CONTRATACIÓN PÚBLICA

Polémica por pago millonario

La empresa debía acondicionar y operar las cuatro plantas de asfalto y suministrar el material certificado, pero este último paso no se cumplió.

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Planta de asfalto en la vía Centenario, provincia de Panamá; una de las cuatro otorgadas en concesión a CCE-IBT. Planta de asfalto en la vía Centenario, provincia de Panamá; una de las cuatro otorgadas en concesión a CCE-IBT.
Planta de asfalto en la vía Centenario, provincia de Panamá; una de las cuatro otorgadas en concesión a CCE-IBT. Gabriel Rodríguez

Un estimado de $8 millones le representará al Estado la firma del mutuo acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el consorcio CCE-IBT, para terminar el contrato para el acondicionamiento y operación de las plantas de asfalto de la institución.

El consorcio CCE-IBT, conformado por las empresas Constructor, Consulting and Engineering (Panamá), e International Business and Trade LLC, firmó el contrato AL-1-81-10 con el MOP el pasado 14 de septiembre de 2010, por un monto de $31.6 millones, para el acondicionamiento de cuatro plantas de asfalto.

No obstante, en 2014, mediante la Resolución No. 019 con fecha de 10 de marzo, se pidió resolver administrativamente el contrato AL -1-81-10.  

Tras esta resolución surgieron diferencias, por lo que el consorcio interpuso una serie de recursos legales para exigir indemnizaciones cercanas a los $350 millones. Ante ello, el Consejo de Gabinete, el pasado 4 de diciembre, decidió aprobar un mutuo acuerdo y finiquitar el contrato.

Entre las principales causas para terminar el contrato están el incumplimiento de los plazos establecidos para la operación, funcionamiento y producción de la mezcla asfáltica con características “superpave” en las plantas de asfalto.

Las cuatro plantas se ubican en la vía Centenario, en la provincia de Panamá; Los Algarrobos, en Chiriquí; El Roble de Aguadulce, en Coclé y la planta de Vacamonte, en Panamá Oeste. 

Incluso, en 2012, el presidente de IBT Group, José Ramón Arosemena, declaró a este medio que, a pesar de que las plantas estaban listas, no habían despachado asfalto, cuya tonelada métrica sería vendida en $110.

MAL CONTRATO

El ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, manifestó que al consorcio CCE-IBT se le pagará por un contrato que no era beneficioso para el Estado.

Por el momento, informó que no se ha suscrito el mutuo acuerdo, por consiguiente, las plantas no han sido traspasadas a la entidad.

Expresó que las plantas están operativas y se ha extraído muestra del asfalto, que revela que produce buen material y que se capacita al personal técnico para operarlas.

Arosemena elevó a la Procuraduría de la Administración una consulta para que emita su opinión sobre el procedimiento de mutuo acuerdo con el consorcio.

DISCREPAN del PAGO

El expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos Nicolás Real considera que no se debe pagar los $8 millones a la empresa, cuando esta no despachó un metro cúbico de material.

De acuerdo con Real, las plantas no se arreglaron en su totalidad, sino que se llenaron de chatarra oxidada y no producían el asfalto necesario.

Según su criterio, “esto es una inmoralidad, porque ellos no cumplieron el contrato y ahora el ministro Arosemena quiere pagarle $8 millones”.

Real solicitó al MOP que investigue y divulgue las faltas al contrato que han dejado un mal sabor en la población panameña.

Por su parte, el exdirector de Mantenimiento del MOP Jorge Pitalúa destacó que durante su administración (2004-2009) se compraron dos plantas de asfalto, marca Terex, en El Roble y la vía Centenario.

Pitalúa detalló que solo la planta de asfalto de Centenario tenía una capacidad de entre 80 toneladas y 120 toneladas de asfalto por hora. El costo por equipo fue de $600 mil.

Recordó que las plantas de Las Garzas, Centenario, El Roble y Los Algarrobos fueron entregadas operativas a la siguiente administración del MOP.

Respecto al pago al consorcio CCE-IBT, Pitalúa manifestó que no tiene sentido indemnizar por algo que nunca cumplieron y no hubo despacho de asfalto para el Estado.

En tanto, el excontralor Carlos Vallarino explicó que sobre la base de un rescate administrativo se puede llegar a un acuerdo para finiquitar el contrato, mas no debe haber indemnización, porque esto solo lo ordena un tribunal superior.

Vallarino dijo que este contrato incluía un intermediario innecesario, lo que representaba un gran negociado que afectaba al Estado.

Para conocer su versión, este medio envió una solicitud al consorcio CCE-IBT sobre la administración de estas cuatro plantas de asfalto, sin embargo, al cierre de la edición no hubo una respuesta.

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