AMPLÍAN CONCESIÓN EN UN PARAÍSO ARQUEOLÓGICO Y AMBIENTAL

Las Perlas, amenazada por buscadores de tesoros

El archipiélago de las Perlas, la ruta de los españoles buscadores de riquezas en la época de la colonia y donde se hundieron embarcaciones cargadas de tesoros, es hoy el centro de operaciones de la empresa Investigaciones Marinas del Istmo (IMDI).

La compañía espera dar con el oro, plata y todos los objetos de valor histórico que se encuentran en las profundidades del mar.

Razones de sobra tienen para creer que de las entrañas del archipiélago brotarán riquezas. En 1631 el navío San José, cargado de oro, plata y otros bienes se partió en dos cuando transportaba de Perú a España artículos para la realeza.

IMDI empezó desde hace dos meses su cacería de tesoros por la isla Contadora. Desde el aire se pueden observar los hoyos y caminos que a punta de presión se han creado en el fondo del mar con las turbinas instaladas en una barcaza.

Los tubos cilíndricos de la barcaza hacen las veces de un barrido submarino a cientos de metros de profundidad, lo que conlleva posibles daños de corales, arrecifes y el ecosistema marino en su conjunto.

“En este instante no están en un arrecife coralino, pero sí pudimos percatarnos de que tienen la capacidad de hacer un daño bien grande”, indicó Héctor Guzmán, científico del Smithsonian.

En el archipiélago hay especies únicas, según reportes del Smithsonian. También es la ruta de migración de las ballenas, lo que se afectaría por el fuerte ruido de las excavaciones de IMDI.

La actividad de esta empresa es intensa. Su concesión ­ que ha pasado por varios tropiezos­ vence el próximo año, lo que acelera la búsqueda de tesoros, pero a espaldas de cualquier inspección.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no supervisa los bienes que pueden haberse extraído, y las autoridades ambientales y patrimoniales tampoco fiscalizan la operación.

La concesión ampliada

Detalla el contrato firmado en 2003, que “el Estado nombrará a un inspector en cada una de las embarcaciones utilizadas en los trabajos de investigación y salvamento”.

A su vez, el inspector vigilará personalmente las operaciones de investigación y salvamento que ejecute IMDI.

Este inspector debe entregar informes semanales al MEF, y a la dirección Nacional de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (Inac), y sin perjuicio de que el Estado aumente la fiscalización en las actividades del contrato.

A pesar de todos estos mecanismos de control, en la embarcación Blue Water Rose no hay un solo inspector. Ello significa que la nave, de la estadounidense Blue Water Ventures, pudo rescatar piezas de valor sin declararlas al Estado.

Gassan Salama, vicepresidente de IMDI, reconoció que sus operaciones no están bajo el lente fiscalizador del Estado.

Esta es la misma empresa que inició operaciones en Nombre de Dios y Chagres, provincia de Colón, en 2000, y cuyo contrato fue demandado en 2004 ante la Corte Suprema de Justicia y posteriormente suspendido.

En 2007 la Corte levantó la medida, y una adenda en 2010 le extendió la concesión hasta diciembre de 2013 (ver nota relacionada: Ruta de demandas y tropiezos de IMDI).

Con esta misma adenda se le amplió su radio de operaciones. En el contrato firmado en 2003 por el entonces ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, y Ernesto Cordovez, quien presidía la empresa, se determinó que IMDI tenía “derechos exclusivos” para hacer estudios y rescate de bienes en aguas territoriales en los sitios especificados en Colón.

En el contrato no estaba incluida las Perlas, sin embargo, con la adenda otorgada el 19 de marzo de 2010 por el exviceministro de finanzas Dulcidio De La Guardia, la empresa obtuvo como sitio para operar la totalidad del archipiélago.

Las huellas de IMDI

En los dos meses de actividad en las aguas próximas a isla Contadora, los trabajos de IMDI han dejado huellas.

Este diario hizo un sobrevuelo el pasado 15 de junio por el archipiélago y se pudo apreciar más de dos docenas de orificios en el fondo marino, aunque según fuentes que conocen las operaciones de la empresa hay más de 60 huecos.

