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adolescentes infractores

Pocos avances en centros de custodia de menores

Los centros de custodia y cumplimiento de menores de edad tienen una población de 393, de los cuales 135 (35%) ya ha cumplido la mayoría de edad.

El robo y el homicidio son los principales delitos que cometen los menores de edad y por los cuales permanecen en los centros de custodia y cumplimiento.

Estadísticas del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno dan cuenta de ello. Además, detallan que las edades de los adolescentes y jóvenes en custodia y cumplimiento oscilan entre los 14 y los 23 años de edad.

Los datos señalan que en 2011 había 393 adolescentes en centros de custodia y cumplimiento de los cuales 196 habían cometido robos y 113, homicidio. Eso representa el 78.6% de los casos cometidos.

El resto de los chicos (84) estaba por casos como posesión de armas (50), violación (12), drogas (9) y otros delitos (13).

En el país hay seis centros de custodia de menores y el 55% de su población se encuentra en régimen de custodia y el 45%, en cumplimiento. 258 (65%) de ellos son menores de edad.

Para instituciones como la Defensoría del Pueblo o el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), estas cifras preocupan, sobre todo cuando ha quedado en evidencia que en los centros de cumplimiento y custodia para menores de edad se violan los derechos humanos.

Informes de campo realizados por la Defensoría del Pueblo denuncian lo anterior. Lo más lamentable, según esta entidad, es que se ha avanzado muy poco luego de los hechos ocurridos en enero del año pasado, en los que murieron a consecuencia de graves quemaduras varios menores de edad en el Centro de Cumplimiento Arco Iris, en Tocumen.

Giselle Gómez Miller, encargada de la Unidad de Niñez y Adolescencia, dijo que han comprobado a través de denuncias que algunos de estos centros de custodia no cuentan con baños, agua potable y medidas de salubridad mínima para los adolescentes.

La Defensoría visita estos centros cada tres meses y ha levantado informes en los que señala que algunos lugares de cumplimiento como el de Colón y Chiriquí son “inhabitables”.

“Se están violando derechos humanos de los menores de edad. Nos ha tocado ver las malas condiciones en las que tienen a los menores de edad”, agregó Gómez.

Una de las recomendaciones, conforme a Gómez, es la creación de un plan de estudio para que esos jóvenes en riesgo puedan finalizar su proceso de aprendizaje y puedan estar ocupados durante el rato libre. Registros de la Defensoría resaltan que los menores de edad que están en centros de cumplimiento o custodia, en su mayoría, no pasan del octavo grado de educación.

Pero no solo la Defensoría ha lanzado la voz de alerta en este tema. Unicef presentó un informe, hace poco, sobre el adolescente urbano en el que criticó la forma en que se trataba a este sector de la población, sobre todo aquellos que tienen conflictos con la justicia.

En referencia a ello, Unicef recomendó al Estado buscar la reactivación efectiva de los adolescentes que tienen una historia previa de conflictos con la justicia. También sostuvo que se requiere de una oferta diversificada de programas que aseguren sus oportunidades para educarse y así reintegrarse a la sociedad.

ADMITEN fallas

Marilyn Vallarino, presidente de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, cree que debe haber mejoras a la legislación panameña, de manera que se puedan garantizar condiciones óptimas de los adolescentes en los centros de cumplimiento.

“Lo que pasa es que aquí no se le da la debida atención e importancia a las leyes que buscan el beneficio de la niñez, la mujer, la familia y los adolescentes”, agregó la también diputada del partido Cambio Democrático.

Desde el Gobierno reconocen que se deben mejorar algunos aspectos. Gloria Lozano de Díaz, directora de la Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y Familia, admitió que hay que cambiar algunas situaciones sobre todo en infraestructuras y salubridad, para garantizar los derechos humanos de estos chicos. Además, cree que otros de los objetivos deben ser los programas de resocialización.

En el Ministerio de Gobierno destaca que en 2011 tuvieron que invertir casi $300 mil en los daños que le ocasionaron los menores de edad al Centro de Arco Iris en Tocumen, por los enfrentamientos entre bandas rivales.

Para este nuevo año, la continuidad de los proyectos se llevará a cabo mediante una inversión de $4 millones. Eso incluye programas de educación, salud y construcción de infraestructura.

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