Lucha Anticorrupción

Peligran 6 acuerdos con Odebrecht

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Exigiendo justicia y el cese a la impunidad, miembros de la sociedad civil, de gremios y ciudadanos, protestaron ayer en la Corte Suprema de Justicia contra el fallo que interrumpió las investigaciones sobre Odebrecht. Exigiendo justicia y el cese a la impunidad, miembros de la sociedad civil, de gremios y ciudadanos, protestaron ayer en la Corte Suprema de Justicia contra el fallo que interrumpió las investigaciones sobre Odebrecht.
Exigiendo justicia y el cese a la impunidad, miembros de la sociedad civil, de gremios y ciudadanos, protestaron ayer en la Corte Suprema de Justicia contra el fallo que interrumpió las investigaciones sobre Odebrecht. Ricardo Iturriaga

La Fiscalía Especial Anticorrupción ha logrado, al menos, 13 acuerdos de colaboración eficaz y de pena en las investigaciones relacionadas con los sobornos de Odebrecht, informó ayer el Ministerio Público (MP).

De ese total, siete corresponden a acuerdos que están firmados: dos ya han sido homologados ante el Juzgado Duodécimo Penal y cinco están pendientes de este trámite. De los siete, tres corresponden a ejecutivos de Odebrecht y los otros cuatro a panameños que sirvieron como intermediarios para recibir las coimas.

Los seis acuerdos restantes, en cambio, estaban “en desarrollo” hasta el pasado miércoles, cuando la jueza suplente Lania Batista ordenó a la Fiscalía Especial Anticorrupción remitir la vista fiscal para su calificación.

En el Ministerio Público reconocieron que estos seis acuerdos están “en peligro”, luego de que los abogados defensores pidieron más tiempo a la fiscalía. De esta forma, explicaron las fuentes, los acuerdos quedaron en pausa.

El secretario general del MP, Rolando Rodríguez, precisó que la fiscalía no solicitó al juzgado una prórroga, sino una adecuación de los plazos, como está contemplado en la Ley 121 de 2013 sobre la delincuencia organizada.

UN CLAMOR: ‘FUERA LA CORRUPCIÓN’

Miembros de la sociedad civil organizada, gremios y ciudadanos en general participaron en la manifestación en las escalinatas del Palacio Gil Ponce, en la que exigieron que se siga con la investigación sobre Odebrecht. Expandir Imagen
Miembros de la sociedad civil organizada, gremios y ciudadanos en general participaron en la manifestación en las escalinatas del Palacio Gil Ponce, en la que exigieron que se siga con la investigación sobre Odebrecht. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

Cacerolas, pitos, pancartas en las que se clamaba por justicia. Voces en contra de la corrupción y de la impunidad. Decenas de ciudadanos indignados protestaron ayer al mediodía frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el lugar desde donde han salido en los últimos días polémicos fallos que ponen en riesgo casos en los que se investigan posibles lesiones contra el patrimonio del Estado o blanqueo de capitales.

Protestaron dos días después de que se diera a conocer un fallo del Juzgado Duodécimo de Circuito Penal, a cargo de la jueza suplente Lania Batista, que negó darle más tiempo a la Fiscalía Especial Anticorrupción para que siga investigando el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios y particulares panameños.

“Fuera la corrupción”, “queremos justicia”, “la justicia no se vende, la justicia no se compra”, se leía. Un ciudadano vestido con toga negra cargaba un letrero con las siglas “CSJ: Cucarachero Supremo de Justicia”. También exigían la renuncia de los magistrados que conforman el máximo tribunal.

Magaly Castillo, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, manifestó que la convocatoria surgió a raíz de la decisión de la jueza Batista. Según ella, que el caso Odebrecht es una clara muestra de cómo el crimen organizado corrompe a los funcionarios para quedarse con el dinero del Estado.

“No puede ser que los jueces estén diciendo que el caso Odebrecht no es un caso complejo, cuando es un claro caso de crimen organizado transnacional, y por lo tanto, debe ser atendido conforme a la ley de crimen organizado y a los convenios internacionales de persecución de estos delitos”, estimó.

Recordó que ya hay precedentes de algunos casos de alto perfil en los que los jueces y magistrados de la Corte han dado veredictos que han permitido impunidad y los hechos quedan sin esclarecerse. “El riesgo más grande que corremos es que estos casos queden en la impunidad y que no se pueda recuperar el dinero sacado de las arcas del Estado de manera ilícita [...]”, advirtió.

Otra que también se pronunció sobre el momento que vive el país en lo relacionado con la administración de justicia fue Annette Planells, miembro del Movimiento Independiente.

