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Piso y Techo

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Rafael Guardia Jaén, Yasmina Pimentel y Adolfo De Obarrio.  Rafael Guardia Jaén,  Yasmina Pimentel y  Adolfo De Obarrio.
Rafael Guardia Jaén, Yasmina Pimentel y Adolfo De Obarrio. LA PRENSA/Archivo

Pese a que han transcurrido 34 meses desde que el Ministerio Público inició la investigación por la adjudicación de contratos a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) para el programa Piso y Techo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), todavía no se ha celebrado ninguna audiencia como parte del proceso.

El Juzgado Décimo Quinto de circuito penal, a cargo de Leslie Loaiza, tiene pendiente fijar la fecha de audiencia preliminar.

Además, han pasado siete meses desde que la vista fiscal fue remitida al Órgano Judicial, según consta en un monitoreo de denuncias por supuestos hechos de corrupción efectuado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, y la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

La investigación de este caso es seguida, además, por el fiscal Javier Mitre Burgos, de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, y se centra en la presunta comisión de delitos contra la administración, específicamente peculado.

LAS ANOMALÍAS

El programa Piso y Techo, llevado a cabo en la administración pasada, dejó un posible perjuicio al Estado de, al menos, $1.5 millones.

De acuerdo a una pesquisa de la Fiscalía de Cuentas, la investigación se inició luego de que una auditoría de la Contraloría General de la República, enviada a dicha entidad, detectó posibles irregularidades en el manejo de los fondos públicos.

Según la Fiscalía de Cuentas, de 97 órdenes de compras emitidas en el PAN por $13.5 millones para adquirir materiales de construcción y servicio de transporte, en tres de ellas, por un monto de $420 mil 213, no se registró evidencia de su entrega ni en el Miviot ni en el PAN.

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También señala que en 24 órdenes de compras por $1.1 millones, formuladas para el servicio de transporte de los materiales, se determinó que el servicio no fue prestado, y además se registró un faltante de $35 mil 523, según certificó la Contraloría.

La investigación dejó al descubierto que funcionarios del Miviot y del PAN supuestamente sabían que las empresas beneficiadas con contratos no tendrían experiencia para desarrollar estos trabajos.

Esto fue consagrado en la referida vista fiscal, en la que se pidió juicio para el ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, Adolfo Chichi De Obarrio; la exministra de Vivienda Yasmina Pimentel; el comerciante Juan Carlos Marciaga y otras ocho personas.

De Obarrio, quien está prófugo, habría permitido la malversación de fondos públicos al ordenar la adjudicación de compras a empresas de Juan Carlos Marciaga, que, de acuerdo con la Contraloría, no tenían experiencia en asuntos de transporte, servicio para el que fueron contratadas.

Y es que, según la vista fiscal, las compañías de Marciaga fueron beneficiadas con los contratos del PAN “por instrucciones precisas” de De Obarrio.

En la vista fiscal se destaca, además, que la mercancía por la que se pagó no fue entregada a los beneficiarios del programa.

Entre las empresas están Orofil, S.A., Tumark Company, S.A., Grupo HR&R, S.A., Mister Rooster Corporation, S.A., Inversiones J.B.K., S.A., Econobásicos Internacional, S.A., Panamá Group Siulang Inc., Red Holding International, S.A. e Inversiones Rodadero, S.A.

Nadie detenido por este caso

Un total de 19 personas fueron señaladas como parte de la investigación al programa Piso y Techo.

Algunas de estas fueron: Rafael Guardia Jaén, exjefe del PAN; Marcos López, exfuncionario del Miviot; Yasmina Pimentel, exministra de Vivienda; y el
comerciante Juan Carlos Marciaga.

Guardia Jaén estuvo detenido durante 32 meses. En julio pasado, el Segundo Tribunal Superior Penal confirmó la sustitución de esa medida por una de arresto domiciliario.

Como parte de este proceso, Marciaga y López también permanecen en arresto domiciliario.

El pasado mes de agosto, el Órgano Judicial negó un amparo de garantías a Pimentel, que pretendía dejar sin efecto el aumento de la fianza que se le
impuso.

El Juzgado Decimoquinto Penal le había otorgado una fianza de $100 mil, pero la fiscalía apeló y la cuantía fue aumentada a $700 mil.

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