proyecto de LEY DE CARRERA JUDICIAL

Piden jueces imparciales

La sociedad civil organizada exige una ley que adopte un sistema basado en méritos, puntaje e idoneidad.

La elección del método de discusión del articulado del proyecto de ley 44 sobre la carrera judicial fue la primera decisión tomada en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Se acordó que el sistema de aprobación será por bloque de artículos.

En la jornada participaron líderes de la sociedad civil organizada y dirigentes de gremios de jueces y abogados. Magaly Castillo, directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, indicó que al menos tres veces se ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la falta de una ley que dé paso a un sistema basado en méritos, puntaje e idoneidad para nombrar a los jueces. Esta carencia afecta “la independencia de jueces y magistrados”, cuestionó Castillo.

Afirmó que en la última visita de su organización a la CIDH, hace dos meses, el comisionado de independencia judicial para América Central cuestionó a Panamá por no tener una carrera judicial.

Castillo señaló que en 2009 se intentó dar curso a un proyecto similar que solo fue aprobado en primer debate pese a que resultó del consenso de cuatro mesas de trabajo. Esta vieja promesa del Pacto de Estado por la Justicia, firmado en 2005 como consenso sobre las salidas a la crisis de la justicia, “quedó engavetada”, dijo.

Recalcó que el régimen de carrera judicial actual es vulnerable a los vaivenes políticos que afectan el proceso de selección de los funcionarios por “influencia de la autoridad nominadora”.

De convertirse en ley, el proyecto actual crearía el consejo de administración de la carrera judicial, instancia técnica que entre sus funciones designaría a los evaluadores de los concursos de personal del Órgano Judicial. También se regularían las auditorías judiciales, la conducta ética de los funcionarios y los conflictos de interés de los juzgadores. Además, se incorporaría la figura del amparo a la independencia judicial, para proteger a magistrados y jueces que se consideren perturbados por poderes externos al emitir un fallo.

El primer debate del proyecto se retomará el próximo martes 7 de octubre.

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