BLOQUEO A CORPORACIÓN LA PRENSA

Piden anular acción judicial en caso TCT

Abogados de Corprensa presentaron un incidente de nulidad ante el Juzgado Segundo Municipal contra la decisión de la personería.
PROTESTAS. Por el bloqueo de TCT a Corprensa se abrió un expediente penal desde el 10 de agosto pasado. LA PRENSA/Archivo PROTESTAS. Por el bloqueo de TCT a Corprensa se abrió un expediente penal desde el 10 de agosto pasado. LA PRENSA/Archivo
PROTESTAS. Por el bloqueo de TCT a Corprensa se abrió un expediente penal desde el 10 de agosto pasado. LA PRENSA/Archivo

La decisión de la Personería Cuarta Municipal de Panamá de sobreseer de manera definitiva, en febrero pasado, a los investigados por el bloqueo a las instalaciones de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) en agosto de 2012, efectuado por trabajadores de la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT), fue demandada por los abogados de esta corporación periodística.

La firma Mejía & Asociados, apoderada legal de Corprensa, presentó el pasado 6 de marzo un incidente de nulidad ante el juez segundo municipal penal, Leslie Loaiza, aduciendo que la personera Maribel Concepción incurrió en una serie de violaciones relacionadas con los artículos 1950 y 2294 del Código Judicial.

Se menciona, por ejemplo, que el artículo 1950 de ese código establece causales de nulidad, sustentadas en la posible infracción de garantías penales como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y del debido proceso legal, entre otras.

Advierten los denunciantes que la personera Concepción vició de nulidad este expediente al no notificar a tiempo a la firma Mejía & Asociados de la resolución en la que negaba la orden de indagatoria a David Ochy, representante legal de TCT, y a seis empleados de esta empresa por su vinculación con los actos de protesta.

Explican los demandantes que esta resolución fue emitida el 26 de febrero del año en curso y que dos días después, es decir el 28 de febrero, la personera redactó una notificación de su decisión, cuya nota llegó el 6 de marzo pasado a las oficinas de Mejía & Asociados.

Añaden que la personera Concepción remitió, el mismo 28 de febrero, su vista fiscal al Juzgado Municipal pidiendo un sobreseimiento definitivo de este caso.

La personería, con esta acción, violó el numeral 1 del artículo 2299 del Código Judicial, que establece que en la instrucción sumarial se debe notificar personalmente al querellante de las resoluciones que dicte el funcionario de instrucción, recalcan los apoderados legales de Corprensa.

También sostienen que con el apresuramiento de la personera de remitir su vista fiscal del caso, violó la tutela judicial y las garantías constitucionales del debido proceso, porque impidió la presentación de un incidente de controversia contra la decisión de no formularles cargos a Ochy y a los demás vinculados en este caso.

Este proceso fue abierto por el exprocurador José Ayú Prado el 10 de agosto de 2012 por delitos contra la libertad de reunión y de prensa, y en enero pasado lo remitió a la personería municipal.

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