PROPIEDADES ESTATALES

Pocas fincas en área revertida

Datos del MEF precisan que 3% de todas las hectáreas que fueron revertidas a Panamá en 1999 está disponible para su desarrollo.

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Según el informe, quedan 4 mil 409 hectáreas de las antiguas áreas revertidas para subastas, arrendamientos o cualquier tipo de uso de acuerdo a su disposición. Según el informe, quedan 4 mil 409 hectáreas de las antiguas áreas revertidas para subastas, arrendamientos o cualquier tipo de uso de acuerdo a su disposición.
Según el informe, quedan 4 mil 409 hectáreas de las antiguas áreas revertidas para subastas, arrendamientos o cualquier tipo de uso de acuerdo a su disposición. LA PRENSA/Archivo

De las miles de hectáreas devueltas por Estados Unidos a Panamá en 1999, pocas son las que quedan disponibles para su desarrollo.

Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suministrado a este medio revela que, de las 137 mil 127 hectáreas que fueron traspasadas al Estado, unas 43 mil 681.74 estaban dentro de espacios acuáticos y 93 mil 446 eran terrestres.

El documento detalla que de esas 93 mil 446 hectáreas terrestres, 60 mil 615 (65%) fueron destinadas a protección ambiental (Parque Camino de Cruces, áreas silvestres protegidas, boscosas, verdes urbanas, para reforestación y otros usos similares).

Otras 13 mil 546 hectáreas fueron dispuestas para desarrollo y a las restantes 19 mil 285 hectáreas se les asignó otro uso.

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Pocas fincas en área revertida

De las 13 mil 546 hectáreas para desarrollo, cerca de 9 mil 137 fueron vendidas, asignadas, arrendadas, concesionadas o están dispuestas de alguna manera.

Según el informe, quedan 4 mil 409 hectáreas de las antiguas áreas revertidas para subastas, arrendamientos o cualquier tipo de uso de acuerdo a su disposición.

Datos de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), adscrita al MEF y encargada de la administración de estas propiedades, dan cuenta que desde 2014 hasta el pasado mes de mayo se habían aportado al Tesoro Nacional unos $150 millones como parte de la gestión de esas tierras.

Luis Felipe Icaza, secretario ejecutivo de la UABR, informó que elaboran un plan que contempla la modernización de la UABR.

Puntualizó que también pretenden impulsar algunas iniciativas en la institución, como la reactivación de las subastas, el proyecto “Primera opción de compras” para arrendatarios con un mínimo de cinco años ocupando el bien, así como la disminución de la cartera morosa.

LA POLÉMICA

Durante los últimos años se ha generado un debate entre los vecinos de las comunidades que forman parte de las áreas revertidas y el sector empresarial, que ha mostrado interés por hacerse con estas propiedades.

Nicolás Ardito Barletta, exadministrador de la extinta Autoridad de la Región Interoceánica (1995-2000), opinó que cada una de las tierras que están dentro de esta zona tiene su uso perfectamente definido, lo que implica que no debe haber ningún inconveniente para su correcto desarrollo.

Recordó que mediante la Ley 21 del 7 de julio de 1997 se adoptó el Plan Regional y el Plan General de uso de suelo, así como el proceso para la conservación y desarrollo del área del Canal.

Desde su punto de vista, las áreas disponibles deben ser promocionadas por la UABR para atraer al sector privado y que sea este el que las desarrolle, para que sean incorporadas al concepto de ciudad.

Por su lado, Aida Torres, coordinadora de la Asociación de Comunidades del Área del Canal de Panamá, calificó como lamentable que no se brinde buen uso a estas propiedades estatales.

A su juicio, las áreas revertidas “se han convertido en una zona de los grupos de poder económico, que han alejado al ciudadano común de la zona”.

A su vez, señaló que muchas de estas propiedades evidencian las consecuencias de la falta de mantenimiento y se debaten entre el abandono o su desaparición. Mencionó, por ejemplo, el Instituto Bolívar, el cementerio de Corozal y sitios militares que datan de la Segunda Guerra Mundial.

Para Torres, los espacios de terrenos que aún están sin utilizarse deben tener un uso “social”, para que se puedan establecer centros de salud, escuelas y plazas públicas.

Frente a la polémica, Manuel Trute, jefe de la Dirección de Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá, señaló que existe una tercera posición y es que se revisen algunos aspectos relacionados con las normas que regulan esa área.

Para el especialistas en temas urbanos, lo más sensato es que se abra un proceso de discusión para revisar de forma integral la ley. En ese sentido, subrayó que se pueden recibir las propuestas de todos los sectores y llegar a consensos que garanticen el adecuado uso de las áreas.

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