peculado

Pesquisas sobre más de 100 juntas comunales, en un limbo jurídico

El juez quinto penal decidió que la reapertura es solo en el caso de las juntas comunales del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá.

La reapertura del caso de las juntas comunales

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Cómo entender el proceso del caso de las juntas comunales

Investigaciones sobre la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de más de 100 juntas comunales quedaron en el limbo jurídico, luego del fallo del juez quinto penal, Enrique Paniza, que admitió la reapertura de las pesquisas solo para las circunscripciones del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá.

Mediante fallo del 3 de este mes, Paniza admitió una petición que le hizo el Ministerio Público (MP) el 12 de marzo pasado para que reabriera la investigación relacionada con las juntas comunales a nivel nacional.

Esta solicitud fue presentada después de que la Contraloría General de la República entregó en febrero pasado al MP 187 informes de auditorías efectuadas en juntas comunales del país.

El fallo de Paniza, empero, solo abarca unas 48 juntas comunales situadas en el Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, territorio judicial en el que , según afirma, es competente.

Sin embargo, la Fiscalía Primera Anticorrupción pidió a Paniza reabrir la pesquisa sobre 153 juntas comunales que recibieron transferencias por $240 millones entre 2009 y 2014.

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Fiscalía

El juez quinto penal, Enrique Paniza, admitió la reapertura del caso de las juntas comunales, pero solo para aquellas que están dentro de su competencia jurisdiccional: el Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá.

“Se advierte que solo se está accediendo a la reapertura de las juntas comunales, solo a las que se encuentran dentro del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, de las cuales somos competentes...”, precisa el fallo dictado por Paniza, fechado el 3 de este mes.

El Primer Circuito Judicial abarca la provincia de Panamá, que cuenta con 48 corregimientos e igual número de juntas comunales.

Pero la decisión del juez Paniza deja algunas dudas, según informaron fuentes del Ministerio Público (MP) consultadas por este diario.

De acuerdo con las fuentes, las dudas surgen porque la investigación del caso, seguida por la Fiscalía Primera Anticorrupción, incluyó 153 juntas comunales a las que se transfirieron $240 millones durante el período 2009- 2014, y ahora, con el fallo del juez Paniza, se ordena la reapertura del proceso en lo que respecta a, por lo menos, 48 juntas comunales que, como se dijo, están dentro del territorio judicial de su competencia.

Las fuentes precisaron que el MP evalúa posibles acciones jurídicas frente al fallo del juez Paniza, que podrían incluir una apelación para solicitar que se incluya la reapertura de las pesquisas sobre todas las juntas comunales, así como la solicitud de una explicación del fallo o inclusive seccionar los casos de las juntas comunales por cada circuito judicial.

Juez explica demora

En un comunicado divulgado ayer por el Órgano Judicial, Paniza explicó por qué se demoró casi cinco meses para resolver la petición de reapertura, efectuada por el MP el 12 de marzo pasado, después de recibir los informes de 187 auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, que hacen referencia a $247 millones que las juntas comunales recibieron en transferencias entre 2009 y 2014. (Ver gráfico).

Según el comunicado del Órgano Judicial, los 93 tomos del expediente del proceso tuvieron que ser remitidos a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que los magistrados de esa instancia resolvieran un conflicto de competencia entre el Juzgado Quinto Penal y el Juzgado Liquidador de Chiriquí.

Una vez resuelto el conflicto de competencia, el 8 de junio pasado, la Sala Penal remitió los 93 tomos del expediente al Juzgado Liquidador de Chiriquí y este los devolvió a Paniza el 26 de ese mismo mes.

Paniza también justificó la demora en que, para la fecha en que el expediente le fue devuelto, el Juzgado Quinto Penal procedía, simultáneamente, a notificar a las partes en el caso de las juntas comunales la solicitud de reapertura que hizo la fiscalía.

Sentencia

El conflicto de competencia en el que Paniza se apoya para justificar la demora fue dirimido por la Sala Penal mediante fallo del 19 de abril pasado, el cual dejó sin efecto una decisión del Juzgado Liquidador de Chiriquí.

Con esa decisión, el Juzgado Liquidador de Chiriquí pretendía acumular en el expediente de las juntas comunales que tiene el juez Paniza un proceso relacionado con presuntas irregularidades en la Junta Comunal de El Puerto en Remedios, Chiriquí. En este último caso se investiga a la entonces candidata a diputada de Cambio Democrático (CD) Ana Giselle Rosas de Vallarino.

Cabe destacar que, al referirse al caso del juez Paniza, los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal hacen referencia en todo momento a “las sumarias en averiguación por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en perjuicio de las juntas comunales a nivel nacional”.

La reapertura del caso de las juntas comunales

La competencia es la capacidad que tiene un juez o magistrado para conocer un caso. Los criterios por los cuales se distribuye la competencia toman en cuenta el tipo de delito, la persona que ha sido procesada y el territorio en el cual se cometió el delito.

Los tribunales y juzgados del país están organizados precisamente por reglas de competencia territorial. En el primer nivel se han establecido los juzgados municipales, que tienen competencia específicamente para conocer los asuntos ocurridos dentro de ese municipio, o por personas residentes en dicho municipio.

En el segundo nivel están los jueces de circuito que conocen de los casos pertinentes a varios municipios o a toda una provincia. En el tercer nivel existen los tribunales superiores, que tienen competencia en lo que se denomina un distrito judicial, que usualmente es el territorio comprendido por dos o más provincias, incluyendo a las comarcas indígenas. Finalmente, en el cuarto nivel, la Corte Suprema de Justicia y sus salas tienen competencia nacional.

Cuando la Contraloría General de la República entregó los 186 informes de auditorías relacionados al uso de partidas presupuestarias a través de juntas comunales de todo el país, presuntamente en beneficio de las campañas y actividades de decenas de funcionarios electos y candidatos a puestos de elección, se generaron posibles indicios graves de la comisión de delitos de peculado, blanqueo de capitales y falsificación de documentos públicos, entre otros. Todo esto amerita reiniciar las sumarias que fueron suspendidas en el año 2015.

El juez quinto del Primer Circuito Judicial del Primer Distrito Judicial, Enrique Paniza, ordenó la reapertura del caso. Este juez solo lo pudo hacer para aquellas juntas comunales que conforman su circuito judicial. Los casos de las restantes juntas comunales tendrán que ser abiertos en los respectivos distritos judiciales donde estén ubicadas dichas juntas comunales.

La estrategia que debe seguir el Ministerio Público es la de comisionar fiscales en las distintas provincias y circuitos judiciales para llevar adelante los casos. Aquí se evidencia la debilidad institucional de la judicialización de la lucha contra la corrupción de alto perfil y los delitos financieros, ya que se debió crear un tribunal con jurisdicción nacional para estos delitos, debido a que esto favorece la economía procesal, homologa la calidad de las actuaciones judiciales y favorece la participación pública. Para periodistas, defensores de los intereses públicos y a la ciudadanía en general se le hará sumamente difícil darle seguimiento a una causa penal en múltiples provincias, que en muchas ocasiones tendrá los mismos participantes, en particular personas vinculadas a la actividad política partidista en medio del proceso electoral.

En otras palabras, este proceso seguirá las reglas del sistema inquisitivo mixto. Esto significa que estamos ante un panorama de un litigio complejo y prolongado. La gran ventaja con la que cuenta el Ministerio Público es que ahora existen los acuerdos de colaboración eficaz, que seguramente facilitarán el trabajo de llevar a la justicia a los corruptos.

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