Los agujeros eran fácilmente identificables, por su color oscuro y su secuencia. A su vez, se aprecian líneas en el fondo del mar que dibujaban una especie de carretera.

El equipo que está utilizando la embarcación de IMDI es “destructor” y “desbarata todo a su paso”, aseguró una fuente de la empresa que pidió reserva de su identidad por miedo a represalias.

La expulsión de agua a través de dos tubos instalados en una barcaza suele usarse para buscar tesoros por ser un mecanismo rápido de excavación, pero existe otra metodología que no se está aplicando en las Perlas, dijo.

En la gira estuvieron presenten biólogos y buzos profesionales que se sumergieron en las profundidades con cinta métrica e hidrófonos en mano para examinar los efectos de los deflectores o turbinas de la embarcación de IMDI.

“Eso echa agua a una gran presión, abre zanjas gigantescas, líneas como de un metro de ancho por 43 de largo”, dijo Guzmán, del Smithsonian.

Guzmán se muestra intranquilo y su preocupación es compartida con los biólogos marinos Malena Sarlo y Arturo Dominici.

Los trabajos de la empresa permiten remover el fondo de todo el archipiélago y el proceso de recuperación podría demorar decenas de años, dependiendo de la afectación de comunidades coralinas, comentó Sarlo, bióloga de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá.

Sarlo explicó que el ruido afecta la comunicación de delfines y ballenas. Igualmente puede incidir negativamente en el apareamiento de estos cetáceos.

Dominici, de la organización Conservación Internacional en Panamá, advirtió de que hay daños en el fondo marino cerca de zonas arenosas y comunidades coralinas.

Solicitan a IMDI les permitan participar en la actividad para evaluar de forma científica los efectos de las excavaciones.

Los residentes de la zona han alzado su voz de protesta. “No estamos de acuerdo con ninguna actividad que ponga en peligro el medio ambiente ni el fondo marino del archipiélago”, señaló Alberto Motta, presidente de la directiva de la Asociación de Residentes, Propietarios y Usuarios de Isla Contadora (Arpuic).

“Lo único que sabemos de los mecanismos que están utilizando es que dejan unos huecos enormes y unos zurcos extensos en el fondo marino alrededor de la isla, pudiendo afectar todo el ecosistema marino, desde corales hasta los peces, y por el ruido pudiera afectar las ballenas que se avistan en el archipiélago todos los años”, agregó Motta.

En isla Contadora más de 20 familias alertan de los daños ambientales, dijo Angelina Ramos, administradora de la Arpuic.

“Los residentes están molestos y me piden que me acerque y les pida [a la embarcación] documentos, y el personal de la embarcación dice que están siendo hostigados por los residentes”, manifestó Ramos.

Guzmán recalca que la zona de exploración y excavación otorgada por el Estado es irregular y no está bien definida.

“Un sitio no puede ser todo el archipiélago, por lo que pido a las autoridades revisarlo para establecer puntos más específicos”, sobre todo porque es un lugar protegido por la Ley 18 de 2007.

Hace cinco años con esta ley se creó la Zona Especial de Manejo Marino Costera para proteger los recursos marinos.

Esta normativa prohíbe , entre otras cosas, “la extracción de corales, peces y arrecifes coralinos”.

Aunque IMDI no tiene un contrato para la extracción de especies marinas, sus operaciones finalmente podría causarle daños al ecosistema.

Con el dedo acusador

Salama, vicepresidente de la compañía, se defiende.

Argumentó que le notificó de sus operaciones al Inac, dirigido por María Eugenia Herrera, y le ha pedido a los funcionarios de la entidad que se involucren, pero no ha tenido respuesta.

IMDI mostró una carta que le envió esta empresa a la dirección de Patrimonio Histórico del Inac, recibida el 9 de abril de 2012, en la que detalla que hacen actividades subacuáticas de acuerdo con la adenda de 2010 y solicitan “la designación de un inspector que dé fe de toda la labor que desarrolla nuestra empresa”.

