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Persiste escalada de embarazos en jóvenes

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Un total de 10 mil 440 jóvenes entre 10 y 19 años de edad ingresaron en 2018 a control prenatal a las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa).

Las cifras siguen en aumento, ya que son 528 casos más que los registrados en 2017, cuando se contabilizaron 9 mil 912 adolescentes en estado de gravidez, según un informe de la entidad.

El documento precisa que la comarca Ngäbe Buglé (1,872), San Miguelito (1,752) y Chiriquí (1,584) son las áreas del país con mayor incidencia de embarazos.

En 2018 se reportaron 528 casos adicionales de jóvenes entre 10 y 19 años en control prenatal, respecto a 2017.

El informe del Minsa también permite establecer que de 2014 a 2018 se dieron 53 mil 361 embarazos.

El problema social crece; mientras que desde agosto de 2014 se presentó en la Asamblea Nacional el proyecto de ley 61, que busca adoptar políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud, pero no ha avanzado.

Miembros de la Coalición Panameña por la Educación Integral en Sexualidad, la Alianza Panameña por la Vida y la Familia y la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia lamentan que la propuesta no se aprobara, pues se logró un consenso tras una serie de reuniones y cambios a la iniciativa legislativa.

La educación sexual es una necesidad de la población joven y así lo planteó el papa Francisco en su visita al país para la Jornada Mundial de la Juventud. A su juicio, “lo ideal es que empiece en casa”, pero como esto no siempre es posible, la “escuela tiene que suplirla”.

Embarazos en jóvenes, un problema social sin resolver

Al menos 10 mil niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años ingresan cada año a las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa) a control prenatal, una cifra que representa el 30% del total de embarazos reportados anualmente en el país.

Así consta en informes estadísticos del Minsa, los cuales detallan, por ejemplo, que en 2018 hubo 10 mil 440 embarazos de niñas y adolescentes sometidos a control, es decir, 528 casos más que los contabilizados en 2017, cuando la cifra ascendió a 9 mil 912. Estas cifras no incluyen los reportes de la Caja de Seguro Social ni de las clínicas privadas.

Al sumar los embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad desde 2014 y hasta el año pasado, la cifra de casos asciende a 53 mil 361, o un promedio de 10 mil 672 al año, según los registros del Minsa.

Con este escenario, en la Asamblea Nacional todavía espera por aprobación el proyecto de ley 61, que busca adoptar políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud.

Se trata de una iniciativa presentada en agosto de 2014 por el diputado del Partido Revolucionario Democrático Crispiano Adames ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, que durante todos estos años ha generado polémica entre sectores de la sociedad.

Desde 2014 –cuando se presentó el último de tres proyectos de ley sobre educación sexual–, y hasta 2018, el Minsa reporta 53 mil 362 embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.

En el proyecto de ley, Adames argumentó que está comprobado que las personas que reciben educación integral en sexualidad desde temprana edad posponen el inicio de sus relaciones sexuales, así como que las mujeres con mayor escolaridad gozan de mejor salud y oportunidades, tanto ellas como sus hijos e hijas.

Adames planteó que es importante proteger y defender los derechos a la salud sexual y salud reproductiva, lo que incluye el derecho a la información y educación en sexualidad.

La iniciativa legislativa fue aprobada en primer debate en abril de 2017 en la Comisión de Educación Integral, Atención y Promoción de la Salud y recomendada al pleno de la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación en segundo debate, pero hasta la fecha no ha sido retomada.

Otro intento fallido

Desde 2008, la educación sexual ha sido objeto tres veces de una intensa controversia en el país, a partir de la presentación ante la Asamblea Nacional de distintos proyectos de ley que buscaban adoptar políticas públicas inherentes al tema.

En 2008, un proyecto propuesto por el Minsa fue rechazado, porque grupos religiosos y de la sociedad civil alegaron que incitaba a la juventud al libertinaje.

Tres años después, en 2011, la diputada del partido Cambio Democrático Marylín Vallarino interpuso una nueva iniciativa, pero tampoco avanzó.

Según la socióloga y miembro de la Coalición Panameña por la Educación Integral en Sexualidad Rubiela Sánchez, las iniciativas legislativas no han prosperado, porque las autoridades gobiernan con base en sus prejuicios y creencias, y no con una visión de Estado basada en derechos humanos.

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Sostuvo que espera que el próximo gobierno reanude la discusión, aunque admitió que el panorama no está muy claro y toca a la sociedad civil seguir insistiendo para que se originen cambios en las políticas públicas. “No debemos agotarnos, porque la que sufre es la población más vulnerable”, opinó.

En tanto, el presidente de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, Juan Francisco de la Guardia, llegó a la conclusión de que no hay interés en esta legislación. De hecho, afirmó que miembros de la sociedad civil efectuaron mejoras a la propuesta inicial para lograr una educación sexual objetiva, efectiva y sin ideología, pero todo quedó allí.

A su juicio, las cifras de embarazos en niñas y adolescentes son preocupantes, aunque aseguró que el Minsa incluye a mayores de edad para abultar las estadísticas.

Opinó que se debe crear una ley que castigue a los adultos que cometen delitos de violación y estupro, ya que son estos los principales causantes de embarazos en las menores de edad.

Urgen cambios

Por su parte, Rossana Uribe, presidenta de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), manifestó que el próximo gobierno tendrá la crucial labor de modernizar el sistema educativo, ya que, aunque el proyecto de ley no ha sido aprobado, desde ya se podría ir introduciendo el tema en el pénsum académico, como lo tiene la mayoría de las escuelas privadas. “Aquí, los últimos siempre son los estudiantes de las escuelas públicas, los más desfavorecidos” , dijo.

Cifras de Aplafa indican que de 2014 a 2018 un total de 2 mil 667 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad acudieron a control de obstetricia en las siete clínicas que tiene la asociación en el país.

En esta circunstancia, la Coordinación Nacional de la Niñez y Adolescencia del Minsa afirma que trabaja permanentemente en los programas de atención integral a la población.

En el caso específico de niñas y adolescentes, dijo que impulsa el Programa de Atención Integral de Adolescentes.

De acuerdo con la entidad, desde 2012 reforzó la estrategia de servicios de salud a los jóvenes y la orientó hacia las habilidades para la vida, con énfasis en metodologías de participación para la prevención de embarazos y de VIH/sida.

El pontífice respalda la educación sexual

Sobre el polémico tema de educación sexual, el papa Francisco expresó durante su visita al país en enero pasado –para la celebración de la Jornada Mundial (JMJ)– que “el sexo es un don de Dios. No es el ‘cuco’ (un monstruo con el que asustar). Es el don de Dios para amar. Que algunos lo usen para ganar plata o explotar a otros, es otro problema. Pero hay que dar educación sexual, objetiva, tal y como es”.

El pontífice apoyó que se imparta educación sexual en las escuelas, pero la instrucción debe quedar libre de “colonizaciones ideológicas”.

También añadió que es importante elegir bien los maestros que se escojan para enseñar este tema y que “lo ideal es que [la educación sexual] empiece en casa”, aunque a veces no es posible porque las familias no saben cómo afrontarla y la “escuela tiene que suplirla”.

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