado por la justicia de cobrar un soborno de cinco millones de dólares para facilitar un negocio en el megaescándalo de Petrobras.

El jefe de los diputados argumentó que detrás de esa denuncia estaba la mano del gobierno para desprestigiarlo.

Destituir a un mandatario a través de un proceso de impeachment implica una larga travesía que tiene estaciones jurídicas, procesales, políticas y hasta sociales.

Una vez que el presidente de la Cámara Baja lo acepta, el trámite pasa a una comisión que puede aceptarlo o archivarlo.

Si le da luz verde, un mínimo de 342 de los 513 diputados deben levantar su mano a favor para que el proceso pueda comenzar.

Ahí Rousseff sería apartada del cargo y el Senado —donde el gobierno tiene mayoría— se constituye en tribunal para juzgarla.

En caso de ser hallada culpable, el mandato deberá ser completado por el vicepresidente Michel Temer, del PMDB.

Mientras, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), con el apoyo de otras seis fuerzas políticas, presentó ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados un pedido de revocación del mandato de Cunha.

La presentación denuncia a Cunha, por quiebra del decoro parlamentario, debido a una supuesta omisión de patrimonio y a las denuncias de la Fiscalía General de la República, que apuntan a su participación en un esquema de sobornos en la petrolera estatal Petrobras.

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