La activista aseguró que “resulta incomprensible” que el caso de corrupción más grande de la historia del país y de Latinoamérica sea resuelto por una jueza suplente, “que no tiene idea del impacto que dicha investigación tiene para el país”.

“Hemos perdido la confianza en la justicia, y si no se aplica un castigo ejemplar se corre el riesgo de que estos hechos se repitan”, recalcó.

La mayoría pedía un alto a la impunidad. Expandir Imagen
La mayoría pedía un alto a la impunidad. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

Políticos locales también asistieron a la concentración. Una de ellas fue la diputada independiente y exprocuradora Ana Matilde Gómez, quien calificó de “vergüenza internacional” el hecho de que Batista cerrara una audiencia importante para el caso Odebrecht, por un problema con internet.

Gómez se refirió a la audiencia fallida del pasado jueves en la tarde. La diligencia en la que se debían validar acuerdos con personas que han suministrado información al expediente de Odebrecht —como Olivio Rodrigues Junior, un antiguo operador de la firma— fue suspendida con el argumento de que no se pudo establecer una conexión vía internet con el Consulado de Panamá en Sao Paulo, Brasil. “No hemos entendido el momento histórico que vivimos, en el que todas las instituciones deben luchar juntas contra la corrupción”, dijo.

En tanto, el exdirigente de la Cruzada Civilista Aurelio Yeyito Barría, manifestó que los magistrados, jueces y fiscales “han creado un caos dentro de la administración de justicia que favorece la impunidad”. Añadió que hay jueces que se valen de tecnicismos judiciales para evitar que concluyan los casos de alto perfil en los que se ha perdido dinero del Estado.

Un clamor: ‘Fuera la corrupción’ Expandir Imagen
Un clamor: ‘Fuera la corrupción’

CITA CON DIPUTADOS

Antes de la concentración frente al principal tribunal de justicia del país, cinco diputados de la Asamblea Nacional se reunieron con la procuradora Kenia Porcell. José Antonio Domínguez (Partido Panameñista), Juan Carlos Arango (Partido Popular), Ana Matilde Gómez (independiente), Rony Araúz (Cambio Democrático) y Quibián Panay (Revolucionario Democrático).

Manifestaron su inquietud a Porcell ante la posibilidad de que la investigación del caso Odebrecht pueda verse afectada.

En el encuentro, Porcell les aclaró que la solicitud de más plazo al Órgano Judicial se hizo con base en la Ley 121 de 2013 sobre criminalidad organizada, que adecúa los términos de investigación frente a los procesos de investigaciones complejas.

Mientras, la Asociación Panameña de Magistrados y Jueces, la Asociación de Magistradas y Juezas del Órgano Judicial, y la Asociación Nacional de Defensores Públicos exigieron, en un comunicado, que se respete “el principio de la separación de poderes que caracteriza al Estado de derecho democrático”.

MP: jueza aplicó artículo para causas comunes y no para casos complejos

El secretario general del Ministerio Público (MP), Rolando Rodríguez Cedeño, estimó que la jueza duodécima penal, Lania Batista, invocó el artículo 2033 del Código Judicial    —que data de 1987— para interrumpir las diligencias sobre Odebrecht, cuando debió aplicar la Ley 121 de 2013, que desarrolla la investigación, juicio y sanción de las causas sobre delincuencia organizada o caso complejo.

El artículo 2033 del Código Judicial es aplicable para causas comunes y no para procesos complejos como el de Odebrecht, declarado así en fallo del 13 de julio pasado por el juez duodécimo titular, Óscar Carrasquilla.

Según Rodríguez, tras haber sido declarada como compleja, la investigación  sobre Odebrecht no podía cerrarse.

Carrasquilla, en su fallo de julio pasado, estableció que en el momento en que la Fiscalía Especial Anticorrupción ordenara  la detención de alguno de los procesados, tenía un plazo de dos meses para entregar la vista fiscal.

El MP discrepa de ese plazo, ya que no está sustentado en el Código Judicial o el Código Procesal Penal. Fue impuesto, reconoce Rodríguez, a criterio del juez.

Indicó que la fiscal  Zuleyka Moore pidió una adecuación del plazo —y no una prórroga— dado en el fallo de julio pasado, basada en el  artículo 3 de la Ley 121 sobre delincuencia organizada, que dice:    “el juez de garantías o tribunal competente resolverá motivadamente, acogiendo o rechazando la petición del fiscal. Igualmente, podrá adecuar los plazos para  modificar las resoluciones que estime necesario”.

Por otro lado, la procuradora Kenia Porcell anunció que el próximo domingo Panamá será sede de una reunión del fiscal general de Suiza con representantes de los Ministerio Públicos de varios países de la región que investigan   los sobornos que pagó Odebrecht.

El Ministerio Público apelará el fallo de la jueza suplente Batista.

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