obispo lacunza, molesto por falta de diálogo

Persiste la desconfianza

Fueron más de cuatro horas de espera por parte del obispo José Luis Lacunza, la cacica Silvia Carrera, el presidente de la coordinadora, Rogelio Montezuma, en San Lorenzo. Ellos accedieron a buscar un punto intermedio para conversar, sin embargo, llamadas entraban y salían al teléfono celular del prelado de la Iglesia católica, que visiblemente molesto con su interlocutor del gobierno, le exigía que se pusieran de acuerdo y no les hicieran perder el tiempo.

A tres kilómetros del lugar de la esperada reunión, camioneros de carga (desesperados por la impotencia de no poder hacer nada con las pérdidas millonarias) cerraron la carretera con sus tráileres al paso de cualquier vehículo y de los indígenas que por allí pretendían pasar.

Rubén González dijo que llevaba más de 3 mil 500 dólares en legumbres y verduras de todo tipo hacia el mercado de La Chorrera, pero tuvo que regalar y lanzar tomates, pepinos y yucas que ya estaban podridos.

“Nosotros hemos perdido mucho dinero, ya no tenemos dinero para alimentarnos. ¿Quién nos paga nuestras pérdidas? Y si ellos no nos dejan pasar (los indígenas), ellos no van a pasar a pie, y si pasan por aquí, los amarramos”, aseguró el transportista.

Cuando Rogelio Montezuma llegó hasta el lugar del cierre de los camioneros, estos intentaron amarrarlo, pero rápidamente fue sacado del lugar en un vehículo negro.

¿No a la minería?

El presidente, Ricardo Martinelli, que le ha pedido a los indígenas que viajen a Panamá para negociar, reiteró que no habrá minería en áreas comarcales y que el Gobierno dejará que sean las autoridades comarcales las que decidan sobre la exploración o explotación de minerales en su territorio.

Martinelli ayer agregó otro elemento. Dijo que detrás de las manifestaciones no solo hay intereses políticos, sino que puede haber intereses de petroleras y empresas de cobre. Las primeras, según el mandatario, estarían interesadas en que no se genere energía hidroeléctrica, y las segundas, evitarían que se reduzca el precio internacional del cobre.

La Presidencia envió un comunicado en el que dice que la suspensión de los proyectos hidroeléctricos que se construyen o están en trámite dentro de las comarcas incrementaría la factura eléctrica entre 25% y 30%.

“La suspensión de las concesiones hidroeléctricas –tal y como lo plantean los grupos indígenas- obligaría al Estado a incurrir en sobrecostos anuales de alrededor de 200 millones de dólares para suplir la demanda energética a través de plantas de generación térmica utilizando bunker C como combustible”, dice el comunicado.

En tanto, el ministro de Comercio, Ricardo Quijano, mostró una certificación de la Dirección Nacional de Recursos Minerales en la que se señala que en el área solo hay una concesión minera metálica: Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado (Codemin) creada mediante la Ley 41 de 1 de agosto de 1975. La certificación, firmada por la directora Zahadia Barrera, plantea además que todas las solicitudes de exploración de minereales que se ubiquen en el territorio de la comarca serán rechazadas.

El documento, con fecha del 4 de febrero, sería un duro golpe para los mineros, ya que actualmente hay 25 solicitudes para proyectos mineros de exploración dentro de la comarca, aceptadas y tramitándose. Según este comunicado, las anularían, es decir, no se van a otorgar.

De estas solicitudes, al menos seis habían sido declaradas elegibles para obtener contratos.

Movimientos de policías

La carretera Interamericana está tomada por los indígenas, por un lado, y por los policías, por el otro. Atrapados han quedado no solo los camioneros, sino también turistas y residentes del área.

El canciller Roberto Henríquez empezó a usar el término “rehenes” para referirse a los turistas que no pueden salir de la zona de conflicto.

En tanto, el director de la Policía Nacional (PN), Gustavo Pérez, hizo un recorrido en el sector de Los Ruices, en donde esta entidad mantiene un contingente de unos 400 agentes de control de multitudes y equipo pesado para despejar vías.