Este medio solicitó a Patrimonio Histórico información referente a esta compañía y su posición frente al caso en, al menos, 10 ocasiones desde el 29 de mayo. Al cierre de esta edición ningún representante de esta institución había respondido la petición.

De igual forma se acudió a las oficinas de la entidad para conocer el expediente de IMDI, sin embargo, Brick Moreno, administrador de Patrimonio Histórico del Inac, negó el acceso a los registros, supuestamente por no tener aprobación del departamento de relaciones públicas, dirigido por Liz Castillo, quien tampoco gestionó las entrevistas.

“El Inac nos hizo una visita ... y le pedimos que se queden. ¿Por qué el Inac no se integra?”, reclamó Salama.

Ni la Autoridad Nacional del Ambiente ni la de Recursos Acuáticos de Panamá respondieron las solicitudes de información.

“Sabemos que en algún momento podemos afectar algo, pero se hace la mitigación”, manifestó el vicepresidente de la empresa.

A juicio de Salama, la metodología “de hacer barridos a más de 100 metros de profundidad” es el sistema adecuado, aunque también reconoce que lo cambiarían dependiendo de la zona a operar en el archipiélago.

IMDI tiene la certeza de que encontrarán los tesoros. En su poder guarda documentación que detalla de los restos del navío San José con grandes cargamentos de tesoros del Perú.

“De ahí van a salir partes comerciales e históricas”, dijo Salama, quien aseguró que no han retirado nada del agua en las Perlas, pero en los próximos meses esperan salvar estos bienes.

El MEF no puede dar fe si se ha encontrado o no algún tesoro. Las autoridades de esta institución también guardan silencio.

Ruta de demandas y tropiezos de IMDI

La búsqueda de tesoros, navíos y restos arqueológicos por Investigaciones Marinas Del Istmo (IMDI) tiene más de una década y ha pasado por un largo camino de demandas.

Gassan Salama, exgobernador de Colón y vicepresidente de IMDI, detalló que todo comenzó en 2000 cuando mediante un convenio con el Instituto Nacional de Cultura (Inac), su empresa hizo estudios de exploración y recuperación científica e histórica de los objetos en las aguas submarinas de rutas hacia Portobelo. En 2001, según Salama, se descubrió una colección completa de armas del siglo XVI en un navío en playa Damas. Tras el hallazgo, el Inac debió otorgar el permiso para rescatar los bienes y determinar con qué se podía quedar la empresa y qué clasificaba como un bien patrimonial. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determinó que esta era su competencia. Así, el MEF le comunicó a la empresa que el convenio no era válido.

En junio de 2003, a través del MEF, obtienen el contrato de exploración, y en julio de ese mismo año se le permite la extracción de sus hallazgos. En playa Damas, Nombre de Dios, realizaron los primeros rescates. Sin embargo, estos fueron suspendidos por la Corte Suprema de Justicia ante la demanda presentada por la abogada Yira Casasola en 2004. Supuestamente actuando en representación propia pidió anular el contrato y suspender su vigencia. Indicaba que para este tipo de rescates arqueológicos se requería la firma de un contrato de concesión con Patrimonio Histórico del Inac.

A su juicio, no era suficiente el contrato con el MEF. Casasola finalmente desistió de su demanda.

Según Salama, Casasola actuaba a petición del exdirector de Patrimonio Histórico del Inac Carlos Fitzgerald, quien había violado un pacto de confidencialidad al divulgar los hallazgos.

Posteriormente el abogado Carlos Carrillo, en representación de Miguel Bush Ríos, interpuso otra demanda en 2007 contra el mismo contrato.

En esta ocasión la Sala Tercera de la Corte cambió su veredicto y le levantó las medidas cautelares fijadas en 2004.

Solo el magistrado Winston Spadafora salvó su voto e indicó que debió declararse ilegal la concesión, porque fue suscrita por una autoridad (MEF) que carecía de competencia.

En 2007 la Corte levantó la suspensión y el Estado decidió en 2010 extenderel contrato.

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