AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA

Piden juicio para Suárez, Ford y los hermanos Ochy

La fiscalía concluyó la investigación por presunto peculado en el ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera, que estuvo a cargo de TCT.

Solicitó que se abra causa criminal a 11 personas, incluyendo a los extitulares del Ministerio de Obras Públicas Federico Suárez y Jaime Ford.

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Tanto la Contraloría como el MOP señalaron en sus informes que el intercambiador de El Tecal no cumple con las especificaciones del contrato. Tanto la Contraloría como el MOP señalaron en sus informes que el intercambiador de El Tecal no cumple con las especificaciones del contrato.
Tanto la Contraloría como el MOP señalaron en sus informes que el intercambiador de El Tecal no cumple con las especificaciones del contrato. Archivo

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga pidió al Juzgado Decimoquinto Penal llamar a juicio a los exministros de Obras Públicas Federico Suárez y Jaime Ford, así como a los hermanos David y Daniel Ochy Diez, representantes de la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT).

La solicitud de la fiscalía surge tras la culminación de la investigación por posible peculado en el ensanche y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera, que estuvo a cargo de TCT en el gobierno pasado.

Además, la fiscalía pidió al juez Leslie Loaiza que abra causa criminal a siete exfuncionarios del MOP y de la Contraloría General de la República.

La Contraloría calculó en $7.9 millones la posible lesión patrimonial al Estado en los pagos efectuados por el MOP a TCT por la obra, que fue licitada en $152.6 millones y culminó con un costo de $161.8 millones.

Suárez y Ford tienen impedimento de salida del país; Daniel Ochy está detenido y su hermano no ha comparecido al proceso.

Termina pesquisa sobre ensanche de autopista

Fue el diputado panameñista José Antonio Domínguez quien, en 2014, recibió una denuncia de un entonces funcionario del Ministerio de Obras Públicas (MOP) sobre posibles irregularidades en el precio de la licitación para la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, que estuvo a cargo de la empresa Transcaribe Traiding S.A., (TCT) en el gobierno pasado.

Según el diputado, el funcionario le confesó que fue obligado a cambiar el precio del presupuesto que había estimado para la obra, lo cual ocurrió –según dijo– cuando la cartera del MOP estaba a cargo de Federico Pepe Suárez.

Domínguez, entonces presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, nombró en 2015 una subcomisión para investigar las posibles irregularidades.

Más tarde, la subcomisión concluyó que hubo un posible sobreprecio de $60 millones en la ampliación y anomalías en la obra.

El informe fue entregado al titular del MOP, Ramón Arosemena, quien prometió investigar las anomalías, pero no lo hizo.

“Se presentó el informe al ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, para que presentara la denuncia al Ministerio Público; sin embargo, se negó a presentarla, por lo cual el abogado Francisco Zappi interpuso la querella que dio inicio a la investigación”, dijo Domínguez en aquel momento.

Ante las críticas de Domínguez por su demora en interponer la denuncia, el ministro Arosemena le respondió en aquella fecha que había cooperado con todos los documentos requeridos por la fiscalía, entre ellos, un informe de auditoría y de anomalías detectadas en el ensanche de la vía.

No fue sino hasta el 18 de agosto de 2017 cuando la Contraloría General de la República calculó –en un informe de auditoría– que hubo una posible lesión patrimonial al Estado de $7 millones 914 mil 068 con 72 centésimos, por los pagos efectuados a TCT.

Según el informe, la lesión se originó porque se ejecutaron y pagaron trabajos que no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del contrato.

Irregularidades

La obra fue adjudicada a TCT por $152.6 millones, pero tras varias adendas introducidas durante la gestión de Jaime Ford al frente del MOP, entre 2012 y 2014, el costo total sumó $161.8 millones.

Las pesquisas de la fiscalía –basadas en un informe de auditoría del MOP– señalan que entre los incumplimientos de TCT en la obra figuran el cambio del sistema rubblizing; los intercambiadores de El Tecal y Vacamonte; ausencia de área de descansos para equipos pesados; falta de luminarias y de una estación de pesas y dimensiones.

En cuanto al intercambiador de El Tecal-Vacamonte, el informe del MOP –citado por la fiscalía– indica que su costo original fue calculado en $4.7 millones e incluía vigas tensadas por cuatro tréboles (orejas) y cuatro rampas; no obstante, su precio fue aumentado mediante la adenda No. 4 a $9.4 millones, “a pesar de que eliminaron varias actividades en su construcción”, es decir, “que no fue ejecutado por el contratista, toda vez que se hizo de manera diferente a lo que se reflejaba en el contrato”.

La fiscalía resaltó que la tecnología denominada rubblizing no debió aplicarse en el ensanche, debido a que más del 80% de las losas estaban en buen estado. El rubblizing consiste en la trituración del pavimento en el caso de que las losas estén en malas condiciones.

Vista fiscal

En 2016 y 2017, el Juzgado Decimoquinto Penal concedió prórrogas de 4 y 10 meses a la fiscalía para concluir el caso. Fue así como esta semana remitió al juzgado la vista fiscal del proceso, en la que solicitó el llamamiento a juicio de los extitulares del MOP Federico Suárez y Jaime Ford, así como de los empresarios Daniel y David Ochy Diez, representantes de la empresa TCT, por la supuesta comisión del delito de peculado.

La fiscalía también pidió que se abra causa criminal a siete exfuncionarios de la Contraloría y del MOP.

Suárez y Ford fueron detenidos provisionalmente por orden de la fiscalía el 4 de julio de 2017 y el 22 de agosto de ese año, respectivamente; y luego consignaron fianzas de $500 mil cada uno, concedidas por el juez Leslie Loaiza, quien en reemplazo les impuso medida de impedimento de salida del país.

Mientras, Daniel Ochy está detenido como parte de la investigación desde el 22 de junio de 2017 por orden de la fiscalía. En enero de 2018, el Segundo Tribunal Superior revocó un fallo del juez Loaiza y le concedió una fianza de excarcelación de $5 millones que todavía no ha consignado.

Su hermano, David Ochy, no ha comparecido al proceso, a pesar de los llamados de la fiscalía para que rinda declaración indagatoria.

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