Desde el primer día del cierre de la vía Interamericana, la PN ha mantenido en la estación policial de Los Ruices un grueso contingente de agentes antidisturbios y camiones cargados con pertrechos, como gases lacrimógenos, para la apertura de la vía.

Pérez llegó en un helicóptero al mencionado sector, situado a unos 20 kilómetros del puente sobre el río Viguí, en donde se mantiene uno de los cierres de la vía Interamericana.

En horas de la noche, de la ciudad de Panamá salieron varios vehículos con antimotines rumbo al interior.

Bocas del Toro

Mañana se cumple el ultimátum de 72 horas que diera la asamblea de representantes de fincas y empacadoras del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano de la Bocas Fruit Company Agropecuarias y Empresas Afines, al igual que los trabajadores de la Cooperativa Bananera del Atlántico, que han lanzado un ultimátum de 24 horas para que se resuelva la situación de los indígenas Ngäbe Buglé.

Si no se llega a un acuerdo, ambas organizaciones (que aglutinan a unos 5 mil trabajadores) se abocarán a una paralización de labores y cierre de calles de forma indefinida, dijo el secretario de organización del sindicato, Abel Baker.

En esta provincia, desde el pasado jueves 2 de febrero las carreteras se mantienen bloqueadas –de Chiriquí Grande a Changuinola–, en las comunidades Norteño, Cañaza y Malí. De igual manera, el tráfico está cerrado en el tramo de carretera que va de Almirante a Changuinola en las comunidades Miraflores, La Gloria y Estibite.

Ayer fue cerrada la frontera con Costa Rica en el área del puente del Sixaola.

(Con información de Flor Bocharel, Víctor Eliseo Rodríguez y Pedro Rodríguez).

Suntracs denuncia que arrestos son ilegales

33 obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) arrestados en la mañana de ayer por agentes de la policía, fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Auxiliar y trasladados a la cárcel La Joya.

Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, reveló que los obreros realizaban una protesta en apoyo a los indígenas, en las cercanías de la intersección de la vía Transístmica y la avenida 12 de Octubre, cuando fueron detenidos.

Méndez informó que originalmente los obreros fueron llevados a la sede policial de Pueblo Nuevo, pero luego se decidió ponerlos a órdenes de la Fiscalía Auxiliar por supuesta alteración del orden público.

Denunció que los agentes de la policía se introdujeron en el proyecto donde laboran los trabajadores para detenerlos, sin establecer con certeza quiénes participaban en la protesta.

Detalló que abogados del Suntracs presentarán sendos recursos de hábeas corpus por considerar que su detención es ilegal. En tanto, el abogado Antonio Vargas explicó que la decisión de trasladar a los detenidos hacia la cárcel La Joya es una violación de los derechos humanos de los trabajadores. Señaló que ese centro penitenciario solo es para detenidos que están a órdenes del Órgano Judicial y purgan una condena. Para el dirigente obrero, esta decisión pone en riesgo la integridad física de los trabajadores al mezclarlos con reos de alta peligrosidad. Por otro lado, informó que cinco obreros del Suntracs que fueron detenidos en la provincia de Chiriquí el pasado viernes fueron puestos en libertad en la madrugada de ayer. Los miembros del Suntracs se declararon en estado de alerta ante “las detenciones ilegales” realizadas por la policía, las que calificaron como una táctica intimidatoria.

La dirigencia del Suntracs convocó a una marcha pacífica para el próximo miércoles, que saldrá del parque Porras, en apoyo a la lucha que desarrollan los pueblos indígenas que se oponen al desarrollo de proyectos mineros e hidroeléctricos dentro de sus comarcas.

También exigirán que el Gobierno cumpla con los acuerdos alcanzados el año pasado con la dirigencia indígena, y evitar la violación de los derechos humanos como ocurrió en Bocas del Toro.

Juan Manuel Díaz C.

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