Ley 16 de 2016

Comisión pedirá aplazar la entrada en vigencia de la ley que instituye la justicia de paz

La justicia comunitaria de paz en el Primer Distrito Judicial, compuesto por 18 municipios, debe empezar a funcionar a partir del próximo mes de junio.

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La reunión de la comisión interinstitucional se celebró el jueves 6 de abril de 2017. La reunión de la comisión interinstitucional se celebró el jueves 6 de abril de 2017.
La reunión de la comisión interinstitucional se celebró el jueves 6 de abril de 2017. Cortesía del Ministerio de Gobierno de Panamá

La comisión interinstitucional encargada de dictar los parámetros generales para la entrada en vigencia de la justicia comunitaria de paz acordó solicitar que se postergue el inicio de la norma en el Primer Distrito Judicial hasta enero de 2018.

Rigoberto González, procurador de la Administración, detalló que, tras un encuentro realizado ayer, la comisión aprobó que la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, con la autorización del Consejo de Gabinete, presente el anteproyecto de ley en la Asamblea Nacional para que se apruebe extender por seis meses la ejecución de la nueva regulación.

La normativa está contemplada en la Ley 16 del 17 junio de 2016 y estipula que a partir de junio debe operar en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas indígenas Guna Yala, Emberá Wounaan y Wargandí.

Con esta acción, “se nos dará tiempo de cumplir con todo lo que entraña esta ley”, dijo González.

Añadió que se busca lograr la mayor participación posible de la sociedad civil organizada, los municipios y los representantes de corregimientos en el proceso de selección de los jueces de paz y demás personal que debe conformar las casas de paz.

El Ministerio de Gobierno recibió esta semana una serie de inquietudes respecto al tema presupuestario para la implementación de la Ley 16.

Además, hay inquietud respecto al ajustado tiempo que quedaría para la capacitación obligatoria y la selección de los jueces de paz.

Sobre el tema, Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, señaló que a título personal avala la medida, siempre que no sea una táctica dilatoria para la implementación del nuevo proceso, y que en efecto el tiempo solicitado sea utilizado para educar sobre la ley, y fomentar la participación ciudadana.

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