DESARROLLO URBANO

Polémica por edificio en Paitilla

La construcción del edificio Sea Point, a orillas de la bahía de Panamá en Paitilla, ha provocado que los moradores reclamen la suspensión de la obra.

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Residentes de Paitilla se quejan de los permisos de construcción otorgados para la zona sin ningún tipo de planificación urbana. Residentes de Paitilla se quejan de los permisos de construcción otorgados para la zona sin ningún tipo de planificación urbana.
Residentes de Paitilla se quejan de los permisos de construcción otorgados para la zona sin ningún tipo de planificación urbana. LA PRENSA/Alexander Arosemena

Residentes de Paitilla, en el corregimiento de San Francisco, están a la expectativa ante la posible suspensión del proyecto Sea Point.

Esto, luego de que el Juzgado Tercero de Circuito Civil de Panamá admitiera un amparo de garantías presentado contra el permiso de construcción que otorgó a esa obra la Dirección de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá.

El recurso legal data de hace dos meses y fue impulsado por el abogado Harley Mitchell hijo, en representación de los residentes, quienes consideran que la edificación “se apropia ilegalmente del espacio marino”.

Mitchell recordó que desde el año 2015, cuando se inició la construcción de esta obra, realizan esfuerzos para que las autoridades de la Dirección de Obras y Construcciones y el Ministerio de Ambiente actúen de forma “correcta”, pero no han obtenido resultados “positivos”.

De hecho, explicó que eso los motivó a presentar este nuevo recurso. “La admisión de este amparo es una reivindicación al derecho constitucional panameño”, puntualizó Mitchell.

El jurista sostuvo que en el artículo 258 de la Constitución se establece que la ribera de playa “no es adjudicable”. Además, planteó que la admisión del amparo de garantías genera la suspensión inmediata de la construcción del Sea Point.

NOTIFICACIÓN

Tras la admisión del proceso por parte del Juzgado Tercero, el día de ayer se notificó al director de Obras y Construcciones del Municipio, Antonio Docabo.

Precisamente, el tribunal solicitó al funcionario la actuación relacionada con el permiso de construcción objeto del amparo de garantías en un tiempo no mayor de dos horas.

En ese sentido, Docabo admitió que fue notificado del proceso y que, en atención a lo solicitado por el juzgado, se habían enviado las copias autenticadas de la información requerida.

Consultado si la edificación del Sea Point se suspendería, subrayó que esa es una decisión que corresponde a la instancia judicial, sin embargo, agregó que un equipo de la Secretaría Técnica Legal del Municipio está evaluando qué otras implicaciones genera este proceso.

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Polémica por obra en Paitilla

EXIGEN SUSPENSIÓN

El Sea Point se está construyendo a la altura de la calle Heliodoro Patiño y consiste en la edificación de 3 torres de 30 plantas y 108 apartamentos, así como área social, gimnasio, piscina, entre otras facilidades.

Para Darío Vásquez Wolff, uno de los voceros de los vecinos de Paitilla, la edificación está rodeada de “anomalías”, entre ellas: un estudio de impacto ambiental “falseado” y la “apropiación” de la ribera de mar.

Desde su punto de vista, la construcción debe ser suspendida de manera inmediata y definitiva, toda vez que se han “violado” varias normas urbanas y también ambientales.

“Lo único que estamos exigiendo es que las autoridades hagan cumplir las leyes”, dijo el dirigente comunitario.

EMPRESA REACCIONA

Frente a los hechos, Luis Carlos Vidal, abogado de Desarrollo Bahía, la empresa responsable del proyecto, señaló que desconocía la causa legal que se está desarrollando en estos momentos.

“Yo soy el abogado de Sea Point y no me he enterado de ese amparo. No le puedo decir nada de lo que desconozco”, comentó Vidal.

No obstante, en declaraciones anteriores, el abogado de la promotora ha asegurado que la empresa ha cumplido de forma “correcta” con todos los procesos y requisitos exigidos por las autoridades para la ejecución de la obra.

Como parte de los reclamos de los vecinos de Paitilla, durante el año 2015, la Autoridad Marítima de Panamá realizó una medición en la zona de conflicto y certificó que el proyecto estaba dentro de sus límites de propiedad.

Los datos fueron ratificados por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras durante el año 2016. Sin embargo, los residentes rechazaron ambos informes técnicos.

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