FONDOS PÚBLICOS

Piden a Contraloría revisión rigurosa del contrato para cámaras en la Asamblea Nacional

Representantes de la sociedad civil calificaron de ‘exagerado’ e ‘injustificable’ el gasto de más de medio millón de dólares en que incurrirá el Legislativo para instalar 90 cámaras de vigilancia.

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El proyecto se denomina ‘Adecuación e integración del sistema de video vigilancia en el edificio nuevo de la Asamblea Nacional’. Consiste en la instalación de 90 nuevas cámaras. Se sumarán a las 62 que ya existen en el edificio. El proyecto se denomina ‘Adecuación e integración del sistema de video vigilancia en el edificio nuevo de la Asamblea Nacional’. Consiste en la instalación de 90 nuevas cámaras. Se sumarán a las 62 que ya existen en el edificio.
El proyecto se denomina ‘Adecuación e integración del sistema de video vigilancia en el edificio nuevo de la Asamblea Nacional’. Consiste en la instalación de 90 nuevas cámaras. Se sumarán a las 62 que ya existen en el edificio. Archivo

Representantes de la sociedad civil organizada calificaron de “exagerado” e “injustificable” el monto del contrato por $518 mil adjudicado a la empresa Ultra Tech Inc. para instalar un sistema de seguridad en la Asamblea Nacional, al tiempo que diputados -de gobierno y de oposición- aseguraron que desconocían sobre la compra de 90 cámaras de vigilancia.

Gabriel Tribaldos, del Movimiento Independiente (Movin), consideró que la facilidad con que el Estado, a través de sus órganos e instituciones, compra bienes o adquiere servicios, “deja mucho que desear y una gran estela de actos de corrupción a lo largo de los años”. La AN “no nos deja de sorprender con la creatividad con la cual gastan el dinero público”, afirmó.

“Exigimos que ese gasto sea revisado con el más riguroso escrutinio posible”, señaló Tribaldos.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, aseguró que “no se justifica” un gasto de más de medio millón de dólares para 90 cámaras de vigilancia.

Ese gasto, agregó, debe ser invertido en proyectos para la seguridad ciudadana, que reclama mayor atención.

“Los diputados ya están resguardados en un edificio que tiene los controles de acceso necesarios. Este gasto lo único que refleja es el distanciamiento que tienen los diputados con las necesidades de los ciudadanos”, planteó Lee.

Lorena González, de Grupo Iniciativa Por la Paridad, afirmó que “la Contraloría deberá revisar si el contrato cumple con la exigencia de la ley, puesto que también tiene funciones de fiscalización”.

Desconocen gastos

El diputado panameñista José Antonio Domínguez dijo que no sabía nada sobre el tema, y recordó que el nuevo edificio del Legislativo -que fue inaugurado en 2014- tiene un sistema de seguridad que debió haber sido entregado en funcionamiento.

Según Domínguez, el edificio de la AN tiene otras deficiencias que requieren más atención.

El edificio nuevo, que alberga las oficinas de los 71 diputados, costó $29 millones y, tras su entrega, ha sido sometido a varias reparaciones, algunas de ellas por filtraciones y desperfectos en el sistema de acondicionadores de aire.

Domínguez apuntó que las cámaras solo sirven para identificar a quienes cometan los incidentes, y solo si están bien ubicadas y ajustadas. Advirtió que no sirven para prevenir los atentados ni incidentes.

“La contraloría deberá revisar si el contrato cumple con la exigencia de la ley, puesto que también tiene funciones de fiscalización”.

Lorena González, Iniciativa Por la Paridad.

El diputado de Cambio Democrático Rony Araúz manifestó: “la verdad no tengo la mínima idea sobre lo que compran o no en la Asamblea”.

Su copartidario, el diputado Raúl Hernández, indicó que “así como la Contraloría puso a marcar digitalmente a los funcionarios, a lo mejor también quieren ahora verlos”.

La presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, y el vicepresidente, Leandro Ávila, no respondieron a los chats y llamadas realizadas para que explicaran este gasto.

Anomalías

Ultra Tech Inc. S.A. se adjudicó el contrato, pese a que la sociedad no presentó el formulario de acciones nominativas al momento de presentar su propuesta, como lo estipula la ley de contrataciones públicas para las licitaciones con monto superior al medio millón de dólares.

Así quedó señalado en el acto de recepción y apertura de propuestas para la licitación, efectuado el 21 de diciembre de 2018.

Movi Alarm fue la otra empresa que participó del acto público.

La comisión evaluadora dejó constancia de que Ultra Tech Inc. subsanó la presentación del citado documento.

El contrato todavía debe ser refrendado por el contralor Federico Humbert.

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